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Milei, entre el pragmatismo y la complejidad del mundo
Javier Milei será el nuevo presidente de la Argentina. Por primera vez un candidato ha sido electo prometiendo terminar con muchas de las vacas sagradas de nuestra sociedad, pero además, fundamentando sus propuestas no solamente en las necesidades impuestas por la crisis, como pasó en planes de estabilización anteriores, sino en convicciones profundas respecto de los roles y el funcionamiento de los agentes económicos, en este caso basadas en las ideas de pensadores como Friedrich Hayek, Murray Rothbard y James Buchanan.
En materia de infraestructura, Milei, siguiendo a sus inspiradores, fundamenta la prescindencia del Estado en la imposibilidad de tomar decisiones desde el sector público respecto de la totalidad de la sociedad, dado que ello implicaría arrogarse el conocimiento de las preferencias de cada uno de los individuos que la componen y, aún más, de las de los individuos por nacer en el futuro que van a ser afectados por lo que hoy se haga o deje de hacerse.
En los últimos días se ponderó el pragmatismo del presidente electo, quien manifestó haber sido elegido para resolver los problemas del país y no para testear en todo momento “el nivel de liberalismo en sangre” de sus futuros funcionarios.
Las virtudes del intercambio voluntario de bienes y servicios son claras, porque induce a los individuos a atender las señales del sistema de precios y tomar decisiones basadas en la abundancia y la escasez, tendiendo a hacer el mejor uso posible de los recursos económicos. La Argentina ha sido escéptica durante décadas respecto de este principio económico, interfiriendo sistemáticamente en el funcionamiento de los mercados, con las consecuencias que están a la vista en materia de atraso y empobrecimiento.
Sin embargo, nos encantaría que fuera posible dar un paso al costado y esperar que el funcionamiento virtuoso del mercado satisfaga adecuadamente todas las necesidades humanas. Lamentablemente esta regla, aunque verdadera en general, no es de validez universal.
Es cierto que en el caso de la provisión de infraestructura básica y servicios públicos hay todavía mucho por hacer multiplicando las oportunidades de intervención privada. Pero no lo es que en ella se pueda dejar “en automático” el mecanismo de la economía. La propia introducción de un sistema de iniciativa privada como el que se ha propuesto, que resulta interesante aun cuando tampoco ha resuelto la totalidad de los problemas de este tipo, requiere indefectiblemente de la toma de decisiones públicas en varios aspectos como las garantías de los contratos, las declaratorias de interés, las reglas de competencia entre iniciativas, etc.
Por otra parte, el correcto funcionamiento del mercado requiere que el sistema de precios refleje los verdaderos costos de los bienes y servicios. Particularmente en el caso de los proyectos de infraestructura, éstos se encuentran frecuentemente distorsionados por regulaciones, impuestos y subsidios, y por el hecho de que algunos afectan positiva o negativamente a terceros que no son ni los productores ni los consumidores. Muchas de estas distorsiones pueden corregirse, pero otras se deben a la propia naturaleza de las cosas que hace que, aún con el avance de la tecnología y de la asignación de los derechos de propiedad, no resulte posible eliminarlas totalmente.
Por supuesto que no conocemos el mapa de preferencias de todos los individuos de la sociedad. Sin embargo, parece claro que al gobierno se lo elige por medio de un proceso democrático representativo para que se aproxime a ellas de la mejor manera posible y, en este caso, con el estricto mandato de actuar rigurosamente por excepción, tomando decisiones inteligentes sobre infraestructuras y servicios públicos que se sistematicen en análisis beneficio-costo realizados con modestia, profesionalismo e integridad, procurando minimizar costos o maximizar beneficios para la población, balanceando a ganadores y perdedores y compensando a estos últimos cuando resulte necesario.
Finalmente, es cierto que no podemos conocer las preferencias de las generaciones futuras. Sin embargo, en un marco de eliminación del déficit en el gasto corriente del Estado, ¿no es razonable suponer que los costos de nuevas o mejores carreteras, servicios de saneamiento y otras infraestructuras básicas (adecuadamente identificadas, transparentemente contratadas y profesionalmente ejecutadas), deben ser afrontados por todos los que las disfruten en ésta y en las próximas generaciones a través de financiamiento de largo plazo a tasas convenientes?
Nada reemplaza a la buena política, aun cuando ésta, como mecanismo asignador de recursos económicos, es conveniente que quede estrictamente circunscripta a un muy reducido conjunto de actividades.
Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería
Por Roberto Agosta
