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Presupuesto 2025 y la crisis del financiamiento universitario
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El presupuesto que se destina a universidades es el más bajo desde 2006. Tras la crisis de financiamiento de principio de año y que desató la marcha masiva del 23 de abril, el gobierno amplió las partidas para funcionamiento pero no detuvo la caída de los fondos destinados al pago de salarios docentes, que experimentaron un descenso del 33%. De este modo, el presupuesto con el que cuentan hoy las universidades es el más bajo desde 2006, y de aprobarse el propuesto por el gobierno para 2025, la caída puede ser aún más profunda.
El año empezó con un fuerte ajuste producto de la prórroga presupuestaria que afectó seriamente a las universidades. El Gobierno respondió a los reclamos por la crisis universitaria con anuncios de ampliación de las partidas que sólo aminoraron la caída, pero que fueron insuficientes para solucionar los problemas: al día de hoy el presupuesto con el que están funcionando las universidades es un 32% más bajo que el de 2023. Esta es la base que el gobierno toma para fijar las proyecciones presupuestarias para 2025 que, en principio, se mantendría al nivel de 2024, aunque con el riesgo de que sea aún menor.
El programa “Desarrollo de la Educación Superior” que refleja las variaciones en el financiamiento universitario está compuesto en un 88% (el porcentaje coincide tanto para el total ejecutado en 2023 como para lo acumulado hasta agosto de 2024) por salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo. De esta forma, los salarios universitarios se convierten en la principal válvula de ajuste efectiva sobre los fondos que recibe el sistema. Al día de hoy, los salarios docentes están un 23% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales.
Según datos del Índice de Salarios relevados por el Indec, la evolución de la remuneración docente resulta todavía más desfavorable que la de los trabajadores del sector público, que se ubican un 8% por encima de los universitarios. La diferencia es aún mayor si se compara con la evolución de salarios del sector privado registrado, que supera en un 21% a los salarios universitarios.
Los más afectados por la insuficiencia de los fondos asignados a la educación superior, son los docentes y no docentes, cuyos salarios corrieron muy por debajo de la inflación. Según datos de Adiuc, en julio, un profesor asistente con dedicación semiexclusiva y 10 años de antigüedad percibió $540 mil. Esto representa una disminución del 23% en términos reales respecto a lo que cobraba en noviembre de 2023 y un 44% más bajo que agosto de 2015, el máximo valor de la serie.
En este marco, la Ley de Financiamiento Universitario dispone la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales para 2024, estableciendo la actualización de las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. También propone nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades (número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión). El proyecto fue aprobado por el Congreso, pero el Ejecutivo tiene hasta el 3 de octubre para anunciar su promulgación, o bien su observación total o parcial.
Lejos de solucionar este problema, el proyecto de presupuesto para 2025 tiene componentes que incluso podrían agravarlo. En primer lugar, dispone dejar sin efecto para el ejercicio próximo el 6% del PBI establecido como mínimo de inversión en educación por la Ley N° 25.152. Del promedio de gasto en porcentaje del PBI que Nación venía aportando a educación, el 50% iba destinado al financiamiento de educación superior (presupuesto ejecutado en 2023). La suspensión de esta exigencia de inversión contenida en la norma puede ser un camino directo a que ese porcentaje baje considerablemente.
En segundo lugar el proyecto fija una regla fiscal de déficit cero que, sumada a las proyecciones macroeconómicas que prevén una inflación considerablemente menor a otras estimaciones y al ajuste que se viene aplicando desde principios de año, ponen en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales. Esto se debe a que el proyecto fija techos de gasto para las partidas discrecionales (que no se actualizan automáticamente), lo que convierte a las partidas como financiamiento universitario en un blanco fácil de licuación. Si la inflación real supera la proyectada (18,3%), esos fondos quedan muy por debajo de lo previsto y es imposible aumentarlos por las disposiciones de la regla fiscal. Otra vía es que el Ejecutivo recorte las partidas indexadas en caso de que los ingresos sean menores a los esperados.
Para salarios universitarios, que se consideran gastos no discrecionales ya que hay normas que regulan los montos y condiciones de indexación, el presupuesto 2025 prevé una continuidad de estas condiciones. Las partidas de asistencia financiera para el pago de salarios docentes y no docentes cristaliza el ajuste de 2024 y representa una caída en conjunto del 33% en comparación a lo ejecutado en 2023. Esto implica que el gobierno prevé que las paritarias del sector no recuperen los valores previos a la asunción del actual gobierno.
El actual escenario resalta la importancia de entablar diálogos serios que permitan generar acuerdos sostenibles para asignar los recursos que las universidades necesitan de forma urgente. Para eso, es necesario contar con un presupuesto de funcionamiento acorde y una actualización en los haberes de docentes, investigadores, y personal universitario, factores de los que depende la continuidad y calidad del sistema educativo. La búsqueda del equilibrio fiscal no debería atentar contra el derecho a la educación, que además es motor de progreso.
Integrantes del Programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
