Luces amarillas en el terreno energético

La noticia no llegó a los titulares de los diarios. Pero el miércoles último, cuando por una falla técnica salió de servicio la central nuclear de Atucha, funcionarios y empresarios corroboraron sus temores: la situación del sector energético es más precaria de lo que parece.

Si bien el inconveniente quedó en vías de ser subsanado, en el ínterin el sistema eléctrico debió acudir al gas natural como fuente alternativa, pero ahí algunos generadores se encontraron con otro problema. Pese a no ser una época de alta demanda, como en invierno, no había disponibilidad suficiente para abastecer las centrales de ciclo combinado. La oferta, finalmente, se atendió con fuentes hídricas y con combustibles líquidos que permitieron cubrir el bache sin afectar el suministro, aunque al costo de cargar más déficit al fondo de estabilización que compensa este tipo de variaciones.

Es cierto que Atucha significa un aporte de importancia para el sistema y que se trató de una falla que no ocurre todos los días. No obstante, el episodio volvió a encender luces amarillas sobre un escenario que desde hace algún tiempo desvela al Gobierno: cuanto más se afirme la recuperación de la economía, más problemas se avecinan para el normal suministro de gas y de electricidad.

La diferencia es que ya no se trata de un planteo teórico. Según datos oficiales, la actividad industrial se ubica, en promedio, a apenas 7% del nivel que exhibía en junio de 1998, antes que se desencadenara la profunda recesión que iba a extenderse nada menos que cuatro años. Y la crisis frenó las inversiones en el sector energético, primero por la caída de la demanda y luego por el congelamiento de tarifas que siguió a la maxidevaluación de comienzos de 2002 y que sólo hace un par de semanas empezó a ser flexibilizado parcialmente.

En realidad, la situación dista de ser imprevista. No es ningún secreto en el sector que el secretario de Energía, Daniel Cameron, -un hombre de bajo perfil que ya había acompañado a Néstor Kirchner durante su gestión como gobernador de Santa Cruz- venía alertando sobre el cuello de botella que podría significar un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda energética. Tampoco que eso le generó, en el pasado reciente, algunos circuitos con el ala política del gobierno, cuando hablar de tarifas (o, más precisamente, de recomposición de precios relativos) era mala palabra en los despachos oficiales. Un reciente estudio técnico de Cammesa, la compañía mixta que administra el mercado mayorista eléctrico, también advierte que en el próximo invierno podría haber cortes parciales si las disponibilidades hidroeléctricas no fueran buenas. En ese caso, como el suministro de gas está asegurado para consumo domiciliario y servicios esenciales, podría faltar para otros usos (generación eléctrica, industria y transporte). La situación podría ser más complicada en 2005 y 2006.

El costo político que se evitó en 2003 con las tarifas, en consecuencia, puede reaparecer este año con la indeseable combinación de precios más altos para un tercio de la demanda y la perspectiva de un servicio menos confiable.

Reservas en descenso

Aunque el Gobierno finalmente reaccionó a mediados de febrero, cuando subió los precios de gas y electricidad para consumidores industriales y comerciales, difícilmente la situación se pueda recomponer rápidamente. Al menos, sin seguir poniendo en riesgo el mediano y largo plazo.

Ocurre que, si bien la producción de gas natural en boca de pozo creció 10,5% en 2003, ese aumento se produjo a expensas de una reducción del horizonte de reservas. Hace 10 años, la Argentina tenía reservas para 25 años de consumo, relación que bajó a 18 años tras las privatizaciones de la década del 90, cuando los nuevos gasoductos produjeron un fuerte incremento de la demanda. Ahora las reservas sólo alcanzan para 13,5 años. El motivo es que la desactualización de precios frenó las inversiones en desarrollo y exploración de yacimientos gasíferos, al mismo tiempo que estimulaba fuertemente el consumo interno. Sin ir más lejos, la Argentina tiene hoy el parque automotor convertido a GNC más importante del mundo, con más de 1.200.000 vehículos.

Como no resulta aconsejable seguir consumiendo reservas de gas aumentando la oferta, lo más rápido que se puede hacer es desalentar la demanda vía precios.

Esta cuestión también estuvo presente en la mesa de discusión del Gobierno con las empresas productoras y refinadoras de petróleo. Allí todavía no pudo lograrse un entendimiento para mantener sin cambios los precios de las naftas y el gasoil, aunque difícilmente haya aumentos en marzo.

Esta semana las empresas tratarán de acordar una propuesta unificada. Quieren establecer un sendero escalonado de actualización de los valores del petróleo crudo a partir de abril o mayo, para que no se superponga con el anunciado incremento en el precio del GNC.

La situación en este terreno es más complicada de lo que parece, aunque claramente no ayuda la situación del mercado internacional. Cuando el sector acordó hace un año un precio de referencia de 28,5 dólares por barril, se creía que los valores iban a bajar abruptamente después de la invasión estadounidense a Irak. Ocurrió lo contrario y, como el petróleo hoy cotiza a 35,5 dólares, las refinadoras ya acumulan con las productoras una deuda superior a los 140 millones de dólares a una tasa de 7% anual. La propuesta de los petroleros, de elevar el piso a 30 dólares para achicar la diferencia, significaría ajustar los precios al público de las naftas y el gasoil entre 3 y 4%. El Gobierno se opone, aduciendo que en ese lapso también bajó 15% la cotización del dólar, que hace un año cotizaba a 3,40 pesos y ahora no llega a 2,95. En el medio también tallan las provincias productoras, que pierden casi 25% de regalías debido al acuerdo.

Además, la brecha entre el precio de los combustibles líquidos y el GNC provocó en los últimos años una caída de 50 por ciento en el consumo interno de naftas, según Tomás Hess, directivo de Esso. El ejecutivo asegura que los excedentes de producción no pueden ser exportados por las petroleras a países no limítrofes, debido a la incidencia de los fletes; y, recordando la convertibilidad, sostiene que si no hay una actualización oportuna de precios la salida puede ser traumática.

En el sector petrolero estiman que el precio al público del GNC debería pasar de 0,50 a 0,82 peso por metro cúbico si se busca equilibrar el mercado de combustibles; pero, en lo inmediato, ese ajuste de casi 65% le resulta políticamente intolerable al Gobierno, que ya ha anticipado un ajuste inferior a un tercio de esa cifra. No obstante, también debe definir el sendero de actualización de los precios del gas en boca de pozo para llegar, en un plazo de 18 a 36 meses, a un valor equivalente al 80% del que existía antes de la devaluación de comienzos de 2002 para que las empresas productoras aumenten sustancialmente sus inversiones y la disponibilidad de reservas.

Con tantas distorsiones acumuladas, queda cada vez más clara la vigencia de la antigua máxima: en economía siempre se pueden postergar decisiones; lo que no se puede es evitar el costo de no haber actuado en el momento oportuno.