Nicaragua: que cese la barbarie

La represión en el despótico régimen de Daniel Ortega no tiene fin. Las detenciones ilegales y arbitrarias, las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; la censura y los ataques contra la prensa y la Iglesia, además de los asesinatos y masacres de opositores a manos de la policía y aparatos paramilitares son moneda corriente. Sobre la particular situación, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, manifestó que "el estado de miedo se transformó en la política oficial".

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses, desafiando la brutal represión instaurada por el gobierno, han exigido en las calles el final de un régimen autoritario y corrupto que ha apuntado los fusiles contra su pueblo. El descontento social fue escalando, en medio de exigencias de mayor libertad y de la renuncia de la tiránica dupla que maneja el país a su antojo convirtiendo las manifestaciones en un baño de sangre, a la manera de la dictadura venezolana.

En los últimos ocho meses las cifras de la violencia y la represión gubernamental son trágicas: más de 370 muertos, 600 presos políticos, procesos judiciales viciados y allanamientos contra la prensa independiente que revela la verdad de lo que sucede. Tan solo un ejemplo se vio cuando fuerzas policiales asaltaron y saquearon la redacción del periódico digital independiente Confidencial, crítico del gobierno, sustrayendo computadoras, archivos e información de los periodistas.

La crisis, que hizo retroceder a Nicaragua a uno de los países más pobres de América latina, provocó que cientos de medianas y pequeñas empresas cerraran y muchos nicaragüenses se hayan visto obligados a salir del país por temor a la violencia o en busca de un empleo que sustituya el que han perdido. Desde abril pasado 430.000 personas perdieron su empleo, 60.000 emigraron a otros países y el turismo cayó un 50%. Pobreza, corrupción y nepotismo han sido los resultados de un gobierno que cada día se parece más al de Nicolás Maduro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno por graves violaciones de derechos humanos. En el contexto de reducción de los espacios democráticos, la reacción de Ortega no se hizo esperar.

El gobierno nicaragüense suspendió las acciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), los dos dependientes de la CIDH, que a su vez funciona como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Siendo clara la intención de Ortega de aferrarse al poder a toda costa, se hace necesaria la intervención de los organismos multilaterales para concertar medidas más eficientes de presión y de los gobiernos democráticos del mundo, que no se pueden resignarse a que Nicaragua se pierda en el infierno de la dictadura.