Pandemia, internet y delitos sexuales

Como consecuencia del aislamiento obligatorio y de las medidas adoptadas de distanciamiento social, se volvió cada vez más indispensable el uso de las tecnologías de la información y de internet, lo cual, sumado a la falta de capacitación en un uso seguro y responsable de ellas, dio como resultado una proliferación en la comisión de delitos informáticos. Las víctimas más expuestas y vulnerables frente a estos ataques son los niños, las niñas y adolescentes, lo que supone un serio problema que los gobiernos deben atender de manera prioritaria y brindar las herramientas adecuadas para evitarlo.

Es sabido que la pandemia, al compás de un crecimiento sostenido de contagios y fallecidos, ha modificado la idea de normalidad y de cotidianidad de miles de millones de personas en todo el planeta. Esto llevó, por un lado, a la ejecución de un abanico de respuestas estatales materializadas en medidas sanitarias que con el objetivo prioritario de resguardar la salud generaron un enorme impacto, especialmente en la economía mundial. Y por otro lado, la aparición de nuevos problemas (o la evolución de antiguos conflictos hacia formas más modernas) que implican desafíos cada vez más complejos de superar para la sociedad.

El aislamiento social, inéditamente aplicado de manera global y simultánea (ejecutado de manera heterogénea y acompañado de otras decisiones políticas, cabe destacar), condujo a resultados positivos tanto en términos de reducción de la velocidad de expansión del virus como del consecuente alivio en la presión sobre la capacidad de los sistemas de salud. Pero al mismo tiempo, arrastró inevitablemente problemáticas y dificultades derivadas de los nuevos hábitos a los que la sociedad debió adaptarse para cumplir con las medidas impuestas. El uso masivo de internet fue acaso una de las herramientas indispensables para compensar o reemplazar las restricciones que pesaban sobre las actividades naturalmente presenciales. Sin embargo, el progreso tecnológico creó también el ámbito propicio para el desarrollo de modos más sofísticados en la comisión de delitos y la generación de daños magnificados por la falta de preparación en todo el mundo ante un escenario como el actual.

De los sectores más vulnerables ante los cambios que se han producido en esta pandemia (excluyendo los propios grupos de riesgo del virus), las niñas, niños y adolescentes es quizás el que me despierta más preocupación. Pese a no estar considerados expuestos ante una enfermedad de tal gravedad, fueron obligados a un confinamiento estricto por el peligro que representarían al contagiar a sus mayores cercanos. En el AMBA, por caso, recién hace menos de un mes les habilitaron una salida de una hora semanal (actualmente son dos las salidas semanales permitidas), cuando quienes pasean a sus mascotas o salen a correr o andar en bicicleta pueden hacerlo todos los días.

El uso intensivo de las tecnologías de la comunicación aumenta exponencialmente el riesgo de exposición

Las secuelas psicológicas y de desarrollo que podrían arrastrar sólo se conocerán con el paso del tiempo, cuando puedan ser evaluados los efectos de este experimento. Pero además, la exposición a un vínculo casi ilimitado y de escaso control con el exterior por medio de la informática e internet, sumada a la falta de información e inexperiencia propias de su edad, los vuelve pasibles de ser víctimas de delincuentes que no necesitan salir de sus casas. El grooming, la pornografía infantil (mal llamada así ya que en realidad se trata de imágenes de abuso sexual infantil), la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento y la pornovenganza, son delitos que en contextos de encierro y aislamiento han crecido de forma exponencial, como si se tratara de una curva más a dar seguimiento en esta pandemia.

El uso intensivo de las tecnologías de la comunicación aumenta exponencialmente el riesgo de exposición. En la Argentina, un informe reciente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, epicentro de la pandemia en el país, indica que desde que comenzó la cuarentena en marzo crecieron las denuncias por delitos informáticos hasta un 500%. Por su parte, las denuncias por grooming, un 30%, y las de explotación sexual infantil casi se duplicaron. Esto llevó a quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones a mejorar y actualizar los protocolos de actuación (como lo explicó el mencionado Ministerio Público Fiscal); y al Estado Nacional, a diseñar herramientas eficaces de prevención y sanción. Un claro ejemplo son las guías didácticas que abordan la problemática del grooming con el objetivo de concientizar y prevenir estas situaciones en el contexto del aislamiento social, elaboradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También circulan diversas iniciativas en el ámbito del Poder Legislativo, entre las que hay presentados diversos pedidos de informes para conocer en detalle las acciones tomadas al respecto, y un proyecto de ley de mi autoría con el que se propone la creación de programas educativos de usos seguros de internet. Esperamos el pronto tratamiento de estos expedientes, habida cuenta de la urgencia y la necesidad de avanzar en esa dirección.

Preocupa asimismo que no obstante desde el gobierno nacional se viene promoviendo el uso de internet para complementar las pautas dictadas de aislamiento o de distanciamiento social, eso no guarda ningún correlato con el fomento de buenos hábitos, la difusión de información útil, la capacitación o la provisión de recursos informáticos para tales fines. Basta con mencionar la irresponsabilidad en que se incurrió desde el Ministerio de Salud con la sugerencia a los adultos de mantener relaciones sexuales de manera virtual, sin advertir los peligros que esta práctica representa y mucho menos de proveer información para realizarlas de manera segura, o que desde el Ministerio de Educación se promuevan las clases virtuales en un contexto de inequidad digital y falta de capacitación en el uso tecnológico.

Todo esto da la pauta de que estamos todavía a mitad de camino. La doctora Daniela Dupuy, a cargo de la unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó en varias oportunidades que los delitos como el grooming (acoso y abuso sexual de niños/as y adolescentes por medios cibernéticos) si bien no son nuevos, lo cierto es que sistemáticamente se tecnifican y especializan más a partir de los cambios de comportamiento de las sociedades y las tecnologías.

En el caso de los delitos informáticos, a pesar de la cuarentena el peligro exterior amenaza con invadir un ámbito intrafamiliar que se asume resguardado. En esas circunstancias, el aprendizaje y la capacitación se vuelven factores decisivos en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Una educación en prácticas seguras, una comunicación permanente y la provisión de información útil, completa y entendible resultan fundamentales a la hora de evitar la exposición a ser víctimas de grooming, de explotación infantil o de abuso sexual.

El Estado tiene la responsabilidad de impulsar mecanismos de protección para garantizar la seguridad y la salud de los niños, niñas y adolescentes en contextos de aislamiento social, porque son un grupo muy vulnerable a pesar de que el Covid-19 parezca mantenerse lejos de su alcance.

Diputada nacional (UCR-Jujuy)