Nuevas organizaciones para los nuevos tiempos

Un Borges apócrifo que escribiera hoy "El idioma analítico de John Wilkins" probablemente diría que los beneficios del Covid se dividen en: a) los chicos lavan los platos y se hacen las camas, b) bajó la polución ambiental, c) Mirtha ungió a Juana como sucesora, d) Arjona suspendió sus recitales, e) volvió el pan casero de masa madre, f) el Estado y el Gobierno hicieron evidentes sus niveles de incompetencia, y g) surgieron ciertas iniciativas privadas esperanzadoras. El autor quizá también haría notar que los puntos f y g guardan cierta relación entre sí. Y que estamos en el primer capítulo de una nueva historia.Sobre el punto f, primero hay que distinguir incompetencia estatal de gubernamental: se parecen pero no son lo mismo. Incompetencia estatal es la incapacidad constitutiva que tiene el Estado para hacer ciertas cosas, sin importar quién gobierne. Por ejemplo, crear riqueza. No puede porque fue diseñado para otra cosa. Incompetencia gubernamental, en cambio, es la torpeza de los gobiernos para hacer bien lo que sí se espera del Estado: impartir justicia, proveer servicios de salud, educación y seguridad, y generar las mejores condiciones posibles para que los individuos puedan trabajar, producir y prosperar. Las dos incompetencias se alimentan entre sí: cuando el Estado se pone a hacer cosas para las que no está hecho, le salen mal, y de paso incrementa las chances de no hacer lo que debe. Administra (mal) una aerolínea y no logra controlar el delito.

Si la Argentina es competitiva en un sector de la economía, es en el agro. Nadie lo duda. Todo lo que sirva para atraer inversiones para aplicar más tecnología al campo suma: genera más productividad, lo que redunda en más recaudación fiscal. Más para repartir a los que menos tienen. Lo único que necesita el sector es respeto a la propiedad privada, reglas claras y razonabilidad en la presión fiscal. Sin embargo, el Presidente anunció que resolvería los problemas de Vicentin, de larga data, estatizando la empresa. Los inversores, que ya consideraban que la Argentina era campo minado, entraron en pánico. Aunque Fernández retrocedió ante la indignación social, el amague hizo lo suyo minando de nuevo la confianza. Además, el sector más ideologizado del Gobierno aprovechó para defender el vandalismo de los silobolsas con argumentos surrealistas. Grave error.

En estos días de pandemia, miles de individuos descubrieron que podían trabajar desde sus casas, conectados a internet, sin necesidad de viajar horas hacinados en trenes, colectivos y subtes. Varias organizaciones empezaban a sentirse a gusto con la idea. Menos gastos, menos traslados, menos polución. Además, una pyme de Munro podía emplear a un vecino de General Acha o Cañada Ombú con cierta flexibilidad. Una nueva oportunidad de promover además el federalismo. Pero no: el Congreso aprobó en pocos días una ley de teletrabajo que agrega rigidez a las formas de contratación y desanima a las compañías que empezaban a entusiasmarse. Pergolini haría célebre su opinión sobre los senadores y diputados que apoyaron la ley: "Son un grupo de imbéciles".

Si se quiere atraer inversiones y proteger el valor de la moneda, nada como dar certezas. No muchas, las básicas: que la propiedad privada va a ser inviolable, que el capital va a poder moverse más o menos libremente y que la Justicia va a ser independiente de los demás poderes del Estado. Nadie invierte donde reina la arbitrariedad. El Presidente busca animar el espíritu aventurero de los empresarios con frases amistosas sobre la nueva Argentina productiva, inclusiva y federal. Parece no advertir que su gobierno envía señales alarmantes sobre la legitimidad de la toma de tierras; refuerza el cepo, que impide mover dólares libremente, e impulsa iniciativas al menos sospechosas que impactan en el Poder Judicial. El perfecto autoboicot.

Pero no todo lo que pasó en estos meses es malo. Además del acuerdo con los bonistas sobre el pago de la deuda soberana –un logro del Gobierno–, aparecieron iniciativas de ciudadanos u organizaciones que podrían ser una luz al final del túnel. El valor de estos proyectos no depende tanto de su efectividad, sino del paradigma disruptivo que los anima: somos mayores de edad, no necesitamos de papá Estado para resolver todos nuestros problemas. A pesar de su obviedad, es una idea nueva para nosotros. Y su potencial es todavía desconocido para el país.

En el lejano marzo, cuando inaugurábamos la cuarentena, los más vulnerables ya empezaban a sentir hambre. El Gobierno hacía evidente su impericia para comprar y distribuir alimentos y el problema no podía esperar. Entonces, un grupo de personas y organizaciones religiosas, sociales y empresarias se organizó bajo el nombre de #SeamosUno y encararon el problema con eficacia. Con todos sus procesos de donaciones, administración, compras y logística auditados por Deloitte, EY, KPMG y PWC, llevan distribuidos millones de cajas de alimentos y productos de higiene en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El Gobierno solo indicó en qué localidades estaban las mayores necesidades. Iniciativa privada para resolver un problema social: raro en la Argentina.

La inactividad forzada de sectores enteros generó un problema serio en las empresas: caída abrupta de ingresos y dificultad para reducir costos fijos, agravada por la prohibición de despidos. Pero cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Los sectores que incrementaron su actividad durante la cuarentena tienen necesidad de personal extra y pueden absorber de manera temporal a empleados inactivos de otros. Unilever, General Motors, Mercado Libre, Le Pain Quotidien, McDonald’s, Burger King y la Cámara del Software, entre otros, firmaron diversos acuerdos que resolvieron problemas a todas las partes y salvaron cientos de puestos de trabajo. El Gobierno se limitó a no entorpecer. Inusual.

Y hay un tercer caso, que es más simbólico que efectivo por ahora, pero que podría terminar siendo una bisagra en la historia argentina: el 21 de julio de 2020 se recordará como el día en el que lo más granado del establishment empresarial y sindical conversó durante una hora y media sobre el futuro del país sin que el Gobierno los hubiera convocado. Los miembros de AEA y la CGT sellaron su reunión de Zoom con un documento que parecía escrito por Churchill: le pedían al Gobierno una rebaja de impuestos y que llegara pronto a un acuerdo con los acreedores internacionales para darle previsibilidad y competitividad a la economía argentina. Absolutamente excepcional.

Si bien es cierto que una golondrina no hace verano, cuando aparecen varias en el cielo se acerca el cambio de estación. Podría estar pasando eso: que ya no se espera todo del Estado, que los individuos y las organizaciones empiezan a encontrar formas colaborativas eficientes, que aparecen nuevos estilos de liderazgo más imaginativos y horizontales. Si esta tendencia se profundiza, podría pasar que los públicos empiecen a exigir a las empresas y otras organizaciones lo que antes esperaban del Estado: que con ellas se coma, se cure y se eduque. Quizá sea tiempo de prepararse. El futuro se nos vino encima.

Socio director de Infomedia

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