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Milei, un topo en su propio laberinto
Javier Milei está convencido de que su ejercicio del poder depende de mantener y profundizar la crisis del orden político que él representa. Una necesidad que lo condena a diferenciarse de lo que denomina la casta con mayor frecuencia. Pero que a la vez le impide proponerse liderar la transición hacia un nuevo orden. Es decir, ser el gestor de acuerdos que amplíen su base de sustentación política y lo doten de mayor gobernabilidad.
Esa dificultad para obtener consensos, sobre todo en el Congreso, siembra dudas sobre la viabilidad de su programa económico y alimenta la desconfianza de los inversores. El trabajoso acuerdo del Ministerio de Economía con el gobierno de la ciudad por la coparticipación grafica la llave doble Nelson en la que La Libertad Avanza se siente aprisionada junto a Pro: un aliado por naturaleza que se resiste a aceptar como tal.
El Presupuesto le reconoce el 1,55 por ciento de coparticipación a la ciudad y el 1,44 restante como una obligación a cumplir por el Tesoro. Forzado por la Corte para que cumpla con su medida cautelar, Economía se obliga por ese convenio a girar esos fondos de forma diaria y no semanalmente como ocurre ahora. El Pro experimenta la misma contrariedad que los libertarios. Disimuló el malestar por las veladas críticas de Milei a Mauricio Macri por reprocharle la falta de gestión de su gobierno.
La aparente caída en el nivel de aceptación del Presidente en agosto que adelantan algunas consultoras de opinión sería más inquietante en la provincia de Buenos Aires, donde reside casi el 40 por ciento del total de electores. El liderazgo mundial que Milei se autoarroga se vería seriamente dañado con una victoria del kirchnerismo en las elecciones de 2025. Un hecho que, además, encumbraría como virtual candidato presidencial a Axel Kicillof.
Parece difícil que los libertarios consigan un buen resultado en la provincia de Buenos Aires si no es con una amplia alianza que contenga a la mayoría del espectro opositor. No deja de resultar llamativo que el propio Milei se haya encargado de plantear el primer inconveniente a los preparativos de lo que podría ser una gran negociación. Milei persuadió a cinco diputados de la UCR para que cambien su voto y evitar que la Cámara baja insista con un reajuste de haberes a los jubilados. Pero provocó con eso que el radicalismo rechace en el Senado el DNU que otorgaba 100 mil millones en fondos reservados a la SIDE y apruebe fondos para las universidades. Tres de esos cinco diputados esperan competir por la gobernación en sus provincias: Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) y Pablo Cervi (Neuquén). Algunas versiones insisten en que Milei estaría tentado de respaldarlos para disimular la carencia de dirigentes propios en el Interior. Si fuese así, complicaría la paciente tarea de Guillermo Francos para que voten con el oficialismo los diputados que dependen de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Claudio Vidal. ¿Otra desautorización de Santiago Caputo al jefe del Gabinete? Especulaciones. Gastón Manes suspendió la afiliación de esos cinco diputados. Una medida extrema criticada por Alfredo Cornejo.
Manes preside la Convención Nacional. Facundo, su hermano, se alió a Martín Lousteau en la interna del 6 de octubre para renovar autoridades en la UCR bonaerense. La sanción dispuesta por Manes omite cualquier alusión a la autonomía de Lousteau para votar distinto a su bloque en el Senado. El gobernador de Mendoza podría ser aliado del senador bonaerense Maximiliano Abad para desplazar a Lousteau del Comité Nacional si lo derrota el 6 de octubre.
Pero la figura del topo que destruiría al Estado desde adentro a la que apeló Milei para definir su rol aparece entrampada con la realidad de La Libertad Avanza: su propio laberinto. La limitada capacidad de sus legisladores para ejercer la representación parlamentaria lo habría forzado aceptar las exigencias de Carolina Píparo para que su bloque, Buenos Aires Libre, se fusione con el de los libertarios en el Congreso y la Legislatura bonaerense.
Píparo obtendría a cambio la renovación de su banca, dos espacios entre las candidaturas a legisladores provinciales y uno de los lugares de la oposición en el directorio del Bapro. Un pliego de condiciones que hasta la semana pasada los libertarios juzgaban excesivo. Píparo habría tenido la suerte que le faltó a Mayra Mendoza. Nadie respondió en el chat de intendentes de Unión por la Patria al pedido de solidaridad con Quilmes y Lanús por la demanda iniciada en la Justicia contra el puerto de Dock Sud.
Los municipios pretenden que la Justicia determine el eventual daño que le provoca a sus infraestructuras urbanas la actividad de esa terminal. Tal vez la falta de eco sea una muestra de respeto a Martín Insaurralde. Ese puerto es administrado por un consorcio público no estatal. Fue creado en enero de 2019 por María Eugenia Vidal por el decreto número 13, cuyo artículo 17 reconoce un lugar en su directorio a los municipios de la región (Lanús y Quilmes), además del de Avellaneda.
Por el mismo decreto, la gobernadora designó a Carla Monrabal presidente del consorcio. Un cargo en el que fue ratificada por Kicillof. Pero ahora, a pedido de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Monrabal fue recomendada por Juan Pablo Peredo. El exintendente de Lomas de Zamora intercedió con Vidal para que Peredo sea vocal del Tribunal de Cuentas. Un alarde de influencia que, seguramente, inspiró la leyenda en la que Insaurralde y Peredo aspiraban a controlar los 16 puertos administrados por la provincia de Buenos Aires.
Julián Álvarez ocupa el lugar de los municipios vecinos. Es decir: el mismísimo intendente de Lanús. No es lo único sugestivo. Exviceministro de Justicia con Cristina, Álvarez presentó la demanda en el fuero Civil y Comercial del departamento judicial de Lanús y Avellaneda. Cuando lo lógico hubiese sido que recurra al Contencioso y Administrativo por tratarse de un ente de derecho público. Tal vez no lo haya hecho para no enfrentar una eventual situación embarazosa. La defensa del interés de la provincia que deberían ejercer en ese ámbito el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y el asesor general del gobierno, Santiago Pérez Teruel. Demasiado, incluso, para lo que estaría en juego. La intención de Cristina de recortar el poder de Ferraresi. La única disidencia visible a su conducción que orbita cerca de Kicillof. Un conflicto que demora la entrega a Exolgan de un permiso de uso precario por diez años en el puerto de Dock Sud y que vuelve incierta la inversión de 150 millones de dólares prevista por esa empresa de capitales suizos asociada al gobierno de Singapur. La autorización de Exolgan para operar en Dock Sud vence en 2025. Otro dato sobresaliente es que Pablo Krawiec Krawczuk se haya declarado incompetente para intervenir en la causa iniciada por Mendoza y Álvarez.
A cargo del juzgado Civil y Comercial N°3 de Lanús/Avellaneda, Krawiec Krawczuk fue apadrinado por Álvarez para su designación como magistrado. Sobre la incompetencia debería resolver algunas de las tres salas de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora. La número uno es presidida por Javier Rodiño. En apariencias, otro protegido de Álvarez. El intendente de Lanús habría intervenido para que lo designe camarista. Rodiño es investigado por la aparente quiebra fraudulenta del Policlínico Lomas, que administró el grupo Redentor, del que fueron apoderados él y Rafael Acuña Bustamante. Su socio en el estudio jurídico que compartían antes de ser designado juez. Adriana Coliqueo defiende a Rodiño en esa causa. Muy vinculada a Álvarez, Coliqueo preside el Colegio de Abogados de Lanús y Avellaneda.
Coliqueo desarrolló su carrera en el fuero civil y comercial y hasta la defensa de Rodiño no acreditaba intervenciones en el fuero penal. No sin malicia, funcionarios del municipio de Avellaneda aseguran que Álvarez extrañaría tener a mano a Javier Raidan, su socio en la defensa de barras bravas y promovido por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al Tribunal Superior de Justicia. En apariencias, a instancias de Cristóbal López.
La atención en la reunión que anoche mantuvieron los intendentes del conurbano fue acaparada por la aparente tensión entre Sergio Massa y los intendentes del Frente Renovador. Una versión acicateada por la suspensión del acto que Massa iba a encabezar con ellos este fin de semana en Mar del Plata. Pero también por otro hecho más tangible. Los intendentes que le responden en Chascomús, Castelli, Las Flores, Miramar y Navarro, habrían asistido sin su autorización al acto de Kicillof en Mar Chiquita.
No deja de ser curioso que ese supuesto desacato a Massa sea festejado por los mismos intendentes que practicaron bullying sobre el gobernador desde que publicó la convocatoria al acto en el chat de los intendentes. Probablemente un frenesí inspirado por un deja vu de 2019, cuando Massa adhirió a Unión por la Patria luego de constatar el éxodo hacia esa alianza del Frente Renovador. La aparente rebelión tendría a Jorge D’ Onofrio por pionero.
El ministro de Transporte se vio obligado a realizar concesiones para resistir la presión de Massa para que renuncie. No solo aceptó designar a Valeria Arata en la subsecretaría de Transporte Aérea y Fluvial. También que Claudia Rossi asuma como subsecretaria de Política y Seguridad Vial. Rossi quedó al control de la cuestionada Justicia Provincial de Faltas, sospechada de montar un negocio ilegal con las fotomultas por el que circularían dos millones de dólares mensuales.
Nadie podrá negar a Rossi su experiencia. Tuvo a su cargo el Juzgado Provincial de Dolores hasta que fue cesanteada por el gobierno de Vidal. Rossi inició un reclamo contra el Estado en el Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo de La Plata que dejó de registrar movimientos en junio. D´Onofrio la designó el 31 de julio pero con carácter retroactivo al primer día de ese mes. Rossi se habría enterado de ese beneficio extra y de su nombramiento mientras descansaba en el extranjero. Una canallada, seguramente.
D´Onofrio convocó a un concurso para cubrir la vacante en Dolores. Uno de los juzgados subrogados por Marcelo Peralta, juez provincial de Faltas en Mar del Plata. Dolores es un paso obligado de todas las rutas que conectan con lugares de veraneo en la Costa Atlántica. La inscripción al concurso cerró el 10 de septiembre. Se especula que Virginia Lauría será la elegida para el cargo. Lauría era la secretaria de Rossi en ese juzgado y fue cesanteada junto a ella.
La condición para ganar el concurso sería que desista de la demanda contra el Estado provincial que inició al mismo tiempo que su exjefa. Las dos serían asesoradas en ese sentido por Ramiro Gutiérrez, mentor de su reinserción en el universo de la fiscalización del tránsito automotor en las rutas bonaerenses. Gutiérrez es un experto en Derecho Constitucional radicado en Dolores. Y junto al platense Raúl Pérez, uno de los principales asesores de Massa en temas judiciales.
