No le echemos la culpa a "la tormenta perfecta"

Se está por cumplir un mes de la tormenta que entre el 4 y el 5 de abril pasado dejó en la ciudad -además de un saldo luctuoso e importantes pérdidas materiales- una sensación amarga por el hecho de que en la era de las posrevoluciones científicas surja un discurso dominante de carácter fatalista. Es el que atribuye a la naturaleza la causa de todo lo sucedido y que convenientemente oculta responsabilidades legitimando la falta de previsión, de compromiso y de políticas públicas claras.

No fue esta la primera ni seguramente la última vez que vientos de esta envergadura golpean a la Capital Federal y al conurbano bonaerense como para seguir sosteniendo el argumento de "la tormenta perfecta". Desde la década del 80, al menos una veintena de tormentas violentas golpearon la región metropolitana e incluso algunas alcanzaron ráfagas de más de 120 kilómetros por hora, con árboles y techos destruidos y pérdidas millonarias. Aunque le hayamos concedido a la última la magnitud de tornado, el tremendo daño generado no puede atribuirse sólo a la violencia del fenómeno.

El discurso dominante de carácter fatalista es el que atribuye a la naturaleza la causa de todo lo sucedido y que convenientemente oculta responsabilidades

Para la geografía moderna "riesgo" y "desastre natural" son dos caras de la misma moneda y se abordan como un solo tópico en los programas académicos de todas las universidades del mundo.

El geógrafo inglés Peter Haggett sostiene que lo que separa a un riesgo natural de un desastre es la capacidad que la sociedad tiene de adaptarse o no a la incertidumbre que le plantea el sistema físico-natural, es decir, lo que se denomina en la jerga de la planificación territorial de los países desarrollados "gestión del riesgo", que tiene en cuenta varias cuestiones. A saber:

1. Quizás la más importante. En el caso de grandes tormentas, huracanes y tornados, es la fase preventiva, constituida por el acceso a información meteorológica de calidad, los estándares específicos de construcción de las viviendas y hasta los simulacros de acción y evacuación por parte de la sociedad civil llamados "drills".

2. La acción frente al evento ya consumado. Aquí es donde juegan un rol preponderante, como regla de oro, las organizaciones intervinientes: Bomberos, Defensa Civil, Policía y los distintos recortes territoriales con competencia sobre el área afectada. Mientras que en los países desarrollados las superposiciones de jurisdicción derivan en acciones coordinadas y complementarias entre las autoridades de acuerdo a protocolos de emergencia, lo que permite salvar vidas y minimizar las pérdidas materiales, en los países en desarrollo como la Argentina sucede lo opuesto: improvisación y externalizacion de responsabilidades que derivan en parálisis y dilaciones temporales con consecuencias fatales para la gente afectada.

3. Un conjunto vasto de medidas que apuntan a la reconstrucción y al apoyo financiero y moral para quienes padecieron el desastre. Distribución gratuita de materiales de construcción, profesionales expertos que ayudan a víctimas a lidiar con el estrés generado por las pérdidas económicas y materiales, créditos blandos para la vivienda y seguros.

El problema es que el país padece una falta crónica de gestión de riesgo y califica muy bajo en cualquiera de los aspectos arriba mencionados.

Para la geografía moderna "riesgo" y "desastre natural" son dos caras de la misma moneda

Un elemento no menor a la hora de considerar las causas de la falta de respuestas al problema es una falsa noción muy instalada en nuestro imaginario que "naturaliza la ausencia del riesgo", y que nos pinta como un "territorio beneficiado, cuya naturaleza pródiga nos libra de desastres".

Quienes tuvimos la oportunidad de ir a la escuela en los años 80 escuchamos en aquel entonces en la calle y hasta en boca de nuestros profesores de geografía versiones parecidas de algunos clichés tales como: "Argentina tiene todos los climas ", "En este país tirás una semilla y crece" y "En nuestro país no tenemos huracanes, terremotos o fenómenos naturales violentos".

Mientras que los dos primeros nos invitan a interrogarnos como nación por no haber aprovechado esas ventajas naturales, abriendo el juego para el debate y las respuestas posibles desde distintas teorías del desarrollo -más allá de su cuestionada mirada fisiocrática y determinista- el último de ellos genera el efecto opuesto: complacencia desde la gestión y parálisis. Y esto aunque existe cierto correlato real que fundamenta esta postura: en la Argentina la mayoría de las zonas densamente pobladas se encuentran alejadas de las áreas tectónicamente activas y castigadas por fuertes vientos.

Sin embargo, los eventos de los últimos años son más que elocuentes: aludes en Tartagal, inundaciones frecuentes y devastadoras en toda la región chaco-pampeana, tormentas violentas con vientos huracanados en toda la provincia de Buenos Aires y en el AMBA, sequías y desertificación. Estas situaciones instalan al país en el mapa del riesgo ambiental.

Lejos de ser una excepción, Buenos Aires es una de las áreas más afectadas. El fuerte crecimiento urbano registrado en las últimas dos décadas, que tuvo como pauta principal un carácter anárquico en el acceso al escaso territorio disponible por parte de la población de bajos recursos, es una causa estructural del desastre. La falta de tierras aptas se explica por una creciente especulación inmobiliaria posibilitada por marcos legales que favorecen los grandes desarrollos privados en detrimento de la vivienda social. Los pobres se acomodan donde pueden y como pueden en zonas que por lo general son bajas, inundables y de accesibilidad deficiente. Esto sumado a la precariedad de los materiales usados para la construcción, los coloca en situación de mayor vulnerabilidad y explica el carácter socialmente selectivo del impacto.

Los pobres se acomodan donde pueden y como pueden en zonas que por lo general son bajas, inundables y de accesibilidad deficiente

Es de destacar la importancia del anuncio del gobierno nacional con relación al proyecto del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos que influiría sobre la calidad de pronosticación a nivel nacional y regional, contribuyendo sensiblemente a una mejora en la calidad de la información para la toma de decisiones. Sin embargo, esto es apenas un primer paso en un largo camino donde resulta clave la constitución del problema en política de Estado. Esta decisión implica, entre otras cosas: definición de protocolos de acción, consensos de largo plazo entre el gobierno nacional, las provincias, los partidos políticos y las organizaciones con competencia sobre las áreas más expuestas, inversiones en infraestructura y servicios y una articulación eficiente con la comunidad científica en cada una de las instancias del proceso.

La apuesta vale la pena porque la mejora en la capacidad de gestión del riesgo repercute inmediatamente en la economía. Genera un enorme ahorro de recursos a nivel nacional y disminuye de manera drástica los grandes costos de cosechas perdidas e infraestructura dañada. Pero, por sobre todas las cosas, nos reconcilia con la idea de no ser meros espectadores pasivos de una película ya demasiado vista y que tiene siempre el mismo final.