Maniobras electorales en nombre de Nisman

Con la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman se desencadenó una de las crisis políticas más intensas de los últimos 30 años. Su muerte ha quedado inscripta en la conciencia popular como un crimen político asociado a la masacre impune de la AMIA, a la criminalidad del Estado y de sus servicios de inteligencia. Ésta es la esencia de la grave crisis política e institucional que envuelve al Gobierno, a la oposición y a los tres poderes del Estado.

¿Qué papel juegan el oficialismo, la oposición y las instituciones para superar esta crisis ante el repudio social generalizado? Tanto el Gobierno como la oposición, y hasta los fiscales, repiten que "hay que dejar actuar a la Justicia" y "preservar su independencia". Es hipócrita. Son los mismos que en los últimos años facilitaron o aceptaron las presiones de la ex SIDE sobre jueces y fiscales.

La única iniciativa del oficialismo para recuperarse del shock de la muerte del fiscal fue apurar una ley que, en nombre de "disolver" la Secretaría de Inteligencia, propone una reestructuración que agrava todos los problemas que dijo venir a resolver: recontrata a todos los espías para ponerlos bajo la dirección del general Milani; impide el acceso a la información secreta por los próximos 25 años, incluso para el juez que se atreva a pedirla, y facilita el manejo espurio de los fondos públicos para sus actividades delictivas. Es una ley que refuerza el secreto, viola la legislación interna y genera más impunidad. Una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman y sin esclarecer el atentado contra la AMIA.

El Gobierno aún no pudo definir qué quiere hacer con la fiscalía especial AMIA. ¿Acaso piensa reforzar la orientación anterior al Memorándum que exigen el Estado de Israel y las direcciones de la DAIA y la AMIA, contra Irán? ¿O está dispuesto el Gobierno a orientar la investigación hacia la acción criminal de los servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en aquél? Incapaz de resolver esta tensión, ni siquiera puede decidir quién va a dirigir esa Unidad Fiscal y hacia dónde.

Por su parte, la oposición no consigue diferenciarse del Gobierno, con el agravante de que varios de los opositores de hoy, como Alberto Fernández, Sergio Massa, el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la acusación internacional. Aun cuando parecen oponerse a la nueva ley de inteligencia, no formulan ninguna propuesta sobre el tema.

Cuando el Gobierno y la oposición reconocen la dependencia de jueces y fiscales respecto de los servicios de inteligencia, el reclamo que hacen de "dejar actuar a la Justicia" propone mantener el aparato del Poder Judicial tal como está, corrupto hasta la médula e inficionado por los servicios de inteligencia. Si hasta los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, en el fallo de inconstitucionalidad del Memorándum, reconocieron la incapacidad del Poder Judicial para esclarecer el atentado. El resultado son 21 años de impunidad y encubrimiento en el atentado contra la AMIA.

Hay quienes alentados por las direcciones de la DAIA y la AMIA promueven la derogación del Memorándum y reclaman que la Corte Suprema investigue la muerte de Nisman y el atentado mismo. Pero derogar el Memorándum no impulsa ninguna investigación de la verdad, mientras que forzar la intervención de la Corte Suprema implica violar la Constitución y garantizar la impunidad. Vale la pena recordar que la Corte liquidó cualquier investigación del atentado contra la embajada de Israel, facilitó que Menem no fuera imputado por la voladura de Río Tercero y dejó en libertad al ex comisario Castañeda, responsable de la desaparición de los casetes que contenían pruebas de la causa AMIA.

Si dejar que el Poder Judicial actúe es la propuesta del oficialismo y de la oposición, a sabiendas de los más de 20 años sin respuestas en el crimen de la AMIA, ¿qué podemos esperar del esclarecimiento de la muerte de Nisman y su denuncia contra el Gobierno?

Con la excusa de la muerte de Nisman y su denuncia, el llamado "consenso parlamentario" del sector mayoritario de la oposición no se propone abordar el esclarecimiento del crimen de la AMIA. Se trata, entonces, de una maniobra electoral y de presión sobre el Gobierno que pretende dar por esclarecido el atentado al acusar a Irán, cuando el propio juez de la causa AMIA admitió que la acusación es apenas una hipótesis.

No tienen ni idea de cómo superar 21 años de manipulación, secretos, encubrimiento e impunidad.

Son los mismos que adhieren a la marcha del silencio de mañana llamada por los fiscales federales. Los fiscales, que dicen ser la representación y la voz del interés general, exigen marchar en silencio. Pero el esfuerzo por amordazar a los manifestantes de ninguna manera podrá ocultar el repudio social al encubrimiento, los secretos de Estado y la corrupción que ellos mismos no denunciaron hasta hoy.

Ya es tiempo de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.

Un grupo de intelectuales acaba de pronunciarse por una "comisión de esclarecimiento del atentado" convocada por y dependiente del Poder Ejecutivo. Son conscientes de que la impunidad en el crimen de la AMIA "horada la democracia argentina y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política". Para limitar sus consecuencias no proponen la búsqueda de la verdad, sino el mejoramiento institucional. Por eso no plantean ni abrir los archivos secretos ni cuestionar el desempeño de jueces y funcionarios.

Nosotros tenemos otra propuesta. Para terminar con la impunidad y esclarecer el atentado contra la AMIA es indispensable constituir una comisión investigadora independiente en el Parlamento, integrada por una mayoría de referentes incuestionables del pueblo argentino, los familiares de las víctimas y una representación minoritaria de diputados y senadores.

Para que la comisión pueda hacer su trabajo es indispensable la apertura de todos los archivos secretos sin distinción de jerarquía de clasificación y sin tener que esperar otros 25 años, como plantea la futura ley de inteligencia.

Así podremos alcanzar la verdad e impulsar el juicio y el castigo para todos los culpables.

Los autores son miembros de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

Laura Ginsberg y Pablo Gitter