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¿Por qué conocer el patrimonio de los jueces?
Hablan por sus sentencias, pero también hablan por su comportamiento público e institucional
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LA NACION
Tradicionalmente, el Poder Judicial ha permanecido ajeno, o al menos alejado, de las demandas sociales de rendición de cuentas. Las características de su selección, así como la posibilidad de permanencia indefinida en el cargo (salvo supuestos de remoción de extrema excepcionalidad y sometidos a procedimientos políticos complejos), permitieron la edificación de cierta apariencia de "blindaje" de la Justicia con relación a la posibilidad de su sometimiento al control popular.
Sin embargo, los jueces son funcionarios públicos al igual que el resto y tienen una misión de tal relevancia en nuestra democracia que nos demanda exigirles los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. La falta de sometimiento de sus cargos al escrutinio popular no puede redundar en una condición de posibilidad para la opacidad de su gestión. Al contrario, debe ser el más fuerte aliciente para que esperemos de ellos el mayor de los esfuerzos en mostrarnos un modo de ejercicio de la función pública más digno de elogios que de cuestionamientos.
La falta de sometimiento de sus cargos al escrutinio popular no puede redundar en una condición de posibilidad para la opacidad de su gestión
El acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es uno de los más importantes instrumentos con que contamos periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto para conocer su evolución patrimonial, eventuales inconsistencias, así como posibles incompatibilidades o conflictos de interés. Los funcionarios tienen una particular responsabilidad frente a los ciudadanos: deben poder dar cuenta del origen de su patrimonio y el mismo debe ser consistente con los ingresos que perciben. La mera apariencia de una falta de adecuación de ambas variables debe ser causal de investigación, tanto administrativa como judicial.
Sin embargo, los resortes institucionales de control que surgen de nuestra -ya un tanto vetusta pero aún valiosa- Ley de Ética Pública, en mucho distan de ser todo lo eficaces que se espera de ellos en esta materia. El prácticamente nulo impulso de oficio de denuncias penales por parte de los organismos de control sobre posibles enriquecimientos ilícitos de los sujetos obligados sólo puede hablarnos de dos escenarios: o es que en nuestro país todo está demasiado bien en relación a esta demanda de transparencia o, al contrario, es que todo está demasiado mal. Tanto que, prácticamente, no hay organismo que pueda decirlo.
El control ciudadano debe poder complementar aquel que las instituciones democráticas están llamadas a hacer
En este contexto es que resulta especialmente valioso facilitar el acceso popular y masivo a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, tal como hacemos con la plataforma de ACIJ,Directorio Legislativo,Poder Ciudadano y el diario La Nación: el control ciudadano debe poder complementar aquel que las instituciones democráticas están llamadas a hacer, ser un generador de investigaciones y denuncias, poner en estado público aquello que todos los que habitamos este suelo deberíamos saber.
En el caso de los jueces, constituirá ello un paso de suma relevancia hacia un incremento sustancial de los niveles de transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial y podrá a su vez coadyuvar al tan necesario acercamiento de dicho poder con la ciudadanía. Por eso, resulta tan necesario que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación autoricen con urgencia el acceso a sus declaraciones juradas.
Los jueces hablan por sus sentencias, pero también hablan por su comportamiento público e institucional. Un Poder Judicial transparente y que rinde cuentas es un poder en mejores condiciones para exigir eso mismo a los otros actores de la democracia. Es un poder en mejores condiciones para proteger nuestros derechos.
Sebastián Pilo
LA NACION
