Nuestra deuda es con la justicia

Los argentinos hemos sido testigos de numerosos ataques del gobierno nacional contra el Poder Judicial. El último fue la media sanción en el Senado de la ampliación de la Corte Suprema, Un proyecto incompleto que nació primero con 25 miembros para luego “negociar” en 15 sobre el que no sabemos aún cómo se organizarán: ¿será en salas o sesionarán en plenario? Eso parece mejor dejarlo sujeto a otra ley futura, porque lo acuciante ahora es responder a las necesidades políticas. De espaldas, como siempre, a la sociedad.

Este no es más que otro intento de avance contra la justicia. Otro de esos proyectos que tampoco tienen en cuenta a la sociedad, como lo han sido la reforma del Poder Judicial Federal o la del Ministerio Público Fiscal que, de haberse sancionado, seguramente nos hubiera privado de presenciar la tarea titánica y valiente de los fiscales Luciani y Mola en la causa Vialidad. Tampoco podemos olvidar el intento de avanzar con un nuevo proyecto para el Consejo de la Magistratura a contramano de lo establecido por la Corte en su sentencia del 16 de diciembre pasado porque, lejos de restablecer el equilibrio entre estamentos políticos y técnicos, se le incorporó una comisión completamente integrada por Senadores nacionales para lograr los votos en la Cámara Alta. La política en su máxima expresión.

Afortunadamente, todas estas iniciativas parecen tener marcado un mismo destino: ver paralizado su avance en la Cámara de Diputados y esperar a que pierdan estado parlamentario.

A partir del retorno al primer Consejo de la Magistratura que tuvimos los argentinos en abril pasado, ha recobrado su impronta técnico legal necesaria para afrontar los desafíos que tiene la Argentina en materia judicial.

Tan es así que, en tan sólo seis meses, la institución aprobó el doble de designaciones de jueces que en todo el año 2021. Además, se recobró el equilibrio en la integración de las comisiones, donde la abogacía recuperó su lugar y protagonismo en la Comisión de Selección, esencial para que los profesionales de a pie tengamos las mismas oportunidades que aquellos que provienen de la carrera judicial. Se está avanzando en procesos disciplinarios y ya se está debatiendo en el seno de las comisiones un nuevo proceso de selección de jueces, más transparente, objetivo, con igualdad de oportunidades y mayor participación ciudadana.

Ahora bien, este año el Consejo debe volver a renovarse por completo -con excepción del Presidente de la Corte Suprema y el representante del Poder Ejecutivo-, y es necesario el compromiso de la ciudadanía para que la institución pueda recuperar el camino de la institucionalidad con real independencia.

Por ello, el 18 de octubre los abogados de todo el país debemos ir a votar a nuestros cuatro representantes, convencidos de que es la única forma de lograr un mejor servicio de justicia. Los jueces también irán a las urnas ese mismo día y los profesores titulares de las facultades de derecho de Universidades Nacionales deberán votar a su representante en una elección indirecta reñida con la ley y envueltos en cuestionamientos judiciales.

Para terminar con los intentos del gobierno kirchnerista de dominar a la justicia, todos los argentinos debemos involucrarnos. Debemos asegurarnos que las vacancias judiciales se completen con jueces idóneos y probos. No permitamos que lleguen los “amigos del poder” que buscan la impunidad de unos pocos, y no una justicia al servicio de la sociedad.

Consejera de la Magistratura Nacional, y candidata a la reelección por la Lista 3