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Otro paso en favor de la transparencia del Poder Judicial
La propuesta del presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, de establecer la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces es un nuevo paso adelante en favor de la transparencia de la Justicia.
Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Eugenio Zaffaroni ya manifestaron que están de acuerdo en votar la acordada. Así, se alcanza la mayoría.
Posiblemente la Corte no disponga esa obligación para todo el Poder Judicial y la limite a las declaraciones juradas de los ministros del alto tribunal, dejando que sea el Consejo de la Magistratura el que la extienda al resto del Poder Judicial.
Es natural. Tal vez, los jueces supremos quieren evitar un debate sobre cuál de los órganos tiene la atribución reglamentaria sobre todos los jueces. Y, por otra parte, quizá no deseen llegar al punto de adoptar una medida que no será bien recibida entre los magistrados inferiores. El proyecto de establecer la obligación de pagar ganancias, a estudio del Congreso Nacional, y la publicidad de las declaraciones parecen ser dos transformaciones profundas para un poder que, muchas veces, se mantuvo al margen de los controles.
Pero el paso que dará la Corte, posiblemente esta semana, es muy significativo y difícilmente podrá ser obviado por el Consejo.
Mediante la acordada 1/2000, la Corte soslayó la aplicación de la ley de ética pública en el Poder Judicial. Ahora, el tribunal intenta desandar ese camino.
Por otra parte, si los jueces del máximo tribunal deben quedar expuestos a la consideración pública, ¿por qué no habrían de estarlo los demás magistrados? Todos los jueces, supremos e inferiores, están llamados a tomar decisiones que tienen un fuerte impacto sobre la libertad y el patrimonio de las personas. Nadie tiene mayor deber de transparencia que un juez.
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Ayer mismo, la Corte tomó otras decisiones en este sentido. Por un lado, los jueces resolvieron que cada vez que una de las partes de un proceso -o su abogado- pida una audiencia con un juez, deberá concurrir acompañada por la parte contraria o por su abogado. Claro está que siempre algunos abogados tienen más acceso que otros a los tribunales. Pero la medida tiende a evitar el llamado alegato de oreja.
La otra decisión tiene relación con la cantidad de votos necesarios para enviar una causa a la Procuración General y, también, para que la Corte, una vez presentada una queja, solicite al tribunal inferior la causa. Esta última medida, en la práctica, permite paralizar la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal inferior. Por eso, su adopción no debe dar lugar a dudas.
En ambos casos, ya no alcanzará la firma de uno solo de los jueces, sino que habrá que reunir las de tres ministros.
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Cuando Petracchi propuso la medida, Maqueda advirtió que en abril vence el impuesto a las ganancias, con lo cual aconsejó adoptar la decisión cuanto antes. Y comentó que él mismo, cuando le tocó presidir el Senado, adoptó esa política para los integrantes de la Cámara alta.
Fayt, en tanto, manifestó ante sus colegas su sospecha de que la Secretaría de Inteligencia del Estado habría pagado sobresueldos a dos ex ministros de la Corte. Arriesgó un número: catorce mil pesos. Y dio el nombre del portador de los sobres. Tras lo cual inmediatamente aclaró: Julio Nazareno se negó a cobrarlo. Evidentemente la publicidad de las declaraciones juradas responde a un reclamo social de mayor transparencia.
