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Olivera, nuevo jefe de gobierno
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La elección de Fernando de la Rúa como presidente de los argentinos movilizó su renuncia a la jefatura del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Por ende y de acuerdo con la Constitución local, hoy hará efectiva esa dimisión y será reemplazado por el hasta ahora vicejefe de gobierno, Enrique Olivera, cuya gestión se habrá de extender por el resto del período correspondiente.
Se trata, pues, de una modificación institucional que, en realidad, no provoca mayores expectivas de modificaciones sustanciales respecto de los planes de gobierno vigentes y de las políticas fundamentales del Poder Ejecutivo porteño. Quien asumirá en la fecha el más alto cargo de la capital de todos los argentinos, está plenamente consubstanciado con la orientación que su antecesor le imprimió a esa gestión esencial y así lo ha demostrado cada vez que correspondió tener que substituirlo en forma transitoria.
Aún es más relevante, desde el punto de vista de lo eminentemente práctico, el hecho de que el nuevo mandatario no se ha limitado -ni tampoco fue limitado- a tan sólo desempeñar las funciones de conducción legislativa y protocolares que una tendencia añeja parece destinarles en nuestro país a los ocupantes del segundo término de las fórmulas gubernamentales. Por el contrario, de él han dependido propuestas y acciones proyectadas hacia el futuro de la metrópoli, tales como la encaminada a convertirla en una urbe sustentable y de proyección mundial, y la descentralización administrativa. Además, también le cupo aportar su contribución a la tarea de gobierno a lo largo de estos últimos tiempos, durante los cuales su antecesor debió empezar a repartirse entre la jefatura del gobierno local y los requerimientos propios de la candidatura presidencial, primero, y de la condición de mandatario electo, después.
Olivera, quien en caso de ausencia o de imposibilidad temporaria será reemplazado a su vez por el vicepresidente primero de la Legistura, Aníbal Ibarra, de acuerdo con las disposiciones de la ley de acefalía de reciente sanción, ha realizado algunos cambios en el gabinete que lo secundará. Serán complementados por la probable modificación de la denominada ley de ministerios, proyecto animado por el propósito de conformar una estructura más ágil y manejable. Es de esperar que esos retoques no estén inspirados en fines electoralistas. Lo que se espera y desea es que propendan a consolidar áreas que son sustantivas para el progreso de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la designación de especialistas idóneos e imbuídos de la vocación de servicio imprescindible para desempeñar esas delicadas misiones.
Aunque parezca obvio, es necesario recordar que el objetivo central del gobierno en los próximos meses no debe ser el apuntalamiento de las posibilidades del candidato de la coalición gobernante, sino velar, en el ámbito de la metrópoli, por el bienestar general.
Uno de los desafíos más complejos que deberá enfrentar casi de inmediato el nuevo jefe de gobierno es la negociación definitiva con el gobierno nacional del instrumento que le otorgaría alguna clase de jurisdicción sobre los servicios metropolitanos de la Policía Federal y la posibilidad de participar de la designación del jefe de esa rama de la institución policial. Objetivo para nada intrascendente, puesto que está estrechamente vinculado con la disminución de los elevados índices de inseguridad que siguen teniendo en vilo a la población.
Intensificar las obras públicas, continuar los planes hidráulico y de extensión de la red de subterráneos, recuperar espacios públicos y mejorar las áreas costeras de la ciudad son otras de las propuestas que, se prevé, habrán de predominar en los planes de trabajo de los casi nueve meses de ejercicio del nuevo jefe de gobierno.
Sería positivo que, liberándose de previsibles presiones preelectorales -abarcará el período previo a las elecciones locales-, el mandato de Olivera se desarrolle teniendo por norte preponderante el afianzamiento del régimen jurídico-institucional de la ciudad de Buenos Aires, la consolidación del saneamiento de sus finanzas -sin por ello incurrir en injustificables recargos impositivos- y, como meta inexcusable, el bienestar de todos los porteños. Dado que incluso se supone que tendrá asegurada la convivencia con las autoridades nacionales, porque comparten el mismo signo político, estarían dadas las condiciones indispensables para que así fuere.
