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Poder, conciencia y política literaria
Por Carlos Floria Para LA NACION
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Se atribuye a Miguel de Unamuno haber acusado a uno de los presentes en sesión parlamentaria de ser un estúpido. Moción indignada del aludido y expulsión de la sala del vasco intemperante. Unamuno se dirigió a la presidencia: “No lo he injuriado. Lo he descripto”.
En el mismo sentido, las reflexiones que siguen se proponen una descripción polémica, sin ánimo conspirativo. La preocupación que invade desde hace tiempo al deber intelectual de decir con libertad es la calidad de la democracia pluralista que se debe consolidar. Y esto vale para derechas e izquierdas. (¿Espacio sólo bidimensional? ¿Por qué no añadir adelante y atrás, arriba y abajo?) Con el riesgo de que la díada funcione como “derechismo” e “izquierdismo”, como espíritus de sistema, como instrumentos de simplificación de una realidad cada vez más compleja, como atajos por donde llegar al conocimiento de las cosas sin estudiarlas. Y donde el centro es el crepúsculo...
En esa clave, hay por lo menos dos cuestiones a las que conviene prestar alguna atención. Episodios recientes, y no tanto, declaraciones y anécdotas no desmentidas, decisiones judiciales relevantes y con consecuencias demuestran la necesidad de que el lenguaje, el estilo, la manera de ponerse delante del otro sean temas de previo y especial pronunciamiento.
La primera cuestión tiene que ver con el nivel del debate público, de la comunicación y la conversación políticas, de la existencia o de la inexistencia de preocupación por la cultura política. En fin, que debe desarrollarse para que exista sociedad civil –no incivil– como suelo indispensable para una democracia sobria y madura.
En todo aquello juegan, en función de reforzar la educación cívica de la gente, las cualidades de los dirigentes políticos y sociales para servir como referentes ejemplares. Porque cuando actúan como contraejemplo son desactivadores del pueblo, al que convierten en secuaz o espectador pasivo de la vida política.
Parecen detalles, pero las transiciones exitosas prestaron atención crítica precisamente a “detalles” de ese tipo, o tuvieron la fortuna de que esa atención ocurriese. Juan Bautista Alberdi llamó la atención sobre la tendencia nuestra a las “revoluciones gráficas”. Raymond Aron, un siglo después, advirtió sobre la propensión a la “política literaria”, una forma de exceso retórico de muchos políticos contemporáneos que no se dirigen a la sociedad para requerir su apoyo, sino para apelar a horizontes utópicos o a hechos espectaculares, pasando el límite entre la pasión cívica moderada y la pasión ideológica que manipula la ciudadanía con ilusiones proféticas.
En todo eso hay puntos de equilibrio que la prudencia del gobernante y de las elites pueden hallar para que el límite no se cruce. En términos dramáticos, para evitar la situación que refiere Jung al evocar un momento muy oscuro del pasado contemporáneo: “¡Qué visión tan descorazonadora la de ver al conjunto de Alemania lanzar un suspiro de alivio mientras un psicópata megalomaníaco proclamaba: «Yo asumo toda la responsabilidad»!”.
Espacios de debate público, participación en la elaboración de las decisiones fundamentales –para el nivel que sea: nacional, de los “mesogobiernos”, de las sociedades intermedias–, porque en ese tramo elaborativo, la convocatoria, la información, la deliberación, deben ser amplias. Antes de que el debate entre en el embudo del poder.
Uno de los ejemplos mejores de la vida política de John Kennedy fue el nivel en el que supo situar la discusión política. Apuró el trago amargo del frustrado asalto en Bahía de los Cochinos, impulsado por la ultraderecha de Miami y el endoso de servicios de inteligencia y alimentado por un entorno mínimo, encerrado, en la pendiente de lo que el psicólogo Goldeman llamó la “psicología del autoengaño”.
Cuando fue la dramática decisión en el caso de los misiles soviéticos en Cuba, el entorno fue ventilado por el debate inteligente. Aron, otra vez, nos decía que en su experiencia de analista político de buena parte del siglo XX había visto actuar a la corrupción, pero también, casi en la misma medida, a la estupidez y a la ignorancia en la génesis de las decisiones erróneas.
La segunda cuestión está en línea con la precedente. Casi diría que rezuma de ella: es la cuestión de la autoridad. No se trata sólo de acumular poder, expresión que no deja de tener sentido en el origen de crisis extremas, próximas al estado hobbesiano de naturaleza, de la ley de la selva, donde se sobrevive, no se vive, y se ceden los valores preciados de libertad y justicia al absoluto de la seguridad.
Pero la cuestión que la teoría y la experiencia políticas abren es: ¿qué calidad de poder se acumula? Y esto es un tema ético y estético.
La estética es una dimensión no desdeñable para la vida política. Lo ha sido para bien y para mal. Para mal, cuando la influencia de un esteticista llamado Charles Maurras influyó en el nacionalismo antiliberal que penetró en oposiciones faccionales de la Argentina de los años 20 y 30 del siglo XX. Para bien, tan pronto se acepta que el dirigente político y social hace pedagogía pública y, por lo tanto, debe tratar de que su estilo y sus gestos no sean groseros ni triviales, ni un ejercicio grueso de una supuesta picardía lamentable.
Fue Ortega y Gasset (Obras completas, tomo II, página 665, edición de 1929) quien nos advirtió que si se quiere penetrar en los secretos de un país “conviene fijarse en las palabras de su idioma que no se pueden traducir”. Menos aún si evocan modos de ser. Así, la palabra española cursi no puede verterse en ningún otro idioma. El hecho, exclusivamente español, se puede describir, pero no se puede traducir en un solo término equivalente. Evoca al país pobre que vivía en la Europa de fines del XIX y a sus elites celosas. La Argentina que Ortega quería, que lo escuchaba arrobada hasta que dijo cosas antipáticas, tenía una palabra “indócil a toda versión”: guarango. Y nos rogaba que nos esforzáramos en la superación del guaranguismo, degeneración, tal vez, de algún resorte del alma argentina. “Enorme apetito de ser algo admirable, superlativo, único”, el guarango vive embriagado con esa vaga maravilla que presiente ser. Y es agresivo para “crearse ámbito”, dice impertinencias para romper brecha en el prójimo y sentirse seguro sobre sus ruinas. El lector puede elegir entre varias exhibiciones públicas que representan ese patetismo.
La autoridad: clave de bóveda, esencial para la vida en sociedad (sin ella no habría sociedad, incluso civil), difiere del poder. El poder supone capacidad de hacerse obedecer. La autoridad supone disposición consentida de los gobernados, partidarios o no. El poder sobre todos por medio de la autoridad de una parte es el Estado partidista, autoritario o totalitario. El autor –auctor– es generador de confianza, fiador del grupo, factor de certidumbre.
Cuando quienes ocupan papeles de autoridad generan incertidumbre, la autoridad se erosiona y, en la situación extrema, se pierde. Y esto no puede ser reparado por el más obsecuente de los entornos, ni por la manipulación de la prensa o de la información, ni por la disponibilidad de los intelectuales “orgánicos”, o críticos del pasado y conformistas del presente, si se trata de la construcción y consolidación de una república democrática.
Esto vale para los presidentes, para los legisladores, para los jueces. El debate abierto –no cerrado, pues– por fallos que pretendieron ser definitivos de la Corte Suprema (el caso Bustos, entre ellos) demuestra la complejidad de la construcción y demostración de autoridad. Porque la polémica que permanece abierta no es, en rigor, en torno de los torneos por la memoria o la tipificación de la emergencia que la sociedad padeció, sino por los argumentos cuestionables, necesitados de mayor densidad en el conocimiento de la economía y su correspondencia con la política, pero con previsión de las consecuencias.
Estamos en la dimensión ética de la autoridad pública y de la política, por lo tanto. Suele citarse con oportunidad la clásica distinción de Max Weber entre la ética de la convicción –propia del militante, por ejemplo– y la ética de la responsabilidad –propia del político y de la autoridad pública–. Aquélla se satisface con los principios (y, en el extremo, es la versión cátara de la política). Ésta no carece de principios, pero debe medir las consecuencias. Por haber vivido en un clima donde los vientos llevaron a una acordada que reconoció autoridad al golpe de Estado de 1930, la Corte Suprema de entonces participó de la irresponsabilidad política de los causantes de una crisis cuyas consecuencias no se percibieron y se proyectaron hasta tiempos recientes, para descubrir que carecemos de una cultura política democrática arraigada, cuando la democracia es, en primer lugar, un fenómeno cultural, no de la naturaleza.
Se hirió gravemente la constitución política, cuya legitimidad no había sido francamente cuestionada hasta la irrupción del nacionalismo antiliberal y sus seguidores intelectuales y con capacidad de poder. Lo que se demanda hoy de las dirigencias –políticas, judiciales, económicas, sociales– es que se atienda a las consecuencias de las conductas y decisiones. Se predican valores, y no tienen luego correspondencia los comportamientos.
Cuando Alberdi alentó y delineó la constitución política, no desatendió, en algunos de sus estudios, la constitución económica, que pensaba apropiada a la lógica interior de aquélla.
La ética nos interpela en tres cuestiones que no desdeñan la propuesta sabia de Weber: ¿qué clase de gente somos, qué calidad de decisiones tomamos, qué tipo de sociedad queremos? Cuestiones que deben responder los dirigentes, pero que nos conciernen también a los ciudadanos.
