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Participación y democracia
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Quienes analizan los problemas políticos e institucionales desde una perspectiva eminentemente teórica suelen establecer un distingo entre el clásico principio de la "democracia representativa" y el concepto, algo más moderno, de la llamada "democracia participativa".
En los países que exhiben una tradición institucional sólida y estable -los Estados Unidos o Gran Bretaña- se suele hacer referencia al supremo valor de la "representación democrática". En las naciones que no tienen un nivel de madurez o estabilidad destacable se exalta casi siempre la importancia de la "participación popular".
Cuando la Argentina aprobó su Constitución Nacional, en 1853/60, adhirió inequívocamente al principio de la "democracia representativa", que subrayaba el valor de lo institucional. El gran instrumento que asignaba representatividad a los hombres de gobierno era, sigue siendo, el voto. El pueblo elegía a los gobernantes por la vía del sufragio y luego se llamaba a silencio, para dejar que sus representantes actuaran con razonables márgenes de libertad. Por eso el sabio artículo 22 de nuestra Constitución Nacional estableció que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes".
La reforma constitucional de 1994 introdujo en el sistema argentino algunas modalidades propias del llamado régimen de la democracia directa o participativa, que le devuelve una parte del poder decisorio al pueblo en ciertos temas y en determinadas circunstancias. El método de participación democrática más notorio que aportó la reforma de 1994 es el de la llamada consulta popular, prevista en el actual artículo 40.
Si dejamos el análisis teórico o doctrinario y nos trasladamos al plano de la estricta realidad, advertimos que detrás de la apelación genérica a la "democracia participativa" se esconden, frecuentemente, muchos de los vicios y las deformaciones que en algunas regiones del mundo han envilecido y desvirtuado a la democracia. Por ejemplo: la demagogia, el populismo, la demonización del adversario, el jacobinismo y la presentación de falsas opciones extorsivas (como el enfático llamado a elegir entre "mi gobierno o el caos").
Más que un distingo entre dos formas de democracia (la representativa y la participativa), lo que nos muestra la realidad de muchos países institucionalmente débiles es el esfuerzo insidioso de algunos gobernantes por obligar al pueblo a vivir en una suerte de "plebiscito permanente" y a concebir la política como una apuesta extorsiva de "todo o nada". En la Venezuela de Chávez, la ciudadanía se siente arrastrada en todo momento a esa clase de desafíos: la clásica fórmula "yo o el caos", tan cara a los autoritarismos de toda laya. Por eso, no resultó afortunada la expresión que se utilizó en nuestro país desde el oficialismo cuando se definió a las próximas elecciones de octubre como una especie de plebiscito en el que "habrá que votar a favor o en contra del gobierno".
La noble tradición republicana que presidió el nacimiento de los pueblos de América a la vida independiente estuvo siempre alentada por el espíritu de la democracia. Pero si la llamada "democracia participativa" habrá de ser una simple excusa para que reaparezcan los viejos fantasmas de la decadencia latinoamericana será mejor que cerremos filas en torno del viejo principio de la democracia representativa y que desconfiemos del uso de ciertos conceptos pretendidamente renovadores, al abrigo de los cuales se incuban, a veces, intenciones equívocas y poco transparentes.
