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México: confirmación de una tetralogía trágica
Días antes de la aberrante “votación popular” celebrada en México el 1º de junio para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, escribí en la red social antes llamada Twitter: “No votarás la prostitución de la democracia. No votarás la corrupción del voto. No votarás el fin de la justicia. No votarás la muerte de la República”. Lo que ocurrió en la elección y lo que ha sucedido desde entonces confirman, con dolorosa precisión, los cuatro mandamientos que seguí para no acudir a votar ese día infausto.
Prostitución de la democracia. En los tiempos del PRI –que conocí, padecí y critiqué desde muy joven– se escenificaban comicios cuyo propósito no era conocer la opinión de la ciudadanía sino fingir que coincidía con la del poder. El candidato oficial a ocupar cualquier puesto, ungido desde arriba, ganaba siempre: el aparato del Estado, el partido, la maquinaria electoral lo respaldaban.
Hoy la democracia sufrió una vejación mayor. Apenas participó el 10% del padrón de votantes, pero fue suficiente para consumar la captura del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo mediante una supuesta “voluntad popular”. Se impuso una minoría, sin tomar en cuenta a la verdadera mayoría, el 90% que se abstuvo.
Meses antes vimos cómo, sin rubor alguno, el gobierno seleccionó a los aspirantes a ocupar las plazas de ministros de la Suprema Corte. El proceso lo impuso la fuerza mayoritaria del partido en el Congreso (alcanzada de manera espuria) y la propia presidencia. Así, llegado el día de la elección, la voluntad popular no fue consultada: fue utilizada. Lo que se presentó como una ampliación de la democracia fue, en realidad, su más profunda degradación: su prostitución.
La corrupción del voto. El viejo sistema priísta instituyó la corrupción del voto mediante prácticas electorales fraudulentas que parecían ya parte del folclore (en realidad eran patéticas) y recibían graciosos nombres populares: urna embarazada (aparece llena ya de votos), operación carrusel (electores fraudulentos pasan por varias casillas con distintas credenciales), catafixia (se le entrega al elector una boleta marcada antes de entrar a la casilla y se le pide la boleta en blanco que recibió ahí), tamal (compra de votos en especie o en efectivo), ratón loco (se impide votar al elector borrando su nombre del padrón o dirigiéndolo a otra casilla), uña negra (cuando un funcionario de casilla anula un voto, rayándolo a escondidas). Todo esto sin mencionar el acarreo de votantes, la amenaza y la compra de lealtades.
Morena perfeccionó esas mañas y aportó una nueva: el “acordeón”. (Así se llama en México al papelillo doblado que los estudiantes llevan escondido para copiar las respuestas de un examen). Ahora Morena ha creado el acordeón electoral: una lista de candidatos indicados desde el poder. En una elección intencionadamente complicada por la cantidad de cargos en disputa y el número de candidatos, el acordeón se presentó como “la solución”. En algunos lugares el acordeón incluso se vendía al público. Para colmo de cinismo, la presidenta, su esposo y el expresidente usaron sus acordeones.
El acordeón no solo fue una guía, fue una consigna. Lo que la Constitución consagra como voto “libre y secreto” se redujo a un voto dirigido, inducido, vigilado. Las redes difundieron videos que muestran cómo el sufragio, lejos de ser expresión individual, se convirtió en acto de servidumbre.
La cultura cívica retrocedió décadas. Muchos ciudadanos se abstuvieron. Y no por desinterés, sino porque intuyeron –correctamente– que el voto se estaba corrompiendo. Votar en esas condiciones no era ejercer un derecho, sino participar en un simulacro.
El fin de la justicia. En ningún país se elige a los jueces como se ha hecho en México. Desde tiempos bíblicos hasta las democracias modernas, el juez ha sido una figura distinta, separada del poder, e incluso opuesta a él. Nunca subordinada. Ahora en México, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial obedecen a Morena, el partido en el gobierno. Los tres poderes son ya uno y no tienen límites ni contrapesos.
Esta elección ha significado el fin de la carrera judicial y el despido de cientos de jueces, con el consiguiente despilfarro de capital humano y de experiencia. Obviamente, no todos los jueces removidos eran rectos, pero la depuración debió ser paulatina y racional: destruir no es reformar.
Se ha destruido la tradición jurídica de México, nacida hace doscientos años. Institucionalmente, el país fue construido por personas que, como Benito Juárez, hicieron su vida alrededor de las leyes, dedicados a la práctica del Derecho: el estudio, la investigación, la edición, la cátedra, los tribunales, la abogacía, la judicatura. Las tradiciones vertebran una nación tanto o más que sus obras materiales y esa tradición ha quedado sepultada.
Los nuevos jueces, con plena certeza, no serán mejores que los viejos: varios juristas han señalado la escasa preparación jurídica entre muchos de quienes ganaron (incluso en los cargos más altos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia), y el riesgo de que actúen al servicio de los intereses económicos y políticos (o delictivos) que financiaron sus campañas.
La reforma destruye también el Consejo de la Judicatura, sustituyéndolo con un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, que serán mucho más obsecuentes con el Ejecutivo de lo que fue el Judicial antes de la reforma –esa sí real e histórica– del presidente Ernesto Zedillo en 1994.
Estamos enterrando algo muy preciado: un margen de protección frente a las arbitrariedades del poder, una salvaguarda de las libertades y las garantías individuales.
Muerte de la república. Con esta elección el régimen ha destruido una historia republicana de división de poderes que comenzó en el Congreso Constituyente de 1824. Fue un ideal de institucionalidad y libertad, muchas veces adulterado, pero nunca traicionado.
¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dolor llevará restaurar la república? El costo lo pagarán las generaciones futuras.
Tipo de trabajo:
opinión
