Movimientos que atentan contra la seguridad jurídica

La remoción que sufrió el entonces procurador general de Santa Cruz poco después de que Néstor Kirchner fuera elegido gobernador de esa provincia en 1995 se ha convertido en el símbolo de un modo de ejercicio del poder. La decisión se vio precedida de una ley surgida de un proyecto de Cristina Fernández, a la sazón legisladora provincial, que procedía a dividir la Procuración General en Fiscalía y Defensoría generales. Así, se le comunicó a Eduardo Sosa que había cesado en el ejercicio de su cargo pues este había dejado de existir. Este relato que parece salido de una novela del más puro realismo mágico antecedió otros "arreglos" institucionales. Se amplió de tres a cinco el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, que en ese momento tenía una vacante, y, por lo tanto, el gobernador pudo designar a tres nuevos miembros "confiables" y colocar a la cabeza a Carlos Zannini. Para así decidir se violó groseramente la garantía constitucional de inamovilidad que le reconoce la Ley Fundamental al funcionario.

Se revisaron las funciones de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Investigación Financiera para despojarlas lo máximo posible de su capacidad de denuncia de la corrupción y de investigación del lavado de activos

Esta suerte de gambito no por casualidad es recordado en estos tiempos de furia. Presenta una notoria similitud con los movimientos de la administración actual, verdadero "trabajo de zapa" que comienza con el nombramiento de Zannini al frente de la Procuración General del Tesoro, pese a ser objeto de varios procesos, acusado de la comisión de delitos de corrupción. Hoy asesora al Presidente en la defensa del Estado en esos mismos procesos en su calidad de jefe de los abogados del Estado a fin de proteger el patrimonio estatal. Se revisaron las funciones de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Investigación Financiera para despojarlas lo máximo posible de su capacidad de denuncia de la corrupción y de investigación del lavado de activos.

Esta saga no se detiene allí: ante la falta de votos en el Senado para la designación de Daniel Rafecas, se lanza una "caza de brujas" contra el procurador general provisorio. Eduardo Casal es un profesional que no debe esa posición a una designación política, sino que ha debido llenar la vacante en la titularidad de la Procuración hace más de dos años cuando el entonces presidente Macri tampoco consiguió el acuerdo del Senado para su candidata a ese cargo. Su pecado es ser independiente, condición que para la lógica K es un demérito que debe ser corregido con la remoción. Sosa y Casal consideran que las decisiones de los jueces deben responder a la interpretación más estricta del derecho vigente sin especulaciones políticas.

La operación comenzó con un proceso de investigación de la conducta del procurador en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, a través de audiencias públicas en las que son oídos los representantes de organismos que pertenecen al universo K. En los medios del mismo signo se pone en marcha una campaña de desprestigio del funcionario, que goza de una foja impecable de servicios. Se modifica la composición del Jurado de Enjuiciamiento a fin de lograr una mayoría favorable a la remoción.

Se fuerzan cambios en los tribunales federales en lo penal competentes en los procesos que comprometen a la vicepresidenta. Gran parte de los argentinos observamos absortos la persecución de que son objeto los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En 2018, ante las vacantes que se habían producido en la Cámara Federal y en un tribunal federal oral, fueron trasladados por decisión del Consejo de la Magistratura con la conformidad de la Corte Suprema, plasmada en sus acordadas 4 y 7. El alto tribunal consideró que dado que ya habían obtenido el acuerdo del Senado para un cargo de igual rango, jurisdicción y competencia no era necesario un nuevo pronunciamiento de la Cámara.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, con cambios en su composición, decide volver sobre sus pasos, a pesar de que desde 1995 fueron trasladados 65 jueces federales sin el acuerdo del Senado, de los cuales veintitrés lo fueron por Néstor y Cristina. No obstante ello, el Consejo eleva los pliegos de los tres magistrados para que el Senado les preste un nuevo acuerdo. Ello con alcance retroactivo, en violación de las garantías de inamovilidad de los jueces, del juez natural del proceso y desconociendo que lo decidido ya era cosa juzgada administrativa. El Senado, como era previsible, accede y decide no prestar el acuerdo, de resultas de lo cual, y previo decreto presidencial, los jueces son repuestos en sus anteriores cargos. En contra de la seguridad jurídica, en la actualidad todo acto del Estado puede ser revisado sin solución de continuidad.

El "vicepresidencialismo", categoría inédita de forma de gobierno, se ha instalado en la Argentina en oposición al presidencialismo que contempla la Constitución. Cristina no solo maneja el Senado como si se tratase de una "casa tomada", sino que ha capturado la titularidad del Poder Ejecutivo y avanza en la conquista del Judicial. Ello a fin de asegurarse su impunidad y la de su familia. A través de la reforma de la Justicia, empantanada en Diputados, pretende lograr la suma del poder público. La función del vicepresidente ha sufrido una curiosa mutación. Quien fuera considerado en algún momento un simple "potiche" al que le correspondía únicamente "tocar la campanita" –la Constitución solo le reconoce el derecho de voto en caso de empate y el manejo administrativo de la cámara alta– hoy es un mandamás que no duda en saltar por sobre la Ley Fundamental. El presidente de iure de la Nación Argentina se ha convertido en su delegado, al que ordena arremeter contra los otros poderes de la República, que ya venía bastante maltrecha pero que hoy está a punto de ser destruida.

Una sociedad empoderada y harta del ejercicio abusivo y destructivo del poder, de la corrupción y de su peor corolario, la impunidad, ha salido a las calles, protagonizando una verdadera epopeya cívica. La marcha de las antorchas frente al Palacio de Justicia constituyó un pedido desesperado a la Corte Suprema para que frene la embestida y marque el camino opuesto, como ya lo había hecho en 2013. Esta vez su silencio, aun habiéndose puesto en tela de juicio su autoridad, nos desconcierta.

Carlos Pagni recordaba hace unos días a aquel granjero que había construido un molino frente al palacio de Federico de Prusia, quien, molesto porque modificaba el paisaje, le ofrece la compra y ante la negativa lo amenaza con la expropiación. Pero son los jueces berlineses quienes impiden el atropello del soberano. ¿Tendremos magistrados de ese calibre en la Argentina? Nos preguntamos si la Corte será capaz de frenar los ímpetus de una soberana despiadada o quedará en la historia como aquella Corte que en 1930 dictó una acordada de convalidación del primer golpe de Estado que destruyó nuestra continuidad constitucional y marcó el inicio de una decadencia que no cesa hasta el presente.

Profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho (UBA)