Por qué Zaffaroni debe ser removido como juez internacional

Ezequiel Cassagne
Ezequiel Cassagne PARA LA NACION
sin autoridad moral. Las declaraciones del magistrado muestran que no tiene la independencia e imparcialidad necesarias para ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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26 de enero de 2018  

Eugenio Zaffaroni es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de su paso por la Corte Suprema de nuestro país. La Corte Interamericana, junto a la Comisión de Derechos Humanos, es uno de los pilares del sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que firmaron numerosos países miembros de la Organización de Estado Americanos (OEA). Es importante comprender que la Corte Interamericana tiene como función juzgar a los países miembros de la Convención en aquellos casos, traídos a su conocimiento por la Comisión o por otro país, en que se hubiere violado un derecho o libertad protegido en dicho tratado. Sus fallos son obligatorios para los Estados.

El tribunal está integrado por siete jueces, con mandato por seis años, más una posible reelección, no pudiendo haber dos jueces de una misma nacionalidad. Por tal motivo, el cargo que ocupa Zaffaroni impide cualquier otra candidatura de un argentino a la Corte, durante el período que ocupe esa posición privilegiada.

Los jueces que forman parte del tribunal son elegidos por los países miembros de la Convención en una votación secreta, por mayoría absoluta. El propio Pacto de Costa Rica dice que deben necesariamente ser elegidos entre juristas de la más alta autoridad moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, entre ellas la independencia e imparcialidad.

En el año 2003, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires impugnó su candidatura a la Corte Suprema de nuestro país debido a sus posiciones doctrinarias y jurisprudenciales abolicionistas (había llegado a decir que la luz apagada durante el sexo oral atenuaba el delito de abuso, o que la sustracción de un automóvil en la vía pública no constituía un robo, sino una apropiación indebida), y el año pasado, en ocasión de sus declaraciones sobre el caso Nisman, cuando dijo que si el fiscal estuviera vivo lo ahorcaría por haber tenido que leer su denuncia, se destacó que eso importaba una concepción del pensamiento reñida con la pluralidad de ideas y con la forma republicana representativa y federal del gobierno.

Pero ahora, con sus últimas declaraciones radiales, Zaffaroni ha generado las causales para su propia remoción del tribunal internacional que integra, en la medida que sus dichos denotan no ya una falta de autoridad moral, sino una total ausencia de independencia e imparcialidad para poder juzgar las violaciones a los derechos humanos en nuestra región.

La declaración que más estupor ha causado es aquella en la cual confiesa que su deseo es que el gobierno de nuestro país no llegue a cumplir su mandato, pero que ello dependerá de la rapidez con que entre en crisis su inviable programa económico. Estos dichos demuestran no solo un desprecio por la democracia, sino que atentan contra los derechos reconocidos en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que allí se reconoce el derecho político de todo ciudadano de participar en la dirección de los asuntos públicos de su país por medio de sus representantes libremente elegidos. Para Zaffaroni, cuanto antes se interrumpa el ejercicio de ese derecho político que están ejerciendo quienes votaron al actual gobierno, mejor. Es un conducta más propia de un militante opositor que de un juez de una Corte Internacional de Derechos Humanos.

Pero esas afirmaciones no fueron aisladas. Hay otras igualmente alarmantes. En efecto, en esa entrevista radial el juez Zaffaroni, luego de definirse como populista, dice ligeramente y sin aportar u ofrecer pruebas, que el Poder Ejecutivo en la Argentina extorsiona a los gobernadores (lo que, de ser cierto, constituiría un delito); que los incidentes de diciembre en la violenta marcha frente al Congreso fueron provocados por el Gobierno mediante el uso de infiltrados (sería otro delito); que los jueces de Jujuy son empleados del gobernador Gerardo Morales (delito, causal de juicio político); que en la Argentina hay una guerra judicial; que el actual gobierno es totalitario y autoritario; que existe a su juicio en nuestro país un monopolio de medios, no importándole "si es el señor Stalin, el señor Hitler, el señor Mussolini, o si es el señor Macri o Magnetto"; que en la Argentina "peligra el Estado de Derecho", y que se pretende hacer desaparecer al único diario que molesta (supuestamente por Página 12). También dice que el gobierno de Cambiemos está haciendo una entrega colonialista del país, que no tiene salida, y que puede locamente en el último momento tomar alguna medida violenta extrema.

A partir de conocer estas posturas extremas, que exceden la libertad de expresión para transformarse en mensajes contra la democracia, da cierta tranquilidad el hecho de que Zaffaroni deba abstenerse de intervenir en los casos traídos por la Comisión en que la Argentina sea parte, como lo exige el Pacto Internacional. Pero ello no quita que Zaffaroni no sea imparcial, y que en los casos presentados por otros Estados puede juzgar a nuestro país. Y menos aún que con su diatriba esté permanentemente intentando contaminar a sus pares en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en procura de formar en ellos ideas equivocadas de nuestro país. Como él mismo se encarga de decir en dicha entrevista, "cualquier extranjero un poco distraído que vea lo que está pasando en la Argentina cree que estamos en una dictadura". Se trata de otra grave declaración, direccionada a crear un clima falso e ilusorio de la realidad de nuestro país. Esta afirmación lleva a preguntarnos si en realidad lo que Zaffaroni nos está revelando es que su misión es distraer a los extranjeros para llevarlos a pensar tal disparate.

Pero no solo desde la Argentina deben preocuparnos las declaraciones intolerantes de este magistrado. Tampoco deberían ser admitidas en ningún país de la región, dado que el ataque también tiene como destino varios países de América, a los que Zaffaroni deberá juzgar llegado el caso. En concreto, Zaffaroni afirma que en la región "hay un especie de Plan Cóndor judicial", en alusión al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes militares del Cono Sur de América en las décadas de 1970 y 1980. Asimismo, sostiene que en América Latina se da un fenómeno de avance de un totalitarismo corporativo, en el que se busca establecer proyectos de sociedad con un 30% de incluidos y 70% de excluidos.

Es más, señala expresamente que en países como México hay "un genocidio por goteo", y que en toda la región se vive una etapa de colonialismo, con modelos de Estado que, a su entender, tienen graves errores institucionales, como en México, Colombia y Brasil. También se encarga de decir que en Paraguay y en Ecuador se está llevando con éxito lo que denomina el Plan Cóndor.

Todas estas palabras, aun siendo verdaderos disparates, atentan contra los principios republicanos de todos los países americanos. Si Zaffaroni no renuncia por cuenta propia, al reconocer que ya no reúne las condiciones para ser juez, es hora de que los Estados miembros de la OEA tomen intervención en el tema y promuevan el procedimiento de remoción del juez Zaffaroni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería la primera vez que se remueva a un juez de dicho tribunal, a pesar de que existe un procedimiento para hacerlo. Pero también es cierto que estamos ante un caso excepcional que desprestigia todo el sistema regional de derechos humanos. Las sociedades civiles de todos los países igualmente tienen que impulsar el mecanismo de su remoción; ya no es un juez argentino, es un juez de toda América, atentando contra las instituciones republicanas y la democracia de toda América.

Director y secretario de Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

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