El puñal bajo el Código

Mucho se está diciendo contra el proyecto de Código Procesal Penal con el que el Gobierno intenta cubrir su retirada del poder en un arrebato legisferante, un arrebato de dictar un nuevo ordenamiento legal que asuela al Congreso. Allí, la sumisión escandalosa de un Parlamento con mayoría K debería hacernos reflexionar en el futuro sobre las normas que rigen la elección de diputados y senadores, concebidos para ser un poder independiente y no un lamentable coro presidencial.

Es previsible que la Presidenta imponga una vez más su voluntad y el Código Procesal Penal sea ley. Como es usual, la propaganda cristinista enmascara todo lo malo del proyecto con la única bondad de cambiar el actual sistema mixto "inquisito-acusatorio" por uno solo "acusatorio", como lo sugieren las tendencias modernas de la justicia penal. Pero ese cambio es contraproducente mientras los fiscales no sean independientes del poder político, ni puedan serlo porque carecen de estabilidad real, ni tengan medios para investigar realmente el delito, como fantasea el proyecto. Ni siquiera podrán resistir las presiones y órdenes de la Procuración General, que tendrá todavía más poder que el que tiene actualmente. Una suma de defectos a los que cabe añadir el menoscabo a la jurisdicción porteña, como bien señala su procurador Martín Ocampo.

Pero además de esos y otros defectos que impiden considerar este proyecto como positivo, está el puñal bajo el poncho, un poncho de papel encuadernado llamado Código: se intenta evitar la revisión futura de las sentencias contaminadas y procedimientos tortuga que vienen protegiendo al imperio kirchnerista.

La fórmula es sencilla: básicamente en dos artículos, el 5 y el 318, el proyecto restringe la posibilidad de anular las sentencias que los abogados llamamos "írritas" o "fraudulentas" a los casos en los que esa anulación beneficie al condenado. Es decir que si la anulación tiene como resultado condenar al delincuente fraudulentamente exonerado, no se admitirá la anulación del fallo, aunque haya habido fraude por violación de las reglas del proceso equitativo, intención de no someter al responsable a la Justicia y un sobreseimiento o absolución que evita la condena.

En estos días ha aparecido un excelente libro sobre este tema, escrito por Federico Morgenstern, donde se estudia en profundidad todo lo que hay que saber sobre la anulación de sentencias fraudulentas. Bien dice Morgenstern que la "cosa juzgada írrita no es un alien maligno", sino una herramienta compatible con nuestro sistema legal, pero, pese a ello y a que es avalada por los estándares interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el proyecto de Código Procesal Penal intenta aniquilarla.

El referido artículo 5 del proyecto retrocede respecto del Código Procesal actual porque, además de no dejar resquicio para reabrir causas donde se comprueben coacción o sobornos sobre el juez o el fiscal, cierra explícitamente la posibilidad de la revisión y apertura contra el imputado, ignorando que en los casos "Escher" y "Gutiérrez" la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió excepciones al ne bis in idem en situaciones de normalidad institucional por delitos que no son de lesa humanidad.

Morgenstern incluso nos recuerda que en 2013, en el caso "Gutiérrez", el Estado argentino, acompañado por el CELS, admitió formalmente la "cosa juzgada fraudulenta" en una absolución por homicidio, decidida tras una investigación muy deficiente y plagada de irregularidades, con deliberada inacción en la búsqueda probatoria.

La Argentina necesita un Poder Judicial firme, que lleve adelante investigaciones serias, imparciales y efectivas, que busquen la verdad. Y que persiga, capture, enjuicie y, si corresponde, castigue a los delincuentes. A todos, sin olvidar a los corruptos, que roban y matan sin dejar rastros de sangre en sus manos.

Con el Código Procesal Penal que quiere la Presidenta, eso no será fácil. Y quizás hasta sea imposible.

Si se aprueba este nuevo código, habrá que sumarlo a la lista de leyes K que deben ser suspendidas y revisadas apenas asuma el nuevo gobierno.

El autor es miembro del Consejode la Magistratura