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Los que pagan el pato
Por Norberto H. García Rozada
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De origen remoto -tanto que se remonta a la España de los reyes católicos- el dicho popular "pagar el pato" es definido por los estudiosos de la lengua como el hecho de tener que cargar con culpas ajenas. ¡Y vaya si en los últimos tiempos los pacientes Pérez han debido pagarlas, de sobras y con intereses y costas!
Explotó -y no en sentido figurado- un importante componente del sistema metropolitano de distribución de energía eléctrica. Sin comerla ni beberla, porque tienen que abonar con rigurosa puntualidad ese imprescindible servicio, cientos de miles de Pérez se encontraron inopinadamente a oscuras y a secas, sin posibilidad de refrescarse, asearse, conservar vituallas perecederas y comunicarse.
Lo negativo es que aún hoy, cuando el tema ha dejado de ser notorio y sólo les preocupa a los ex perjudicados, ningún funcionario, organismo o empresa -por lo menos que se sepa- han tenido el coraje cívico de hacerse responsables de tan descomunal anomalía. Cruda demostración, por otra parte, de que la ciudad capital de los argentinos, la misma que se inunda apenas caen desde el cielo 20 milímetros de agua -ocurrió el viernes último-, está poco menos que inerme para enfrentar y remediar de inmediato las emergencias de cierta magnitud.
¡Total, si más tarde o más temprano los Pérez pagan el pato!, dirán, seguro, numerosos oficiantes de la más desprejuiciada indiferencia administrativa (por ejemplo, ese funcionario de rostro pétreo que en pleno apagón juzgó que los Pérez exageraban la nota porque "es un corte leve que afectó a mucha gente").
Otros patos
Y los Pérez seguirán pagando patos quién sabe hasta cuándo. Tienen las espaldas anchas y la paciencia larga. Entre otras cuestiones, para soportar los desaguisados a que están dando lugar las interesadas medias tintas con las cuales, en definitiva, fueron redactados los términos de la autonomía porteña. ¿Cuáles son los límites de las jurisdicciones federal y local en esta urbe que alberga ambas de buen grado y con orgullo? Al parecer, y según lo demuestran los hechos, las disposiciones constitucionales son interpretadas según el libre y oportunista albedrío de circunstanciales intereses políticos. Y defendidas, asimismo, al socaire de las conveniencias preelectorales.
Así, pues, la ciudad de Buenos Aires tiene prevista una traza para la autopista costera y el Poder Ejecutivo Nacional estaría trabajando en otro proyecto diferente, más de su agrado. Así, también, son, han sido o serán objetos de farragosos y dilatados debates el manejo del puerto de Buenos Aires, el destino de las playas ferroviarias desactivadas, el control de los servicios públicos, las ya casi olvidadas transferencias a la ciudad de los tribunales ordinarios y de los servicios metropolitanos de la Policía Federal, etcétera, etcétera.
Por las mismas razones, el decreto 150 del gobierno nacional vino a superponerse con las disposiciones del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires y a atizar la probabilidad de un embrollo normativo. Opinable, sin dudas -aunque no tanto como para merecer ciertos calificativos que no hablan en favor de quien los profiere- el código de marras es una de las expresiones concretas de la autonomía local; curiosamente, entre los redactores del decreto que aspira a suplantarlo o algo así se encuentra quien en la Convención Estatuyente porteña propugnó el principio de que "Buenos Aires es una ciudad autónoma y un Estado que, con las provincias, compone la Nación Argentina".
Tal como están las cosas, ninguna duda cabe de que los Pérez seguirán pagando el pato.
