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Minería, el debate pendiente del que habla el Gobierno
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El avance de emprendimientos mineros sin el consenso social de los pueblos afectados es abrumador. Sin embargo, en distintos lugares donde éstos operan, aparecen voces disidentes que con reclamos pacíficos y un amplio apoyo vecinal, intentan poner freno al avasallamiento a los recursos naturales.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Catamarca y la mina Bajo La Alumbrera, que explota oro desde 1997 afectando la vida de las comunidades que habitan las zonas circundantes, como Belén, Andalgalá, Santa María y Tinogasta.
Hace más de 10 años, los vecinos de la zona conformaron asambleas y denunciaron a la empresa suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, responsables del yacimiento Bajo La Alumbrera, con el objetivo de frenar el impacto ambiental en la zona: la contaminación y la falta de agua, los cambios en la morfología del terreno, los peligros constantes de los químicos con los que trabaja la empresa, los efectos producidos por explosivos, entre otros.
En las últimas semanas, el escaso control del gobierno a estos emprendimientos, los impactos ambientales y las promesas de un progreso que nunca llega (Catamarca, con 15 años de "progresos mineros", sigue siendo una de las provincias más pobres del país) movilizó a las asambleas a cortar nuevamente el acceso a la mina de vehículos con explosivos, tóxicos y otros insumos para la empresa. Estos reclamos desataron el viernes la brutal represión policial donde fueron agredidos, detenidos y procesados más de treinta vecinos.
Un día antes, la Presidenta de la Nación, aseguraba que Argentina se debía un debate serio en relación a la minería, debate que como demuestra el accionar de las fuerzas policiales de Catamarca, todavía no empezó y amenaza con no escuchar opiniones que disientan con la versión oficial.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición, ya que la explotación del mineral supone su agotamiento. El valor de los recursos naturales extraídos está completamente distorsionado por los beneficios impositivos que tiene la actividad, y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce.
A gran escala, esta industria está asociada a los impactos sociales relacionados con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y amenaza recursos naturales en los que se basa el desarrollo de otras actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
Greenpeace viene reclamando desde el año 2003, un debate sobre la megaminería y el uso de sustancias contaminantes en el proceso de extracción del mineral. La minería es responsable de la destrucción de ecosistemas: prueba de ello es el impacto de los glaciares ocasionado por la empresa Barrick Gold en Pascua Lama (1); es responsable de un alto consumo de agua y energía (Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua por día), compitiendo con el abastecimiento de otras actividades productivas y de la población misma; es responsable de generar empleos durante un corto plazo y dejar enormes pasivos ambientales; y es responsable de ocasionar el agotamiento de recursos naturales, en algunos casos como el del oro sin otro destino que el de bienes suntuarios.
Todo esto nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, evaluando la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que ya ha sido explotado durante siglos.
(*) El autor es miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina
Gonzalo Strano
