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Más cerca de la ciudadanía
El sistema de justicia en general y el Poder Judicial en particular vienen siendo eje de duros cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Cuestionamientos que pasan tanto por los tiempos de las causas judiciales por corrupción, como las denuncias contra la supuesta "puerta giratoria" para los delincuentes, o hasta las declaraciones juradas y el pago de impuestos de los funcionarios judiciales.
Estos cuestionamientos incluso siguieron y hasta se profundizaron, a pesar de los avances registrados con la reforma constitucional de 1994, que creó, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación, o la necesaria renovación de la Corte Suprema entre 2003 y 2006.
Algunos intentaron, incluso, aprovechar estas críticas, muchas veces legítimas, para presionar y confrontar políticamente a jueces o fiscales. Aparecieron así iniciativas como la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura nacional, la llamada "ley de democratización de la Justicia", y hasta las campañas en contra del supuesto "partido judicial".
Pero otra vez, mientras la discusión política va por un lado, los reclamos de la ciudadanía van por otro. Cada vez es más evidente la brecha entre lo que la gente anhela del servicio de justicia y los tiempos y respuestas que éste le brinda. Surge entonces la necesidad de tomar acciones desde la propia gestión del Poder Judicial para reducir esa brecha.
En los últimos años las administraciones públicas del mundo fueron adoptando y mejorando una idea que revolucionó el management privado: la gestión socialmente responsable o sustentable. Este concepto de responsabilidad social refuerza el respeto por la ética, las personas, la comunidad y el ambiente en la gestión y la toma de decisiones.
El joven Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires está dando señales en este sentido. Su Consejo de la Magistratura implementa desde 2013 un programa de responsabilidad social sobre la base de los antecedentes que lo pusieron a la vanguardia en numerosos proyectos relacionados con la gestión del servicio de justicia y la planificación estratégica en el sector público.
Así, este Consejo se propuso encarar en forma sustentable un programa de responsabilidad social que le permitió iniciar el desafío de ser una institución judicial pionera en esta temática, no sólo en la Argentina, sino también en el mundo. Lo que no es ajeno a la gestión de avanzada que tuvo el Poder Judicial desde su creación en distintos ámbitos y que incluye un centro de formación judicial de excelencia, un observatorio de género, un centro de planificación estratégica o sus innovadores programas de acceso a la Justicia, gobierno abierto o de inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo.
Es, además, una iniciativa surgida con la anterior composición del Consejo de la Magistratura, pero que se ha continuado y profundizado como política de Estado bajo la actual presidencia de Enzo Pagani.
Reflejo de esto fue la aprobación por consenso de la adhesión del Consejo de la Magistratura porteño a la Red Argentina del Pacto Global de las Naciones Unidas, la principal iniciativa de responsabilidad social en el mundo. Así, se transformó en la primera institución judicial del país en adherir a esta iniciativa que es un compromiso en materia de derechos humanos, ambiente, derechos laborales y anticorrupción. Profundizando acciones como éstas es que la Justicia podría ir cerrando esas brechas que existen entre las necesidades de la sociedad y la respuesta ante éstas.
Director del Programa de Responsabilidad Social del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
