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OPINIÓN

Nunca más la inflación como política de Estado

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El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; y el presidente y vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili y Vladimir Werning.
El presidente Javier Milei anunció hoy, en Cadena Nacional, el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.Presidencia
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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central puede marcar un antes y un después en la historia argentina. Aunque parezca una cuestión meramente técnica, estamos hablando de la herramienta legal que utilizó la política para su proyecto corporativo: poner dinero en el bolsillo de la gente a costa de destruir, con la inflación posterior, los salarios, el ahorro y toda inversión productiva posible.

Javier Milei decidió presentar esta reforma por cadena nacional porque la importancia del asunto lo amerita. Estamos ante la posibilidad de abrir una etapa inédita de nuestra historia: que nunca más el poder político pueda utilizar la moneda como instrumento de financiamiento. Pasaron gobiernos de todos los colores. Cambiaron los discursos y los nombres de los planes económicos. Pero, salvo breves períodos, se mantuvo una constante: la pésima política monetaria.

Como destacó el Presidente, desde la creación del Banco Central en 1935 la inflación acumulada en nuestro país fue de casi 13 trillones por ciento. Una cifra de 20 dígitos tan absurda como impronunciable. Una institución creada, supuestamente, para preservar el valor de la moneda consiguió exactamente lo contrario. Podemos decir que fracasó con total éxito.

El Papá Noel estatal

Los políticos argentinos descubrieron hace décadas una forma sencilla de evitar las consecuencias inmediatas de su propia irresponsabilidad. Cuando gastaban más de lo que recaudaban, en lugar de reducir el gasto, ordenaban al BCRA imprimir dinero.

El Gobierno podía aumentar jubilaciones, subsidiar tarifas, multiplicar el empleo público y repartir planes sociales sin subir abiertamente los impuestos. La gente recibía más billetes, aumentaba momentáneamente el consumo y el político de turno podía presentarse como Papá Noel. Regalos para todos “sin costos”, siempre sin explicar de dónde salía la plata.

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El problema es que esto una estafa. Después de unos meses, los precios empiezan a subir. Los argentinos tienen más billetes, pero esos billetes compraban menos cosas. Esto es porque la emisión monetaria no multiplica la producción. Solamente modifica la cantidad de dinero necesario para comprar los mismos bienes. La impresión de billetes no genera la riqueza que nos falta: destruye la riqueza que ya tenemos.

La inflación, además, no afecta a todos de la misma manera. El dinero nuevo llega primero al Estado, sus contratistas, los sectores subsidiados y quienes se encuentran cerca del poder. Ellos pueden gastar antes de que todos los precios se ajusten. El trabajador, el jubilado y el pequeño comerciante reciben el impacto después, cuando los precios ya aumentaron y sus ingresos todavía no.

La inflación afecta todavía con mayor impacto en los más pobres que no tienen refugio en el dólar o activos financieros. Por eso es el impuesto más empobrecedor y cobarde. No necesita pasar por el Congreso. No aparece en los ticket. No llega en una boleta. El Estado simplemente reduce el valor del dinero que los ciudadanos ganaron trabajando.

La moneda es una promesa

Una moneda es una institución basada en la confianza. Durante décadas, el Estado argentino traicionó esa confianza. Los políticos utilizaron la moneda como si fuera de su propiedad y así transformaron al peso en una moneda que los propios argentinos intentaban sacarse de encima.

Nadie quería ahorrar en pesos. Los precios de las propiedades se expresaban en dólares. Incluso alquileres llegaron a publicarse en dólares hacia el final de la gestión Alberto-Cristina-Massa. Los contratos se volvían mensuales. Las empresas no podían calcular costos. Las familias compraban y acumulaban en alacenas para evitar quedarse con pesos. La inflación destruyó la posibilidad de pensar a largo plazo. Es la enfermedad a la que nos sometieron los políticos.

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La verdadera riqueza nace del trabajo, el ahorro, la inversión, la creatividad y el comercio. Es una cuestión económica, pero también moral: nadie tiene derecho a apropiarse del fruto del esfuerzo ajeno.

Un candado para la política

La Carta Orgánica modificada por el kirchnerismo en 2012 le asignó al Banco Central múltiples objetivos, entre ellos, desarrollo económico con equidad social. Detrás de esas líneas palabras se escondió la posibilidad de justificar prácticamente cualquier intervención.

La reforma propuesta por Milei vuelve a establecer una misión única y central: preservar el valor de la moneda. Esto es, borrar la inflación para siempre en la Argentina.

Además, prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Tesoro nacional, de las provincias y de los municipios. También impide que el Banco Central compre títulos públicos en el mercado primario. En otras palabras, el político que quiera gastar tendrá que subir impuestos, reducir gastos o pedir autorización para endeudarse. Ya no van a poder gastar lo que no tienen y pasarle la cuenta a toda la sociedad con inflación.

Otro cambio fundamental es terminar con la distribución de utilidades ficticias. Durante años, una devaluación podía aumentar contablemente el valor en pesos de los activos del Banco Central y generar una supuesta “ganancia”. La política tomaba ese resultado nominal y lo utilizaba para financiar gasto. La reforma plantea que esas diferencias integren una reserva técnica no distribuible y que los resultados genuinos se utilicen para capitalizar al Banco o cancelar deuda. También elimina las Letras Intransferibles, creadas para retirar reservas y reemplazarlas por papeles del Tesoro.

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No alcanza con que un gobierno prometa no emitir. La confianza no se construye sobre la buena voluntad de un presidente. Se construye mediante instituciones que también limitan el abuso del poder político.

Los defensores de la inflación

Quienes durante años justificaron la emisión van a decir que esta reforma “quita herramientas” al Estado. Y es verdad: lo que queremos es quitarle la herramienta que es pan para hoy y hambre para mañana..

Van a decir que el Banco Central debe financiar el desarrollo, la industria o la justicia social. Y es que lo hicieron: El resultado fueron fábricas sin crédito, familias sin acceso a créditos hipotecarios, trabajadores informales, jubilaciones destruidas, pobreza infantil del 60% y reventar al país con la inflación más alta del mundo para intentar ganar una elección.

No hay soberanía sin moneda. Fueron los malos gobiernos los que empujaron a los argentinos al dólar. No hay mayor patriotismo que defender el valor del peso. Es la mejor política para reducir la pobreza, como ya lo probamos. Por eso la reforma del Banco Central es una política social.

La Argentina ya sufrió 91 años de abuso monetario. Es hora de cerrar para siempre esa etapa.

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La batalla cultural también se gana recuperando el valor de la moneda. Nunca más un político jugando a ser Papá Noel con el dinero de los argentinos.

*El autor es diputado nacional por la La Libertad Avanza

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