Por qué debe seguir la reforma del Estado argentino

La principal tarea pendiente de la reforma del Estado es que nadie sabe muy bien qué reformar, cómo reformar y cómo lograr consenso para esos cambios.

A la vez, existe una generalizada coincidencia en que la segunda ola de reformas necesarias -tras las privatizaciones de la década del 90- es algo imprescindible.

La gran mayoría de la propia dirigencia argentina consultada tiene una fuerte opinión negativa sobre la capacidad del Estado para proveer respuestas adecuadas a las demandas públicas y juzga que esa incapacidad se debe a la baja calidad del gerenciamiento estatal, a la falta de planificación adecuada y a un elevado nivel de corrupción. Esos son algunas de las principales evidencias que surgen de un interesante trabajo de investigación realizado por un grupo de profesores de la Universidad Di Tella durante 1999 y 2000 y que acaba de completarse.

Allí puede leerse que entre los propios políticos o gobernantes consultados un 61% evalúa críticamente la capacidad del Estado. Y las cifras de opiniones negativas suben a 91% entre los empresarios consultados o al 89% entre los intelectuales.

A la vez, al interrogar a esos mismos dirigentes sobre los mayores obstáculos con que tropieza cualquier acción estatal; los consultados apuntan a los siguientes factores: en primer lugar, la baja calidad de la burocracia estatal; luego, la corrupción imperante; la injerencia de los intereses políticos, y la falta de decisión política para atacar ese problema esencial de la Argentina.

El estudio fue realizado por un equipo de sociólogos y politicólogos integrado por Ana Margheritis, Sergio Berensztein, José María Ghio y Carlos Gervasoni, bajo la conducción de Juan Carlos Torre.

Para el trabajo utilizaron un completo cuestionario de 60 preguntas que fueron planteadas a más de 130 personalidades de nivel dirigente en los campos de la política, el Gobierno, las empresas, la Justicia, el sindicalismo y distintos colegios profesionales.

El 93% de los entrevistados fueron hombres, con una edad promedio de 53 años y con simpatías políticas repartidas en proporciones más o menos equitativas entre las distintas fuerzas políticas del país, aunque un buen número de los consultados (un 41%) indicó que no tiene filiación política alguna ya que se define como independiente.

Reforma insuficiente

Para los investigadores Margheritis y Gervasoni, consultados por La Nación , uno de los problemas mayores de la reforma inconclusa de los años 90 fue que "con un criterio simplista sólo se pensó que con que el estado se retirara, vendiendo las empresas públicas, todo iba a encontrar una solución ideal".

Ambos especialistas subrayan que esa primera ola de reformas se llevó adelante con un elevado consenso de la opinión pública, y que aún conserva un buen porcentaje de opinión favorable -particularmente, entre los empresarios- pese a que muchas privatizaciones mostraron luego distintos aspectos negativos, tales como elevados costos para el consumidor, derivados de condiciones monopólicas.

"Sin embargo, aunque hoy se oyen críticas a varios aspectos de las privatizaciones de los años 90, la gran mayoría de los consultados sigue pensando que esa transformación estructural era necesaria porque la gran mayoría de la sociedad sigue pensando que el Estado argentino tiene una baja capacidad de dar respuesta a las necesidades públicas, tiene una baja calidad de funcionarios y, para colmo, alta corrupción", afirman, a dúo, Margheritis y Gervasoni.

La principal pregunta que puede plantearse ante ese conjunto de opiniones es la siguiente: si el consenso social de los años 90 sobre el fracaso de las empresas públicas permitió llevar adelante las privatizaciones, ¿por qué no es tan fácil avanzar en la segunda etapa de reformas, las del funcionamiento eficaz del Estado remanente?

Muy difícil

Una respuesta posible -no está incluida en el informe de los investigadores de la Univerisdad Di Tella- puede apuntar a una evidencia que parece obvia: es tan difícil que los sectores políticos interesados -gobernantes, legisladores, jueces, es decir, el Estado- encaren con fervor su propia autoreforma como imaginar que los partidos políticos abracen con entusiasmo la eliminación de la lista sábana.

Tal como se vio el lunes último cuando el ministro del Interior, Federico Storani, presentó con gran protocolo el proyecto de reforma política, la principal decepción para el ciudadano fue enterarse de que aún no parece haber llegado -para los políticos- el momento de encarar la supresión de la lista sábana.

Y, sin embargo, nada tendría un consenso más favorable en la sociedad. Pero todo indica que aún hace falta perseverar más en la crítica para que esa causa esencial de ineficiencia y corrupción en la gestión pública sea por fin removida por los propios políticos.

Del mismo modo, es difícil imaginar que tanto el estado nacional como los provinciales acepten de buen grado la reformulación de sus propios funcionamientos.

Imprescindible

Sin embargo, el valor de un estudio como el completado por los investigadores de la Universidad Di Tella consiste en que subraya, con la fuerza de indicios cuantitaivos contundentes, que la necesidad de avanzar en la nueva etapa de reformas es virtualmente imprescindible.

Según señala el informe de conclusiones del estudio, una vez completada la etapa de privatizaciones de las empresas públicas (por más que aún faltan muchas, especialmente en la provincias) "el debate crucial no gira alrededor de si debe o no existir intervención estatal sino sobre los objetivos y la calidad de esa intervención. En otras palabras, se trata de extender el consenso hacia el logro de una más acotada pero efectiva y transparente acción del Estado".

En esa frase están incluidas dos conclusiones de importancia:

1) El Estado debe asegurar de una forma mucho más eficiente y con menores costos su papel necesario en funciones tales como la seguridad, la justicia, la salud o la educación. Aunque en todas ellas, poco a poco ha ganado terreno también alguna forma de acción privada -por el déficit público- existe también un consenso amplio respecto de la necesidad de que el estado siga cumpliendo allí una función esencial.

2) Debe también garantizar la seguridad jurídica imprescindible para permitir que la inversión privada pueda desenvolverse en un ámbito previsible y estable, no sometido a cambios y mucho menos a prácticas reñidas con la honestidad, algo muy frecuente cuando se debe actuar hoy en contacto con sectores estatales nacionales o provinciales.

Los dos aspectos no tendrán solución si no se produce una efectiva y ambiciosa reforma del Estado.

Y no sólo por razones básicas de ética y honestidad. También por una razón esencial que requiere la economía del país, y que es la siguiente: se asiste hoy al agotamiento del gran efecto económico derivado de la inversión extranjera en el período de las privatizaciones de comienzos de los 90.

Por esa razón, el crecimiento se ha estancado y se hace imprescindible un nuevo shock de confianza para atraer la gran inversión.

No parece posible lograrlo sin una verdadera reforma integral del Estado.

No contesta

• Entre los grupos de poder que rechazaron la entrevista para dar su opinión en la muestra de la Universidad Di Tella están los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de los senadores del PJ y una importante cantidad de gremialistas.