Por un buen ecosistema de control institucional

La legitimidad de las democracias modernas depende de sus sistemas de rendición de cuentas. Cuando no existen o son disfuncionales, la ciudadanía está alienada del sistema institucional, y la arbitrariedad y la anomia terminan imperando.

El mecanismo más elemental, pero también más primitivo y menos efectivo, de rendición de cuentas es el de las elecciones periódicas transparentes. Es una condición necesaria, pero largamente insuficiente para un buen sistema de control ciudadano.

Los gobiernos modernos requieren lo que se ha llamado un "ecosistema de rendición de cuentas", una serie de instituciones, dinámicas, procedimientos, relaciones y actores que conformen un sistema efectivo, oportuno, sustentable de control institucional, apoyado fundamentalmente en una red de agencias públicas especializadas.

El sistema de control institucional del Estado nacional, si bien relativamente moderno, está completamente desmantelado, desvirtuado y deslegitimado. Los ejemplos abundan y son devastadores: agencias de protección de derechos acéfalas (Defensor del Pueblo de la Nación), intervenidas (Inadi), o sin funcionar hace años (Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes); agencias de control y regulación de los servicios públicos intervenidas (CNC, CNRT) o des-institucionalizadas hace años (Enargas, ENRE); agencias de control de la corrupción y de promoción de transparencia sin independencia (Sigen, Oficina Anticorrupción) o limitadas en su acción por diseños institucionales ilegales (AGN).

En suma: miles de millones de pesos de presupuesto anual destinados al control institucional son dilapidados en una red de control desarticulada, que no genera alertas preventivas ni respuestas adecuadas ante la mala gestión pública, la vulneración de derechos, las prácticas de corrupción. Un ecosistema de control degradado, alejado de la ciudadanía, que desalienta la confianza pública, deslegitima y debilita al Estado.

La Argentina tendrá un nuevo gobierno antes de que termine el año. Es difícil aún saber qué puntos de acuerdo o desacuerdo existen entre quienes aspiran a la presidencia sobre estos temas de diseño institucional. La actual campaña política no se ha caracterizado por el debate sobre diagnósticos e ideas de gobierno. Mucho menos por la evaluación de propuestas o proyectos de políticas públicas. Pero esta carencia en los partidos políticos no debería contagiarnos. También es nuestra la responsabilidad de deliberar sobre la construcción de nuestras instituciones y analizar de manera más informada las innovaciones que nos esperan.

En relación con el sistema de control y rendición de cuentas, la buena noticia es que el camino para su reconstrucción no es misterioso ni imposible. En la comunidad internacional que trabaja sobre estos temas hay consenso en tomar como guía para su diseño y evaluación estos cinco principios: idoneidad (valor fundamental en los procedimientos de selección, designación y evaluación de quienes dirijan las agencias); autonomía (garantía funcional para una actuación orientada exclusivamente al cumplimiento de la ley y los fines institucionales de la agencia); participación ciudadana (el funcionamiento y toma de decisiones debe estar abierto a la comunidad, volcado a la ciudadanía, con canales efectivos para recibir y responder a sus aportes e inquietudes); transparencia activa (la actuación de estas agencias y la información que produzcan debe ser puesta a disposición del público) y cooperación (las agencias de control deben implementar prácticas estables de intercambio, apoyo y acciones conjuntas).

En una democracia, cada nuevo gobierno es una nueva oportunidad para saldar deudas institucionales. La legitimidad de nuestra democracia demanda la reconstrucción del sistema de control público. El lamentable estado actual de las agencias de control requiere que su refuncionalización sea una prioridad institucional.

Un gobierno que no quiera ser (bien) controlado no merece la confianza pública.

Un Estado sin control ni rendición de cuentas no merece el rótulo de Estado de Derecho.

Cofundador de ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia