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Prioridades en temas de justicia
De la notoria anomia que nos invade solo saldremos si el próximo gobierno encara con firmeza este mal por la vía que corresponde: colaborando con los órganos que deben perseguir y administrar justicia para que actúen con independencia, celeridad y determinación.
La nube de corrupción que sobrevuela la Argentina está alimentada desde hace tiempo por estos perniciosos factores. El primero es la sospecha, generada a partir de evidencias de peso, de que gobernantes presentes y pasados (que son muchas veces los mismos) han tenido un desempeño reñido con la legalidad, lo que ha derivado en prebendas para algunos y enriquecimiento ilícito para ellos mismos. El segundo factor es que las causas judiciales que permitirían determinar si esas sospechas alcanzan para dictar sentencias ejemplificadoras, que además se cumplan, están plagadas de idas y venidas, apelaciones, tiempos muertos de espera y actuaciones “en paralelo” que las desvirtúan. El resultado no podría ser peor. La nube de corrupción se expande y el sol nunca sale. Suponemos, en general con fundamento, que los gobernantes no son merecedores de nuestra confianza, pero no contamos con el certificado de indecencia que debería naturalmente emanar de una sentencia judicial firme que así lo proclame.
A este escenario que domina las causas que tramitan ante la denominada “Justicia Federal” se suma asimismo la convicción de que el cumplimiento de la ley no rinde frutos. Nuestro hacinado sistema carcelario lleva a que los jueces eviten el dictado de penas de efectivo cumplimiento cada vez que una condena de ejecución condicional aparece como teóricamente posible. Luego de ello emerge el otro gran problema de nuestro sistema. La total falta de recursos destinados al buen funcionamiento de la llamada “justicia de ejecución”. Ella es la que debe velar porque las personas con condenas “en suspenso” observen puntualmente las reglas de conducta impuestas por los jueces. Es la misma justicia que, además, tiene por misión controlar que en los casos en que la celebración de un juicio se suspende (la denominada probation) a condición de que el imputado cumpla con cargas tales como indemnizar a la víctima, no salir del país o dar aviso de cualquier cambio de domicilio, aquel satisfaga esas cargas debidamente.
La realidad muestra que los juzgados de ejecución están sobrepasados de expedientes y demasiado huérfanos de recursos como para cumplir adecuadamente su misión. Todo ello hace que, especialmente en delitos que no han concitado el interés general, no se ponga seriamente la mira en saber si los acreedores de estos “beneficios” procesales han o no aprendido algo.
¿Qué debe hacer entonces un próximo gobierno bienintencionado al respecto?
Para empezar, debe fijarse como prioridad atender estas cuestiones. Los candidatos a ocupar cargos relevantes vinculados al área de Justicia deberían tomar rápido contacto con organismos tales como el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, la Procuración General como cabeza de los fiscales y el Servicio Penitenciario para preguntarles, derechamente, qué necesitan y qué cosas puede aportar el próximo Poder Ejecutivo. Ya sea en asignación de recursos, cursos de capacitación, cooperación para la provisión de herramientas tecnológicas, o eventualmente el envío de proyectos de ley que cuenten con el apoyo de un recién asumido gobierno, lo cual tendrá un considerable peso.
Es solo cuestión de decidirse.ß
Abogado, especialista en derecho constitucional
