Modernización laboral: impostergable política de Estado

Cuando se habla de modernización laboral, surgen inmediatamente –desde lo ideológico– voces dispares y afirmaciones dogmáticas, como que se van a quitar derechos y que no servirá para nada en términos de creación de empleo. Quizá hay algunas cosas que se ignoran o se omiten. Primero: el cambio tecnológico es vertiginoso y no se detiene, lo que impacta inequívocamente en la producción y el empleo. Segundo: la Argentina tiene una crisis de empleo que implica que, desde hace por lo menos 15 años, no se registra crecimiento, en términos reales, que represente nuevos puestos de trabajo formales en el sector privado. Mucho menos si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico. Todo ello, debido también al “miedo a contratar”, producto de nuestro irrealista y litigioso régimen laboral.

Tercero: la pérdida de competitividad que se advierte en muchos sectores de la economía es el resultado de la “tormenta perfecta”, que constituyen tanto el modelo laboral aún vigente como las otras reformas estructurales pendientes –sean la fiscal, la logística y otras– y las derivadas de la pérdida de productividad, la falta de capacitación en las nuevas habilidades y oficios que exigen los modernos sistemas productivos, afectados por la transformación tecnológica, la digitalización y la inteligencia artificial, entre otras.

Thomas L. Friedman, en un reciente artículo publicado en LA NACION titulado “Por qué creo que estamos en la era del Policeno”, destaca que “la fusión completa que se está produciendo entre la aceleración del cambio climático y las rápidas transformaciones en tecnología, biología, cognición, conectividad, ciencia de los materiales, geopolítica y geoeconomía… ha desencadenado una explosión de todo tipo de fenómenos que se combinan entre sí, a tal punto que hoy en día los sistemas binarios parecen estar dando paso a sistemas poligonales. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados hacia la inteligencia artificial general polimática, el cambio climático se precipita en una policrisis… el comercio, antes binario, se dispersa en redes de suministro polieconómicas y nuestras sociedades se diversifican en mosaicos cada vez más polimórficos”.

El dilema no es si hace falta o no una modernización, sino cómo se completa un proceso que lleve a reglas laborales universalmente respetadas y aplicables en todos los emprendimientos productivos, cualquiera que sea su dimensión; bajo un esquema normativo flexible y adaptable a las distintas actividades, industrias y contextos productivos que nos conduzcan a la formalización de la economía, con mecanismos de entrada simple al empleo formal, a la capacitación en nuevas competencias laborales que resultan fundamentales para afrontar esos nuevos desafíos y a estar en condiciones de “competir en el mundo”, y no meramente de “no hacer nada”, que “esa es la mejor forma de defender a los trabajadores dependientes formales”, sin tener en cuente que –en la realidad– constituyen cada vez una proporción menor del empleo en nuestro país.

Una informalidad del orden del 50% no viene sola, sino incluso con desconocimiento de las nuevas realidades productivas y negación del impostergable aggiornamento que nuestro país necesita no solo para competir, sino también para integrarse a cadenas de valor ante los grandes retos que hoy nos plantean la energía, la minería, la economía del conocimiento y, en general, la transformación productiva por el impacto de la tecnología. Quienes objetan cualquier cambio aducen argumentos tales como derechos adquiridos, la intangibilidad de las conquistas o que no se puede admitir dar menos derechos que los que hoy existen.

Sin embargo, ante situaciones críticas similares en materia de empleo, productividad y competitividad, nadie ignora que muchos países, ya sean de Occidente o de otras regiones del mundo –incluso de América Latina– adecuaron sus marcos laborales para generar más empresas y más empleo, y lograron revertir el ciclo de destrucción de empleo y fuentes de trabajo formales del sector privado. Y –en cambio– gran parte de nuestros gobiernos de turno en las últimas décadas las únicas reformas laborales que promovieron o admitieron fueron una regulación del contrato de trabajo de la década del 70 o una ley de empleo que no enfrentó los problemas que en los años noventa ya existían –y que, obviamente, se han profundizado con los cambios que el mundo ha seguido mostrando–, ¿cuál es la panacea?; ¿cuál es el bien tutelado cuando la informalidad, la anomia y la falta de preparación para los nuevos trabajos siguieron siendo la constante, agravada por el desacople entre norma y realidad?

No pensamos que el camino deba ser ignorar que ya no estamos ante la primera, la segunda, la tercera ni siquiera la cuarta revolución industrial: es un desafío del mundo actual que debemos encarar por la vía del diálogo, la búsqueda de consensos y la creación de un entorno integral favorable e intrínsecamente propicio para la creación de empresas y de empleo. La modernización laboral es para ello un paso fundamental que, por supuesto, deberá ir acompañado de otras medidas y un entorno económico propicio, previsible y, por ende, confiable. Debemos tener muy presente que, si no hay más y mejores empresas, tampoco habrá nuevo empleo privado.

Pero, para que haya nuevos emprendimientos –sean micro, medianos o grandes–, debe haber capital humano capacitado y una normativa laboral que respete los derechos fundamentales en el trabajo, pero que ello no signifique condenar apriorísticamente a su empleador. Bajar el miedo a contratar, con mecanismos de salida previsibles y reglas claras, es condición necesaria para generar empleo. Las leyes laborales deben cumplirse en su real alcance y contenido, y no liberar el sistema para privilegiar “presunciones” que se contraponen con las “evidencias”; no atacar la productividad e innovación, no inventar incapacidades laborales ni exagerar su magnitud, apartándose del Baremo de incapacidades que rige de manera obligatoria –y no meramente indicativa– en nuestro país.

No castigar al que generó empleo con reclamos infundados e intereses impagables. En concreto, no estimular la industria del juicio, sino respetar el derecho a la litigiosidad efectivamente causada y dentro de los parámetros de las pautas normativas. No puede ser que nuestro país haya disminuido muy positivamente la siniestralidad laboral, pero a la vez haya crecido geométricamente la litigiosidad por riesgos del trabajo, desnaturalizando su sentido y alcance, y conduciendo, inexorablemente, otra vez a un modelo de desprotección cuando el seguro de riesgos del trabajo deje de funcionar por tales distorsiones.

Por otro lado, reivindicar los convenios colectivos de trabajo sectoriales de 1975 todos sabemos que es pura retórica, pues nada tienen que ver las condiciones de trabajo, los sistemas de organización de la jornada, la naturaleza de las prestaciones o beneficios, o la mayoría de las históricas “categorías” laborales con las que emanan de una realidad que, 50 años después, tenemos como contexto. Un sistema laboral moderno debe poder adaptarse a la realidad específica de cada industria, actividad y región. Parece ser que se pretende ignorar u ocultar que detrás de esas cláusulas ya sin vigencia hubo otras que poco tienen que ver con el contrato de trabajo y sus contenidos.

Una nueva ley está llamada a existir. Su contenido final dependerá del trámite y consenso parlamentario, pero de lo que no cabe la menor duda es de que no podrá ni deberá ignorar que, sin empresas, no hay empleo y que, si no hay seguridad jurídica, nadie contrata y –por el contrario– antes de adaptarse o invertir en productividad y competitividad, se muda o, directamente, cierra. En definitiva, la Argentina debe construir su futuro sobre bases sustentables, recuperando el valor del trabajo y reconociendo que es imprescindible adecuarlo para la productividad y competitividad que han de generar un marco necesario para la inclusión y el efectivo desarrollo productivo nacional, con las oportunidades que hoy puede generar al país la economía mundial. Las transformaciones tecnológicas, productivas y culturales del siglo XXI nos exigen actualizar nuestras instituciones para que vuelvan a servir al propósito original: incluir más personas en el mundo del trabajo formal, registrado y digno.

Por Daniel Funes de Rioja

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