Mejorar la Justicia es tarea de todos

La ciudadanía tiene una imagen negativa del Poder Judicial. Las encuestas realizadas durante 2017 por importantes consultoras ubican a la Justicia en el peor lugar entre las instituciones y organizaciones públicas, detrás de los partidos políticos, del Poder Legislativo y de los gobiernos en general. Los sondeos efectuados mostraron que su cuestionamiento alcanza a 3 de cada 4 encuestados, y los principales problemas señalados son la intromisión del poder político y la corrupción existente entre sus miembros. Se indicó que los aspectos a mejorar son la honestidad y la idoneidad de los jueces para interpretar y aplicar el derecho en tiempos razonables, fundamentales para la recuperación de su imagen.

Es necesario efectuar reformas estructurales como la modificación a la ley del Consejo de la Magistratura, cuya finalidad es la designación y remoción de los jueces a fin de despolitizar ese organismo, tornándolo más técnico, autónomo y ágil de manera de cubrir la tercera parte de los juzgados hoy vacantes en el Poder Judicial de la Nación. A ese efecto se envió en los últimos días del año al Congreso un proyecto que agrega dos abogados y un juez para equilibrar el estamento político hoy preeminente. Por otra parte, la renuncia de la procuradora general de la Nación fue una excelente oportunidad para el replanteo de una ley sobre el Ministerio Público que regule la designación, remoción y el funcionamiento de dicho organismo, sin que el proyecto hoy en tratamiento tenga el nombre o apellido del próximo fiscal general.

El Ministerio de Justicia lanzó el programa Justicia 2020, en el que se discute una reforma judicial integral que debate las modificaciones más necesarias. Hacer un cambio en los códigos de procedimiento que permita asimilar todos los avances tecnológicos existentes para lograr la implementación del expediente electrónico reducirá, significativamente, la cantidad de años que dura cualquier proceso judicial escrito.

Ha sido destacable la actividad desplegada por asociaciones de profesionales que impulsaron acciones judiciales tendientes a evitar la designación o el traspaso irregular de fiscales o jueces subrogantes, así como el pedido de una auditoría al Consejo de la Magistratura para considerar la demora y retraso de causas de corrupción en trámite ante la Justicia Federal Penal. Es de esperar que dicho organismo convierta ese procedimiento en un mecanismo de control permanente para poder evaluar la gestión de los magistrados, extendiéndola a otras jurisdicciones y fueros. Eso permitirá tramitar los juicios políticos de los magistrados que no cumplen con su función en tiempo y forma.

Sería también conveniente que no se les acepte la renuncia o el acogimiento a una jubilación, como ocurrió con Oyarbide, y se los remueva por mal desempeño de sus funciones o enriquecimiento, como fue el caso de Freiler.

Pero no todas deben ser reformas legales. Hay cuestionamientos públicos que deterioran la imagen del Poder Judicial. Es difícil que un inversor o un ciudadano puedan tener confianza en la Justicia argentina cuando una de las principales aliadas del Gobierno, la legisladora Carrió, cuestiona en forma permanente la honestidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el resto de los funcionarios se limitan a declarar que es un tema personal entre ambos. Este conflicto no debería existir y es un mensaje contradictorio para la sociedad. El Gobierno debe resolver -puertas adentro- si apoya a Carrió en sus denuncias y Ricardo Lorenzetti debe ser sometido a un juicio político, o si, por el contrario, advierte que no hay gravedad institucional suficiente y la obliga a desistir de sus planteos.

El Poder Judicial debe ajustar su funcionamiento, remuneraciones, exenciones impositivas, licencias y ferias judiciales al régimen laboral ordinario similar al resto de la sociedad. Hoy no se conciben privilegios exorbitantes cuando el servicio de Justicia está en crisis y sus miembros gozan de todo tipo de prerrogativas que no tienen el resto de los argentinos.

También los abogados, como auxiliares de la Justicia, debemos colaborar en la agilidad de los procesos judiciales, y los tribunales de disciplina deben sancionar a los letrados que obstruyen o dilatan los juicios mediante la interposición de defensas o recursos sin fundamentos jurídicos.

Como ya he sostenido en otras oportunidades, criticar la actuación de la Justicia es fácil, lo difícil es involucrarse y trabajar para su mejoramiento, lo que debe ser un compromiso de toda la sociedad, desde el lugar que nos toca actuar.

Expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires