Mercosur-UE: una decisión geoestratégica a favor de las democracias.
En el poema España, Jorge Luis Borges escribió: “podemos olvidarte, como olvidamos nuestro propio pasado, porque inseparablemente estás en nosotros, en los íntimos hábitos de la sangre”. Ese homenaje puede extenderse al conjunto de Europa, tierra de la que millones de argentinos encuentran sus raíces. Las tradiciones y memorias familiares pueden desdibujarse, pero no desaparecen. Como sugería Borges, no están afuera de nosotros: somos nosotros.
Borges no propone una ruptura con la tradición española ni una nostalgia vacía. Afirma una identidad incorporada. No se trata de alimentar el viejo mito del argentino que se cree europeo, sino de reconocer de dónde venimos, y recordar la gran inmigración de finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Tampoco implica negar nuestra pertenencia latinoamericana. Argentina es una nación americana, con desafíos propios de la región, pero también es un país cuya cultura, instituciones políticas y organización del estado se deben en gran parte a la experiencia europea.
Somos una síntesis, un diálogo entre culturas y un sincretismo que no siempre reconoció al otro; no una copia ni una mera prolongación de Europa. Como advierte Tzvetan Todorov en La conquista de América, el verdadero drama no fue solo la violencia material, sino la incapacidad de reconocer al otro como sujeto pleno, portador de una cultura y una racionalidad propias.
Desde esa identidad compleja conviene analizar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En el contexto actual, se ha vuelto casi un deporte criticar a Europa. Parte de las nuevas derechas la atacan como sinónimo de burocracia, “Agenda 2030”, corrección política o una forma difusa de wokismo. Esas críticas, a menudo simplificadoras, omiten deliberadamente una tradición central del proyecto europeo.
Europa encarna virtudes políticas centrales: el Estado de derecho como límite efectivo al poder, el Estado de bienestar como pacto social, democracias estables y una institucionalidad que combina desarrollo económico con cohesión social. Esa tradición, forjada en la posguerra, mostró una resiliencia notable frente a crisis, populismos y tentaciones autoritarias. Si bien hoy enfrenta desafíos profundos (estancamiento económico en algunos países, tensiones migratorias, envejecimiento demográfico y el avance de fuerzas iliberales), el proyecto europeo conserva una capacidad singular de corrección institucional y aprendizaje histórico.
El proyecto europeo, con todos sus defectos y desafíos que hoy tiene por delante, sigue siendo una de las referencias y hazañas políticas del mundo libre. La decisión de integrar economías, armonizar reglas, someter la soberanía a reglas comunes y priorizar la cooperación por sobre el conflicto no tiene precedentes históricos comparables. Criticar sus excesos es legítimo. Desconocer su valor estratégico y civilizatorio es un error.
En este marco, las acciones destemperadas de Donald Trump y el giro errático de varios aspectos de la política exterior estadounidense abren una oportunidad para la Argentina. En un mundo fragmentado, el acuerdo Mercosur-Unión Europea aparece no sólo como una herramienta económica, sino como una decisión de política internacional de largo alcance.
Esta elección es plenamente compatible con nuestra Constitución. El texto constitucional no es neutral ni indiferente. Expresa una filosofía institucional que combina republicanismo, democracia representativa, economía de mercado con perspectiva social y un estado activo en la garantía de derechos. El artículo 75 inciso 24 habilita la integración con otros estados siempre que se respeten el orden democrático y los derechos humanos. No es una cláusula técnica, sino una definición de valores.
El acuerdo encaja en esos valores. Puede funcionar como un ancla económica (beneficiando al sector agrobioindustrial, servicios e I+D), pero también como un ancla política e institucional. Nos permite alejarnos tanto de la lógica de dependencia como de los alineamientos automáticos que nos relegan a la periferia. Nos vuelve a vincular con una región con la que compartimos lazos históricos, culturales, económicos y afectivos profundos.
Más allá de estos efectos , que deben analizarse sin falsas promesas, lo relevante es su impacto institucional. El acuerdo redefine la soberanía regulatoria del Estado argentino. Adaptar normas ambientales, laborales, económicas, sanitarias o de transparencia no implica perder soberanía, sino ejercerla de manera consciente, elevando estándares y previsibilidad.
La Constitución Argentina no consagra un estado mínimo ni un mercado sin reglas. Los artículos 14, 14 bis y 75 inciso 19 (nueva cláusula del progreso) establecen que el desarrollo humano, el trabajo y la libertad igual forman parte de su núcleo. La integración internacional es un medio para ese desarrollo, no un fin en sí mismo.
Por eso, la discusión no debe ser ni de rechazo temeroso ni de celebración acrítica. El desafío es encuadrar el acuerdo constitucionalmente. La integración debe fortalecer el Estado de derecho, no debilitarlo. El rol del Congreso será central, así como la participación de las provincias, en un federalismo que no sea meramente formal y buscar las medidas efectivas para responder a los sectores que pueden verse perjudicados.
En un mundo donde se reivindica el ejercicio de la fuerza para imponerse, avanzan los autoritarismos y se desacredita a la democracia constitucional, la Argentina puede elegir un camino distinto: el de integrarse con naciones democráticas que entienden a la soberanía vinculada al autogobierno colectivo y al desarrollo humano. Esa fue la convicción de Raúl Alfonsín y José Sarney al sentar las bases del Mercosur, y la de Konrad Adenauer, Jean Monnet, Altiero Spinelli y, más acá en el tiempo, Felipe González, al construir una Europa unida para que el derecho reemplazara a la fuerza. Hacerlo hoy junto a quienes comparten una tradición de derechos, legalidad y desarrollo humano no es un gesto ideológico ni una nostalgia histórica, sino, pese a todo, una decisión geoestratégica para el país.
Ferraro, diputado nacional, presidente de la Coalición Cívica; Fernández, abogado (UBA)
