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Ordenar, fortalecer y modernizar el mercado laboral
La mejor reforma laboral puede no servir para nada: si los jueces laborales y peritos judiciales no aplican las normas, contratar un trabajador seguirá siendo caro, complejo y muy riesgoso. No es una proyección pesimista, es lo que está pasando en el Sistema de Riesgos de Trabajo. En 2017 se reformó la ley con amplio consenso, pero el sistema judicial la ignora y pone en jaque a un sistema con eficacia comprobada que protege a más de 10 millones de trabajadores en la Argentina y 1 millón de empleadores.
Peritajes firmados por un perito internado en terapia intensiva; personas que juegan al fútbol o practican motocross y triatlón mientras en sede judicial los peritos les asignan incapacidades; esguinces recuperados en 20 días que se transforman en condenas de millones de pesos, con incapacidad psicológica incluida. Casos que reflejan el deterioro profundo en la actuación judicial que están haciendo colapsar el sistema.
Lo paradójico es que el colapso afecta a un sistema que funciona muy bien. La Argentina redujo en 80% los fallecimientos laborales –salvando así 19.000 vidas– y en 55% los accidentes, con prestaciones 24x7, integrales e inmediatas, y cobertura de por vida cuando es necesaria. Además, su diseño está en línea con los modelos más modernos del mundo: prevención integrada a la atención integral inmediata y base aseguradora. Paraguas para empleadores y protección real para trabajadores. El cáncer que está matando al sistema está en los juicios que se multiplican sin lógica.
2025 terminará con el ingreso de 130.000 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo, que se suman al stock de 280.000 existente a diciembre de 2024. Es decir: los juicios por riesgos del trabajo representan la mitad de la litigiosidad laboral del país. Y este volumen no se origina en fallas del sistema, sino en el incumplimiento sostenido del Poder Judicial respecto de la ley 27.348, que ordenó la creación de los cuerpos médicos forenses para garantizar criterios técnicos homogéneos. Sin ellos, proliferan peritajes inflados, honorarios “a comisión” y tasas de actualización que fomentan la judicialidad. “Hacer juicio” es negocio para unos pocos, a costa de miles de empresas y millones de trabajadores.
Es imprescindible advertirlo con claridad: ninguna reforma laboral –cualquiera sea su alcance– podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial. No hay modernización posible cuando un esguince puede derivar en una condena que equivale al valor de una pyme. La previsibilidad jurídica no es una condición accesoria: es el núcleo mismo que permite invertir, contratar y producir.
El llamado es concreto: la Justicia debe cumplir con la ley, garantizar la actuación de los cuerpos médicos forenses y devolver coherencia técnica a las decisiones que afectan el empleo, la actividad productiva y la sustentabilidad del sistema. El Sistema de Riesgos del Trabajo ha demostrado ser eficaz, moderno y protector. Cuidarlo no es un interés sectorial; es una política pública esencial para el desarrollo del país.
La experiencia de estos años, además, debe servir para la reforma laboral que comenzamos a debatir. La Argentina tiene una oportunidad para ordenar, fortalecer y modernizar su mercado laboral. Ese camino comienza por resolver la distorsión judicial que hoy pone en jaque a un sistema que funciona y que ha salvado miles de vidas. La distorsión, además, es una amenaza para cualquier otra reforma: todo puede cambiar en la ley, para que todo siga igual en los tribunales laborales.
Solo con reglas claras y una Justicia que las cumpla será posible acompañar el objetivo de construir un mercado laboral dinámico, competitivo y sostenible. Más y mejor trabajo, nada menos.
Presidente de la Unión de ARTs
Por Mara Bettiol
Tipo de trabajo:
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