Proteger a la sociedad de los corruptos

Pocos días antes de las PASO, el Congreso empieza a considerar una iniciativa de gran relevancia institucional. La Comisión de Asuntos Constitucionales iniciará el martes próximo el tratamiento de varios proyectos de ley que, con matices, proponen que los condenados por delitos contra el Estado no puedan ser candidatos a cargos públicos.

La llamada ley de ficha limpia fue promovida por ciudadanos comunes sin identificación partidaria. Una petición lanzada en el sitio Change.org ya supera las 250.000 firmas (https://www.change.org/fichalimpia). Sus impulsores interpretaron sin duda el sentir de amplios sectores de la sociedad, hastiados de la corrupción sistémica que, hace muchos años, nos agobia. Ficha limpia apunta a impedir que quienes fueron sentenciados por delitos de corrupción sigan accediendo a la representación popular. Las medidas propuestas varían según los proyectos; algunos plantean como requisito que haya sentencia de primera instancia -que en el ámbito federal sería de un tribunal oral integrado por tres jueces- y otros que haya sentencia confirmada por una segunda instancia.

En diversos países existen leyes similares, varias de ellas incluso más estrictas que las que tratará el Congreso. Países como Chile, Uruguay, México, El Salvador y Honduras impiden que los procesados por ese tipo de delitos sean candidatos. En España y en Brasil basta para impedirlo una sentencia por corrupción, aunque no esté firme. En la Argentina, los juicios por corrupción duran más de 14 años en promedio y muchas veces concluyen por prescripción, porque la lentitud de los tribunales es tal que los delincuentes quedan libres por el paso del tiempo. Entre tanto pueden ser reelegidos una y otra vez para quedar refugiados tras el mal uso de los arcaicos fueros parlamentarios, cuyo origen, claro está, nada tiene que ver con proteger a quienes cometen crímenes contra la sociedad. Los ejemplos son múltiples y conocidos, a punto tal que varios legisladores han llamado a impedir que el Congreso sea un "aguantadero" para quienes deben dar cuenta de sus delitos ante la Justicia. De allí la importancia de la ley de ficha limpia, que puede impedir esos abusos en tanto exista una sentencia judicial condenatoria que, de por sí, tiene presunción de legitimidad y habilita que la sociedad suspenda la participación en las elecciones del condenado.

Como bien lo explican los proyectos, en particular la extensa y detallada fundamentación de la diputada Silvia Lospennato, no se trata de una pena, sino de "una medida tendiente a proteger al colectivo social de las nefastas consecuencias de que un responsable por delitos de corrupción acceda a la función pública", pues "el principio de inocencia resulta de interpretación distinta en los ámbitos penal y electoral". Recordemos que el artículo 36 de la Constitución iguala los delitos contra el orden constitucional y el sistema democrático y de corrupción que se cometen contra el Estado.

El próximo lunes, quienes impulsan ficha limpia organizan un evento que se realizará a las 17 horas en el Anexo C del mismo Congreso. Como demostración del interés y compromiso social con la iniciativa, más de una semana antes se agotaron las entradas sin que se haya llegado siquiera a anunciarlo más que en las redes sociales.

La corrupción, vale la pena reiterarlo, no tiene signo político, no es "de izquierda" ni "derecha". Es uno de los grandes males de nuestros tiempos, muy especialmente en nuestro país. Sin derrotarla no será posible salir de las crisis recurrentes que nos afectan en las últimas décadas y no podremos lograrlo sin generar consensos amplios.

Por eso ficha limpia debería ser un proyecto del conjunto de la sociedad y ser aprobado por una mayoría abrumadora en el Congreso, para que la lucha contra la corrupción comience a ser una verdadera política de Estado.

Abogado, especialista en ética pública