Otro aplazo para la UBA

En la UBA, atentar contra el pluralismo no es una falta grave, ni siquiera una falta. Para los militantes que bloquearon el ingreso al salón de la Facultad de Derecho en el que Ricardo López Murphy iba a dictar una charla no habrá sanciones ni reproches. Las autoridades han preferido minimizar el episodio, casi ignorarlo, como si la libertad de expresión en el ámbito académico fuera una cuestión de menor cuantía.

Obstruir la diversidad a costa de ejercer el fanatismo es lastimar el alma de una universidad. Implica una lesión medular al espíritu académico y una afrenta a los principios democráticos en los que se funda el reformismo universitario. ¿Cómo se explica, entonces, que el decano de la facultad donde se produjo el bloqueo haya optado por el silencio público? ¿Cómo debería interpretarse el comunicado apenas lavado y genérico con el que el Rectorado de la UBA intentó dar por cerrado el episodio? ¿Qué significa que ni siquiera se haya abierto un sumario para examinar las responsabilidades de los estudiantes que increparon y le cerraron el paso a un diputado de la Nación con el solo argumento de que no les gustan sus ideas? Son preguntas que abren, a la vez, otros interrogantes inquietantes: ¿de qué manera defiende la universidad pública sus valores y principios esenciales? ¿En qué normas de tolerancia y de convivencia forma a sus alumnos?

Que un grupo de militantes de La Cámpora se apropie de instalaciones académicas e impida el acceso de un dirigente democrático tal vez no sea lo más grave. Resulta mucho más preocupante que las autoridades de la facultad lo avalen con un silencio que va más allá de la indulgencia. Llama la atención que la UBA lo evalúe como un episodio menor y no como un acto de prepotencia y autoritarismo que toda universidad debería sancionar y combatir en defensa propia.

Que haya ocurrido en la Facultad de Derecho aporta otros matices. Se supone que allí deberían formarse profesionales con especial aptitud para debatir ideas, argumentos y posiciones. Ser abogado implica escuchar y rebatir con fundamento posiciones antagónicas. Si uno es fiscal, no puede impedir que hable el defensor, ni viceversa. Salvo que no crea en el Estado de Derecho. Dejar pasar un acto de este calibre es, entre otras cosas, desentenderse de la obligación que tiene la facultad –como institución pública y como cuerpo docente– de inculcar valores, normas y principios en sus estudiantes. Una unidad académica no es una mera maquinaria de dictar clases, tomar exámenes y expedir títulos. También tiene –o debería tener– una dimensión axiológica, expresada a través de un compromiso real, y no solo retórico, con principios básicos de la vida democrática.

Calificar lo que ocurrió con López Murphy como un “hecho menor” (según las autoridades de la facultad) es juzgar las cosas con una lógica instrumental y callejera, sin atender la significación ética ni la dimensión simbólica de las cosas. ¿Menor porque fue un piquete con bombo y pancartas, pero no con palos? ¿Menor porque la violencia solo fue verbal? ¿Menor porque la charla se dio en otro lugar y entonces fue censura en grado de tentativa? Que la cultura patoteril ingrese a la universidad no debería ser un asunto intrascendente, salvo que el oportunismo político y la obsecuencia ante el poder de turno se apoderen del espíritu universitario, pervirtiéndolo. ¿Es esto lo que está pasando en la UBA y en otras universidades nacionales del país?

Resulta inevitable recordar que este episodio con López Murphy tiene antecedentes. Fue esa misma facultad la que “canceló” el año pasado al exjuez del Lava Jato Sergio Moro, porque no pasó el filtro de afinidad política e ideológica. La UBA, sin embargo, no encontró reparos ni incomodidades para otorgarle un espacio estelar al condenado exvicepresidente Amado Boudou, lo que la expuso en su momento a manchar su propio prestigio, porque la condena penal por corrupción sí debería ser un obstáculo para dictar cátedra en la universidad pública.

Estos episodios, que tomaron estado público por la notoriedad de sus protagonistas, parecen síntomas de un problema mucho más profundo y extendido dentro de los claustros universitarios. Nos enteramos de la obstrucción a López Murphy, o de la cancelación de Moro, pero ¿de cuántos actos de censura, exclusión o sectarismo académico no llegamos a tener noticias? ¿Cuántas decisiones se toman en cátedras e institutos con este mismo sesgo totalitario? ¿En cuántas universidades ocurren estas cosas y no tienen la misma resonancia que en la UBA? El silencio del decano de Derecho, Alberto Bueres, ante el atropello a López Murphy tampoco parece un silencio aislado. Por comodidad o complicidad, por afinidad ideológica o por temor, muchos han callado en estos años frente a la derrota del pluralismo en los recintos académicos.

Pactar con la intolerancia y el sectarismo se ha hecho habitual en esferas universitarias para conservar el poder. Un caso testigo (quizá con menos visibilidad que la UBA) es el de la Universidad Nacional de La Plata, donde un pseudorradicalismo kirchnerista se ha aliado con los sectores más radicalizados de La Cámpora para repartirse cajas y despachos. No son solo juegos de poder; implican el sacrificio de las normas y principios que supone la concepción ética de universidad. Es un modelo que se aleja de la esencia del reformismo para abrazarse a una lógica de “toma y daca”. La libertad de cátedra cede ante el hegemonismo ideológico. Se compran mayorías con reparto de cargos y partidas. Se reciben fondos a cambio de lealtades. Se convalidan “listas negras” y exclusiones; se acentúa el discurso único y se anestesia el debate interno, maniatado por eslóganes, dogmas y prejuicios.

López Murphy fue un histórico profesor en Ciencias Económicas de La Plata, donde tuvo como alumnos a Martín Guzmán y a Silvina Batakis, a quienes quizás ahora les exijan quemar aquellos apuntes en el altar de la militancia. Eran tiempos en los que la universidad (y en particular esa Facultad de Economía) cultivaba la diversidad y resistía el hegemonismo. ¿Qué queda de ese espíritu? Cada vez menos, si es que algo sobrevive. En los últimos años se pasó al acto proselitista de Carlos Zannini en el patio central del Rectorado (16/11/2015) a la firma de una declaración de todos los decanos (con una única y honrosa excepción) de apoyo a Scioli antes del ballottage con Macri. Solo faltó organizar una fogata con el legado de Joaquín V. González.

Para entender el piquete a López Murphy en la Facultad de Derecho de la UBA hay que asomarse al proceso de degradación ética que se produjo en buena parte del sistema universitario argentino. En la estrategia de cooptación del kirchnerismo, las casas de estudio fueron un preciado botín. No escatimaron recursos, pero exigieron lealtad, subordinación y obediencia. Se llegó al extremo de que varias dependencias de universidades públicas fueran rebautizadas con el nombre de Néstor Kirchner y que se repartieran premios y honoris causa como reconocimientos a la militancia oficialista.

En esa cultura de la obediencia al poder, que militantes de La Cámpora obstruyan una disertación “del enemigo” (como lo concibe la lógica del sectarismo) es, por supuesto, un hecho que no merece reproche. No estamos, entonces, frente a un episodio aislado ni a un incidente a subestimar. Lo que ocurrió la semana pasada en la Facultad de Derecho de la UBA es el síntoma de una derrota del genuino espíritu universitario.

Resulta doloroso que una institución de la jerarquía de la UBA, con recursos científicos y docentes de excelencia, y con un posicionamiento en rankings internacionales que es motivo de orgullo para el país, salga, una vez más, aplazada en materias tan sensibles como las de la convivencia, el pluralismo y el respeto a las diferencias. Con actitudes como estas, la universidad no solo resigna calidad democrática, sino que incurre en una deserción ética. Ojalá se activen sus propios anticuerpos, al rescate de una tradición de libertad que hizo grande al sistema universitario argentino.

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