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Operación limpieza
EL 27 de octubre, es decir, el día después de las elecciones, dará paso a uno de varios escenarios posibles. Pero si el Poder Ejecutivo no comprende que la realidad no se agota en encuestas y comicios, sino que afecta a hombres de carne y hueso, seguirá viviendo en una realidad virtual muy alejada de las necesidades de la gente.
Ese día, con los guarismos en la mano, podría ocurrir que: 1°) el Gobierno haya sido derrotado estrepitosamente por la Alianza y los números no le permitan hacer ninguna lectura favorable a su gestión; 2°) el Gobierno haya perdido en la Capital Federal, pero triunfe con los votos del interior y se proclame vencedor de los comicios, y 3°) el Gobierno haya sido derrotado por la Alianza, pero conserve un caudal muy importante de votos, cercano al 40 %, lo cual podría dar lugar a una lectura optimista del oficialismo, que podría argumentar que tan mal no le fue, tomando en cuenta el natural desgaste de ocho años de gestión.
El Poder Ejecutivo mira esta última alternativa como probable, aunque conlleva una buena dosis de deseo, atento las circunstancias del país, con un tercio de la población -10 millones de argentinos-, en la pobreza, 3,2 millones de nuevos pobres (como reveló La Nacion esta semana) y la mayor parte de la población desconfía de los políticos y de la Justicia.
Por más que se admita que el Poder Ejecutivo consiguió reformar positivamente la economía, el presidente, Carlos Menem, parecería dar muestras de no comprender que el plan económico tiene consecuencias sociales negativas cuya corrección es imperiosa para asegurar el éxito de aquellas reformas, ni que la sociedad reclama a gritos transparencia política e institucional.
Más allá de cuáles fuesen los resultados de los comicios y a quiénes favorecieron, el 27 de octubre dejará en evidencia que millones de argentinos habrán votado en contra del oficialismo como rechazo a la cultura de la corrupción que se expandió como un cáncer en el seno del poder. Esas son deudas pendientes con la sociedad, pero nadie quiere saldarlas.
En ese contexto, que de alguna manera el Ministerio del Interior le haya facilitado al ex edil Juan Manuel Pico -según difundidas sospechas- la tentativa de evadir la acción de la Justicia, puede ser considerado como una falta de respeto a la ciudadanía.
A pesar de estar imputado de haberse enriquecido ilícitamente en 2 millones de dólares, Pico es un personaje de menor cuantía; uno más en medio de un Concejo Deliberante que mostró ser una fuente inagotable de corrupción y, por cierto, el hecho de que se le pueda haber brindado tal apoyo demostraría, por lo menos, cuánta torpeza y confusión de intereses conlleva el ejercicio del poder.
Sin embargo, y como ocurrió en su momento con muchos otros personajes, Pico se convirtió en un emblema de la corrupción. Por eso, la Justicia debe investigar a fondo quién encubrió su huida, puesto que hay funcionarios que cargan sus propias culpas. Más allá de que la operación de encubrimiento haya sido montada por la Secretaría de Inteligencia, por algún cuadro marginal de éste o de aquel otro organismo, o si contó con su aval, el ministro Carlos Corach es uno de los principales responsables en materia de seguridad.
A fuerza de protagonizar escándalos, el gabinete parece inmune e impune y se sostiene en la teoría de que nadie nota una mancha más en el tigre. Los argentinos tenemos la tendencia a olvidar, pero hay que recordar que no está aún claro cuál era el grado de conocimiento de Alberto Kohan en el caso IBM-Banco Nación, ni de varios ministros del Ejecutivo sobre la triangulación de armas, ni cómo el principal colaborador del jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, para el tema aeropuertos, estuvo acusado de estafa, ni otros muchos escándalos que salpican al poder. Ya no alcanza una operación maquilaje: es necesaria una operación limpieza a fondo. Pero, ¿quién tiene interés en encararla?
Sólo ese escenario en el que no se sabe bien quién manda ni cuál es el verdadero sentido de gobernar, y la miopía para responder a los reclamos de la gente, permiten entender que el presidente Carlos Menem haya podido acusar a la Alianza de hacer terrorismo, y que el gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, haya olvidado la cautela que guardaba en su discurso preelectoral para plegarse a ese lenguaje soberbio.
Ni siquiera el propio Menem, que en varias oportunidades defendió públicamente al empresario postal Alfredo Yabrán, queda bien parado ahora que el juez de instrucción de Dolores José Luis Macchi citó al hombre de negocios como imputado no procesado por "instigar el homicidio" del fotógrafo José Luis Cabezas. La estrategia de Yabrán siempre fue la de presentarse ante la Justicia, pero ahora, por primera vez, las cosas se le ponen difíciles.
Por cierto, la presencia de Yabrán en la Argentina ya no es necesaria para el desarrollo de sus negocios "responde a un esquema de poder que tiende a derrumbarse", que requieren una figura con mejor imagen luego de que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo lo vinculó con la mafia y tuvo éxito en su trabajo de levantar el perfil de un hombre que supo construir en las sombras un imperio al que no parece hacerle bien la luz.
Hay en el horizonte algunos indicios alentadores. El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, enviará antes de fin de mes al Congreso el proyecto que propicia establecer el sistema de juicios por jurados, y el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, ha dictaminado, respecto del rebalanceo de tarifas telefónicas, en contra de los intereses del Poder Ejecutivo. Pero el Consejo de la Magistratura sigue en proyecto y el ministro de la Corte Adolfo Vázquez, jaqueado por un caso de corrupción, sigue sin renunciar.
