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Qué es la renta básica universal
La gravedad de la pandemia y de la recesión mundial han obligado a la mayoría de los gobiernos a multiplicar las transferencias monetarias directas a las personas más necesitadas. Esto reactivó el debate acerca de la Renta Básica Universal (RBU), que había cobrado fuerza en las últimas décadas ante el aumento de la pobreza y la desocupación. (En 1986, por ejemplo, se formó el Basic Income European Network [BIEN]). Sin embargo, el tema permanece en la penumbra en nuestro país, a pesar de trabajos pioneros como los de Rubén Lo Vuolo y sus asociados del Ciepp, y es difícil que salga de ella.
¿En qué consiste la RBU, también llamada Ingreso Básico Universal (IBU)? Sintéticamente, en asignarle a todos los ciudadanos y residentes permanentes, sin condición alguna, un ingreso de base con independencia de cualquier otro tipo de recursos que posean o que puedan recibir. Como en el caso del voto, tienen derecho a él ricos y pobres, sin diferencia de sexo, género o creencia religiosa, por el solo hecho de existir. De ahí su gran relevancia en estos momentos, cuando la falta de empleo y de medios constituyen amenazas ciertas para la libertad y la igualdad.
En la era moderna, la primera justificación ética del tema la brindó Thomas Paine en su Justicia agraria (1797), donde sostuvo que la tierra es un bien natural que en su origen constituye una propiedad común de la humanidad. Por eso resulta de estricta justicia que sus apropiadores y dueños sean gravados, a fin de poder otorgar sin condiciones un pequeño capital básico a todos los hombres y mujeres cuando llegan a la edad adulta y una pensión jubilatoria a los mayores de 50 años.
El gobernador republicano de Alaska (EEUU) aplicó una lógica similar a mediados de la década de 1970, cuando se descubrió allí el yacimiento de petróleo más importante de América del Norte. Consideró injusto que la bonanza sólo beneficiara a la población presente y promovió la creación de lo que acabaría siendo la Alaska Permanent Fund Corporation, que desde 1982 garantiza a todos quienes hayan residido por lo menos seis meses un dividendo anual, cualesquiera sean su sexo y edad. Esto ha contribuido a que Alaska se convierta en el estado más igualitario de los EEUU, con “el único verdadero sistema de renta básica existente en la actualidad” (P. Van Parijs).
Desde hace unos veinte años, la idea se viene discutiendo y ensayando en lugares tan diversos como Canadá, Alemania, Francia, Escocia, los Países Bajos, Estados Unidos, Kenia, Namibia y la India. En 2016 se realizó en Suiza un referéndum para crear una RBU que, según sus promotores, asegurase a todos “una vida digna y su participación en la vida pública”. El gobierno fue el principal opositor, argumentando que el costo sería prohibitivo y obligaría a aumentar los impuestos, a la vez que la medida atraería demasiados inmigrantes. Votó menos de la mitad de la ciudadanía y la iniciativa fue derrotada. Pero sus defensores se declararon satisfechos porque fue un primer paso que obtuvo el apoyo de uno de cada cuatro votantes.
A la vez, en Finlandia se completó en 2019 un proyecto piloto basado en una muestra al azar de 2.000 desocupados de entre 25 y 58 años a los cuales se dotó de una RBU, para comparar su comportamiento con el de un grupo de control. El experimento puso a prueba la difundida objeción de que un ingreso básico asegurado desalienta la búsqueda de trabajo. Sólo que el conocimiento científico suele ser contraintuitivo. Y así como hemos aprendido que el aumento del salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo, el estudio finlandés mostró que, lejos de verse resentida, la oferta laboral fue mayor entre quienes recibieron la RBU. ¿Por qué? Porque aumentó la confianza de los beneficiarios en sí mismos y en sus capacidades y redujo sus niveles de ansiedad. De paso, esto disminuyó el gasto público en salud mental. Poco después se realizó una investigación parecida en Barcelona, con idénticos resultados.
Para responder al problema del financiamiento se han venido discutiendo dos estrategias principales. Una, regresiva, consiste en que la aplicación de la RBU reemplace todo tipo de ayuda social por parte del sector público. De esta manera, desde los economistas neoclásicos de la escuela de Chicago en adelante se busca liquidar lo que queda de los Estados de Bienestar y hacer que, en realidad, los costos de la iniciativa caigan mayormente sobre los que menos tienen, despojando así a la RBU de sus fundamentos éticos y de sus efectos redistributivos.
El punto de partida de la otra estrategia es una reforma fiscal progresiva que aumente los impuestos directos (especialmente, ganancias e inmobiliario) y reduzca los indirectos (como IVA e ingresos brutos), a fin de que la RBU no afecte el sistema de protección social. Esto supone debatir en cada lugar el monto de la RBU (que siempre debe ser superior al de las líneas de pobreza absoluta y relativa) y las modalidades de su distribución según edades. Sin duda, es la única alternativa justa y también la que mayores resistencias despierta entre quienes defienden sus posiciones de privilegio.
¿Por qué las crecientes discusiones sobre la RBU nos resultan tan ajenas? Ante todo, años de dominación autoritaria y de periódicas “reconstrucciones nacionales” han hecho que nuestra administración pública sea un caos en el que proliferan la ineficiencia, la ineptitud y el nepotismo. Si llamamos sistema a un conjunto ordenado de componentes que tienden a formar una unidad, es evidente que el país cuenta con sectores pero no con sistemas de impuestos, de salud o de protección social. Acerca de este último, Diego Cabot (la nacion, 22/1/2021) ha expuesto su falta de transparencia y el modo en el cual se superponen planes nacionales, provinciales y municipales. Peor aún, suelen delegarse funciones en organizaciones de la sociedad civil y son los punteros quienes confeccionan las listas de beneficiarios. Según concluye, esto se vuelve “una verdadera bacanal para la política clientelar, una urdimbre sobre la que se teje buena parte de la política argentina”. Es obvio que la RBU liquidaría este entramado.
Otro tanto ocurre en el sector fiscal, cuyas sucesivas y pretendidas reformas han sido parches que, lejos de favorecer la coherencia y la progresividad, facilitan la elusión y la evasión y hacen que, en proporción a sus ingresos, paguen más los que menos tienen. También aquí existen poderosos intereses creados que le cierran el paso a la RBU.
Pero la traba más importante es de orden cultural y hace a la medida en que se naturalizan estos fenómenos. Me refiero a la gran cantidad de argentinos que creen que la situación no tiene salida. A ellos van destinadas estas reflexiones acerca de la RBU. No porque considere que pueda implementarse en el corto plazo sino porque echar luz sobre las barreras que se le oponen potencia el cambio cultural que necesitamos. Vuelvo al ejemplo del voto para recordar los años de lucha que demandó obtener el sufragio femenino.
Cité antes a Paine. En 1776, al criticar el sentido común, previno que “un largo hábito de creer equivocadamente algo le da a este algo la apariencia de que es correcto y hace que la gente ponga el grito en el cielo en defensa de sus costumbres”. La clara razonabilidad de la RBU en las dramáticas circunstancias que atravesamos puede ser un poderoso ariete contra el sentido común imperante en amplios segmentos de nuestra sociedad por conveniencia o por resignación.
Tipo de trabajo:
opinión
