Los recursos naturales son nuestros, pero la renta petrolera es ajena

El proyecto de ley del Gobierno sobre hidrocarburos tiende a consolidar un modelo centralista de la explotación de los mismos, convirtiendo a la Argentina en un sultanato manejado desde Buenos Aires.

La iniciativa desconoce el sentido de la Constitución Nacional que prevé en su artículo 124 que los recursos naturales son del dominio de las provincias, así como la ley 26197 de 2007, que reconoce y pone en marcha lo allí establecido. En concreto, este proyecto deja bien en claro y para siempre que la renta petrolera será del gobierno nacional.

El proyecto deja bien en claro que la renta petrolera será del gobierno nacional

Por otra parte, fija un límite a los ingresos de las provincias: máximo 3 por ciento en ingresos brutos, 12 por ciento en regalías, sellos solo para unos casos específicos, prohibición de reservar áreas y de asociarse con los inversores, salvo poniendo dinero como cualquier vecino. Además, limita poder cobrar en especie, en el caso que una provincia buscara mejor aprovechamiento de lo que se extrae, entre otros topes.

Esto indica que los inversores, al ingresar a un área provincial, tendrán un costo conocido, fijo y limitado. Lo que será variable, y que estará a cargo de la Nación, será el IVA, las retenciones, los impuestos a las ganancias y otros impuestos nacionales, donde, según el caso, se aplicará mayor o menor presión, quedándose con la parte del león, es decir, con la renta petrolera.

Los gobernadores, una vez más, fueron sometidos por el gobierno central y lo serán los legisladores nacionales. Las legislaturas provinciales, rechazando la adhesión, son el único freno a este intento antifederal.

Atrás de esta ley está el riesgo de que se consolide un nuevo modelo de endeudamiento del país

Paradójicamente, la iniciativa declama el deseo del abastecimiento de hidrocarburos que el propio Gobierno liquidó en la última década, con el desaliento a la inversión, a través del subsidio de la energía de las provincias hacia los consumidores de las grandes ciudades y de la desconfianza y avivada de los productores que prefieren extraer en la vecina Bolivia y vendernos a 10 dólares el millón de BTU antes que cobrar 2 dólares de este lado de la frontera.

Atrás de esta ley está el riesgo de que se consolide un nuevo modelo de endeudamiento del país, vía las inversiones que se deberá garantizar a los socios de YPF en contratos con cláusulas secretas como el de Chevron, el próximo con Petronas y los sucesivos.