Nuevas respuestas frente a las crisis en una economía global

La crisis financiera del sudeste asiático pone nuevamente en el tapete la conveniencia de un prestamista de última instancia. Tal como está planteado hoy, el tema tiene una dimensión nacional y otra internacional.

En el nivel nacional, esta discusión se remonta al siglo pasado y está relacionada con la aparición de los bancos centrales, aunque episodios como la crisis de los años 30, que dio lugar a la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, y, más tarde, las crisis financieras las décadas del 70 y del 80, llevaron a que el tema se debata ahora con mayor intensidad.

La cuestión del prestamista de última instancia internacional es más reciente y sólo alcanzó relevancia con la crisis mexicana de 1994 y la asistencia internacional que ese país recibió entonces.

El origen de la discusión sobre el prestamista de última instancia debe buscarse en la existencia de riesgo sistémico en el sector financiero como consecuencia de la caída de una entidad; es decir, el incumplimiento de un banco de las obligaciones con sus depositantes puede llevar a una desconfianza respecto de otras entidades del sistema y generar una corrida generalizada contra los depósitos.

En esos casos puede ser conveniente que alguien, el Banco Central, ofrezca liquidez a los bancos para que éstos puedan cumplir sus obligaciones con los depositantes y también atenuar los efectos de una fuerte restricción crediticia sobre la economía.

En el caso en que una entidad financiera quiebre, puede ser necesario evitar que los depositantes sufran una pérdida sustancial de sus acreencias, ya que ello, además de problemas de equidad, puede llevar a un retiro masivo de depósitos de otras entidades. Este temor llevó, a mediados de 1930, a la aparición de esquemas de protección al depositante, o en otras palabras de esquemas de garantía implícita o explícita.

Los riesgos morales

La existencia de prestamista de última instancia y de mecanismos de garantía de los depósitos es criticable ya que puede generar riesgos morales en los accionistas y los depositantes de los bancos: los primeros porque pueden tomar riesgos innecesarios en su actividad con la idea de que el Banco Central los va a salvar; los segundos pueden partir de la idea de que pase lo que pase con la entidad van a recuperar los depósitos.

El primer tipo de riesgo se puede evitar castigando a los accionistas sin perjudicar a los depositantes, tal como está haciendo ahora Japón y como lo hizo, por ejemplo, España durante las últimas dos décadas. El segundo, con esquemas de protección parcial a los depositantes.

Cuántos recursos hay que utilizar del prestamista de última instancia y cuánto proteger a los ahorristas en cada situación depende de la magnitud y de la característica de la crisis, así como también del estado de la entidad en cuestión. Los bancos centrales deben tener libertad de acción para actuar de una u otra manera de acuerdo con su juicio cuando entiendan que la estabilidad del sistema puede estar en peligro.

En el caso argentino, como resultado de las reformas de comienzos de la década del 90 a la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras, se había casi prohibido la posibilidad de que el Banco Central actuara como prestamista de última instancia y que tuviera poderes discrecionales en caso de crisis financiera. Además, se había eliminado cualquier mecanismo de protección a los ahorristas.

Por ello durante la crisis de 1995 y mientras crecía la incertidumbre de los ahorristas, hubo que cambiar de apuro la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras, y crear un sistema de garantía de depósitos y un Fondo Fiduciario para la capitalización de las entidades con problemas.

Como consecuencia de ello, hoy tenemos instituciones más sólidas para el sistema financiero, se necesitan algunas modificaciones a la legislación existente, incluyendo una inteligente red de seguridad con bancos del exterior.

La discusión del prestamista de última instancia se ha trasladado al escenario internacional. Después del rescate de México (US$ 12 mil millones en un paquete total del orden de los 50 mil millones) en 1994, el FMI ha actuado como prestamista de última instancia en Tailandia (3,9 mil millones en un paquete total de 17 mil millones) e Indonesia (10 mil millones para un total de 40 mil millones) y parece listo para actuar en Corea del Sur, donde un préstamo de 20 mil millones para un paquete total de 50 o 60 mil millones no parece suficiente.

Interrogantes por el FMI

La actuación del Fondo como prestamista de última instancia genera un conjunto de interrogantes.

En primer lugar, se suscita la pregunta acerca de en qué casos el Fondo debe actuar. Aquí hay claramente dos criterios: adecuada política económica (aunque cabe la discusión de qué significa -adecuada- para el Fondo) y posibilidad de aparición de riesgo sistémico.La respuesta obvia es que ambos criterios debieran utilizarse conjuntamente, aunque a veces la decisión puede no ser tan sencilla, ya que mientras se discute respecto de cuál es la política correcta se puede generar incertidumbre en otros países.

En segundo lugar, está el tema del -riesgo moral-, ya que al igual que en el caso de los bancos, los gobiernos pueden estar menos dispuestos a llevar a cabo políticas macro adecuadas en la medida en que entiendan que alguien acudirá en su auxilio; y, por su parte, los inversores en papeles de un determinado país estarán menos preocupados en su capacidad de repago si piensan que alguien "pagará la cuenta".

El tema no tiene una resolución fácil, aunque si el "salvamento" fuese como el de México, Tailandia e Indonesia, los gobiernos no tendrían incentivos para realizar políticas inadecuadas, ya que los costos asociados a las "soluciones" son muy elevados, por ejemplo en térm1nos de devaluación, caída del salario real y recesión. Por otra parte, si bien los tenedores de obligaciones en moneda extranjera no han tenido pérdidas, éste no ha sido el caso de los inversores en moneda local (en la bolsa, en bonos y en depósitos), considerando que el Fondo, hasta ahora y con excepción de la Argentina en 1995, siempre llegó después de la devaluación. Dicho sea de paso, si Brasil decide finalmente buscar asistencia del Fondo para aumentar la credibilidad de sus políticas, esperemos que su caso se parezca más al de la Argentina que al del resto del mundo.

En tercer lugar está el tema de los instrumentos y en especial de los recursos para actuar como prestamista de última instancia. Concentremos en el tema de los recursos. El aporte de los países miembros al FMI suma 145 mil millones de DEG, o sea, alrededor de 200 mil millones de dólares. De ese importe, no más de la mitad de los aportes está hecho en monedas de reserva y, por lo tanto, se pueden utilizar para préstamos, o sea, aproximadamente 72 mil millones de DEG. De ese total, la mitad está actualmente prestado, con lo que para futuros rescates sólo quedan alrededor de 36 mil millones de DEG, o sea 50 mil millones de dólares. Si se utilizara la mitad para Corea quedarían sólo 25 mil millones de dólares de recursos, que con dos o tres casos más se verían agotados.

Esto nos da una idea de la magnitud del problema cuando los países involucrados son relativamente grandes y las dificultades están vinculadas en forma creciente con los stocks y no con los flujos de la cuenta corriente.

Las responsabilidades

Esto último constituyó la preocupación del FMI desde su creación hasta no hace mucho tiempo. También nos plantea la cuestión de los recursos. Más allá de que, en caso de emergencia, se pueda utilizar un fondo especial de alrededor de 50 mil millones de dólares constituido para el caso de dificultades en los países desarrollados, el tema fundamental es que si el Fondo actúa como prestamista de última instancia internacional ello requerirá un aporte sustancial de los países desarrollados.

En todo caso, lo que parece quedar cada vez más claro es que así como la globalización pone claras restricciones a la política económica de los países emergentes, también parece imponer cada vez mayores obligaciones a los países desarrollados. Así como los primeros parecen entender la nueva realidad, esperemos que los segundos entiendan sus nuevas responsabilidades en un mundo globalizado.

(*)El autor es economista y consultor .