Nobleza de arrabal

Algunos de los más encumbrados próceres de la independencia argentina propusieron, mientras la nación se hallaba aún en ciernes, que se adoptara como sistema de Gobierno la monarquía constitucional. Había razones estratégicas que sugerían ese rumbo. La restauración monárquica en Europa luego de la caída de Napoleón Bonaparte, que tuvo su famosa escenificación en el Congreso de Viena, no parecía el contexto ideal para el florecimiento de las nacientes repúblicas sudamericanas.

Pero primó la convicción a la estrategia. La Argentina habría de ser una república constitucional edificada en torno a algunos principios fundamentales, como el de igualdad ante la ley. De ahí que el artículo 16 de la Constitución Nacional establezca, desde 1853: “La Nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Para nuestra sorpresa, ha aparecido ahora (o ya existía, pero la pandemia la hizo más visible) una nueva categoría nobiliaria, que reclama privilegios como los que había en el Antiguo Régimen, antes de la Revolución Francesa. Lo ha puesto de manifiesto, en un reciente reportaje televisivo, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Como es sabido, este funcionario se vacunó indebidamente, porque en el momento de hacerlo no tenía prioridad ni por edad ni por razones de salud. Para colmo, no solo obtuvo una preferencia ilícita, sino que mintió deliberadamente para conseguirla, al declarar que era personal de salud.

En esa entrevista, Zannini, lejos de pedir disculpas por su descaro, sacó pecho. Sostuvo que no había violado ninguna norma, lo que es manifiestamente falso, y solo se arrepintió de no haberse sacado una foto cuando se vacunaba, acaso para aumentar más, lo que pareciera gratificarlo, la irritación de gran parte de la sociedad con los llamados “vacunados VIP”. Pero no se quedó ahí. Aprovechó también para criticar a Horacio Verbitsky, cuya vacunación irregular motivó un escándalo que derivó en la remoción del ministro de Salud, Ginés González García, no por su conducta reñida con la ética, sino por lo contrario: por haber pedido disculpas: “Le dije: ‘Estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad’. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna”.

La concepción antirrepublicana de Zannini, uno de los dirigentes de más estrechos vínculos con Cristina Kirchner, no podía ser puesta en evidencia de forma más contundente. Para él, Verbitsky tenía derecho a vacunarse antes que una persona mayor que él o enferma porque era una “personalidad” que, como tal, debía ser protegida por la sociedad. A la antigua nobleza de sangre la ha sustituido, según el jefe de los abogados del Estado, una peculiar nobleza de personalidades. Por cierto, la determinación de quién es y quién no es una personalidad le corresponde al Estado, siempre que el Estado sea conducido por el kirchnerismo. Si no lo es, como ya lo sabemos, se tratará de un Gobierno ilegítimo.

No asombra tanto el usufructo de privilegios por parte de esta casta, ya que en sus tradicionales prácticas patrimonialistas suelen confundir sin el menor escrúpulo los bienes públicos con los propios, sino el desparpajo con el que exhiben esa impudicia. Las vacunas que él y tantos como él se hicieron aplicar indebidamente son las que se les negaron a muchos argentinos que las necesitaban. Algunos se enfermaron y otros murieron por esa postergación. Pero ese drama no hace mella en el espíritu de esta nueva nobleza, que vive encerrada en su propia realidad, tan distante de la que cada día sufren sus compatriotas.

Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA