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Los cuatro absurdos de la "ley Conti"
Avanza en el Congreso un proyecto conocido como "ley Conti", que intenta arrebatarle los fondos judiciales al Banco Ciudad. El proyecto se enmarca en una lógica ya clásica del kirchnerismo: la búsqueda de cajas de recursos para sostener su creciente gasto público. Más allá de que el mecanismo de financiamiento es opinable, ese modus operandi debería encontrar un límite en la destrucción de instituciones centenarias cuyo debilitamiento genera un daño colateral para la sociedad.
En el caso en cuestión, hablamos de unos 7000 millones de pesos de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que litigan principalmente en los fueros laboral y comercial, y que, como es práctica en todas las provincias argentinas, son depositados en un banco local. Desde un inicio se les explicó a los autores del proyecto que ese dinero no estaba disponible en forma inmediata. Es obligación de cualquier banco (y más aún de un banco público) prestarlo en créditos a la vivienda y para dinamizar el aparato productivo.
Primer absurdo: todos pierden y nadie gana.
Haciendo eco de esa insoslayable lógica bancaria, los autores del proyecto modificaron su versión original para que se mantengan en el Banco Ciudad las cuentas de los litigios existentes y sólo se transfieran aquellas que deban abrirse en nuevas causas judiciales. Esto hace que el drenaje de fondos se produzca como un goteo en un período de tres años o más. Pero con esta necesaria modificación el proyecto ya no encuadra en la lógica voraz del kirchnerismo. Ahora es un proyecto que, en el mejor de los casos, le deja una caja al gobierno que asuma a partir de 2015. En el ínterin se le pone un horizonte de mayor incertidumbre al Banco Ciudad, socavando las bases de sus líneas de créditos y al sector productivo de largo plazo, y se le impone una pesada carga al Banco Nación, ya que tendrá que procesar miles de pagos judiciales para los que no está preparado y que en el Banco Ciudad, luego de décadas de práctica y desarrollos informáticos, se procesan de manera casi automática. Me pregunto si alguien le habrá explicado a la Presidenta que lo buscado no era factible y que nada ganará su gobierno con esta ley.
Segundo absurdo: no logran dañar a Macri, pero sí a la gente.
El segundo absurdo es pensar que con este proyecto se daña la figura o la gestión de Mauricio Macri, en otra conocida lógica kirchnerista de ataques salvajes a la oposición y de intento de adoctrinamiento de gobernadores que no tienen afinidad con la Casa Rosada (en los últimos tiempos, sumado también a ese clan el gobernador Daniel Scioli). Pero los fondos judiciales o de cualquier naturaleza del Banco Ciudad no pueden ni han sido utilizados para financiar al gobierno de la ciudad. Esos recursos han sido orientados principalmente al crédito a la vivienda y al sector productivo, y son esos sectores los perdedores reales en esta pretendida puja política.
Tercer absurdo: habrá diputados de la Ciudad votando contra su propio banco.
Aunque parezca mentira, hay diputados de la ciudad de Buenos Aires que estarían votando a favor del proyecto. Roberto Feletti, que además de diputado es ex presidente del Banco Ciudad, sorprendentemente, firmó el dictamen de comisión que aprueba el traspaso. Y también lo hizo Carlos Heller, quien además fue el defensor del proyecto en la Comisión de Finanzas. Que estos políticos apoyen este proyecto es un golpe a sus propios votantes (reconozcámoslo, el proyecto lo único que hace es sacarles recursos a los porteños y transferirlos a otros distritos). Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires seguramente no votaron a estos diputados para que destruyan una institución centenaria, que ha forjado una identificación muy fuerte con los vecinos a lo largo de los años, simplemente porque el gobierno democrático de turno corresponde a un color político diferente del suyo. Naturalmente, esa situación circunstancial no los exime de su responsabilidad para con los vecinos de la ciudad que los votaron para que cuiden sus intereses. Estos diputados deberían tener presente que una de cada cuatro familias de la ciudad es cliente del banco. Y esto sin hablar de la angustia que viven las 3200 familias que trabajan en el Ciudad.
Cuarto absurdo: el "progresismo" ataca un banco público.
Hace un par de semanas, la Presidenta inauguró una planta financiada con un préstamo a largo plazo del Banco Ciudad. Es que el Banco Ciudad, es sabido, es el banco más activo en préstamos a largo plazo para la vivienda y la producción. El Banco Ciudad dedica un 57% de su cartera a estos préstamos. El equivalente del Banco Nación es tan sólo el 27%. Pero los ejemplos no terminan allí. La Presidenta impulsó la cuenta bancaria universal, pero sólo el Banco Ciudad ofrece cajas de ahorro gratuitas para sus 550.000 clientes. Somos el único banco que se hace presente en las villas de la ciudad, y la bancarización de jubilados que la Anses impuso a principios de 2012 ya llevaba dos años de implementación en el Banco Ciudad. La Presidenta, a su vez, ha lanzado un ambicioso plan de viviendas con fondos de la Anses; en el sistema financiero sólo el Banco Ciudad tenía un programa parecido.
Cerramos con esto el círculo de los absurdos. El proyecto de Diana Conti buscó una caja que no estaba disponible, quiere adoctrinar a quien no es parte de esta disputa, obliga a los diputados del FPV y aliados a votar en contra de sus propios ciudadanos, y perjudica al banco que más ha hecho por impulsar la agenda de muchas de las iniciativas de la Presidenta. Para no seguir sumando absurdos es importante que el proyecto sea abandonado.
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