Que las inversiones públicas sean realmente productivas

En la visita presidencial a China se acordaron decisiones que no son positivas desde el punto de vista de las necesidades de nuestro país, en estos años de retroceso económico y aumento de la pobreza, cuando es crucial ser cuidadoso en la administración de las inversiones públicas. El crecimiento económico de un país depende críticamente de sus inversiones, pero la experiencia internacional es bien clara cuando nos dice que no todas las inversiones aportan realmente a un crecimiento sostenible. En el caso de la inversión pública es necesario priorizar cuidadosamente eligiendo los mejores proyectos no solo en infraestructura como rutas, energía, transporte, saneamiento, sino también en inversiones de carácter social como educación y salud. Para esto es necesario que el Estado compre bien, con licitaciones abiertas y competitivas, y no que le vendan directamente sin competencia, como se acaba de acordar con las autoridades chinas.

Las inversiones públicas compiten por recursos, que son escasos para satisfacer todas las demandas de la sociedad sobre las disponibilidades presupuestarias. El interrogante es: ¿cómo maximizar el aporte al bienestar colectivo de un programa de inversiones y gasto público? La Cepal prestó atención a esta cuestión desde la pasada década del cincuenta, cuando Julio Melnick edita el recordado “Manual para la preparación y evaluación de los proyectos de inversión”, difundiendo las técnicas requeridas para optimizar los procesos de inversión pública, procurando maximizar la contribución positiva de cada peso de gasto presupuestario

Estas consideraciones habían sido contempladas en la ley 24.354 de 1994, que regulaba de una manera precisa la incorporación de inversiones públicas al presupuesto nacional. Esa ley creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que comprendía “todos los proyectos de inversión de los organismos integrantes del sector público nacional, así como los de las organizaciones privadas o públicas que requieran para su realización de transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecten en forma directa o indirecta el patrimonio público nacional, con repercusión presupuestaria presente o futura, cierta o contingente” (artículo 3). Esta ley establecía que el plan de inversiones “se integrará con los proyectos de inversión pública que se hayan formulado y evaluado según los principios, las normas y la metodología establecidos por el órgano responsable del Sistema de Inversiones Públicas (artículo 8).

Durante la gestión de Lavagna se mejora el sistema cuando la Secretaría de Política Económica dicta, en 2004, la resolución 175, que indicaba que para aprobar un proyecto de inversión se requería formular una comparación de costos y beneficios, más una evaluación del impacto ambiental de la obra. Esta resolución procuraba maximizar el impacto positivo de la inversión pública, dándoles prioridad a aquellas que fueran más efectivas para contribuir al progreso del país. Este régimen de aprobación de inversiones públicas es inobjetable, pero lamentablemente hace años que nada de esto se cumple.

Por ejemplo, a la corta o a la larga, los costos de generar energía eléctrica son pagados por la población, con tarifas altas si se pretende que las tarifas que pagan los consumidores cubran los costos, o con déficit fiscal, que lleva a la emisión monetaria o al endeudamiento del Estado. Es decir que siempre es la gente la que termina pagando los costos. Por esto es esencial una política energética con planes de inversión que tengan la mejor relación beneficio-costo.

Nuestro país tiene un alto potencial hidroeléctrico sin explotar que permitiría casi triplicar la producción de esta energía limpia. Las posibilidades de generación hidroeléctrica están distribuidas regionalmente, ya que se ubican en la zona andina y también en la Cuenca del Plata. No olvidemos que uno de los mejores proyectos hidroeléctricos del mundo, por su bajo costo por kW/h generado, se ubica aguas abajo del Iguazú (Pindo-i), en Misiones.

En hidroelectricidad existen numerosos proyectos a costos razonables. También existen buenas perspectivas para las nuevas energías renovables, solar y eólica, con su aporte a las economías regionales debido a su localización geográfica. Estas tecnologías tienen además el alto mérito de ser “limpias”, ya que no emiten gases como el CO2. Es notable el sostenido descenso en los costos de este tipo de energía debido a los avances tecnológicos.

Es importante prestar atención a los costos de inversión de cada tipo de energía eléctrica, ya que son fundamentales para determinar los niveles tarifarios requeridos para cubrirlos con el esfuerzo de los consumidores, salvo que se pretenda cubrirlos con déficit fiscal. El costo de inversión del kW nuclear es 4,8 veces mayor al costo eólico y 6,6 veces mayor al costo de inversión del ciclo combinado de gas y del solar fotovoltaico. La comparación de costos con la energía hidroeléctrica depende en cada caso de las características de las obras, pero señalemos que el costo de inversión nuclear por kW es nada menos que el doble o más que el costo por kW de varios proyectos hidroeléctricos. Si incluimos además los costos de operación también resulta que el kW/h generado más costoso en las nuevas inversiones es el nuclear.

Ocupamos un lugar destacado en el mundo en materia nuclear, ya que se han realizado durante muchos años en nuestro país importantes avances en investigación y desarrollo, por esta razón es importante fortalecer aún más estos programas tecnológicos que propicia el Estado argentino, ya que es considerable el capital humano acumulado por tantos años en el área nuclear, pero esto no exige de ninguna manera realizar gastos con equipamientos importados, suministrados por contratistas extranjeros sin licitaciones competitivas y donde los costos son mayores a los beneficios. Nosotros debemos “comprar” y evitar que simplemente “nos vendan”, como está ocurriendo con los acuerdos con China. Insistir en proyectos costosos de baja prioridad podrá ser bueno para unos pocos (consultores, financistas y proveedores y constructores extranjeros), pero es malo para el contribuyente y peor para el usuario, que tendrá que pagar en el futuro mayores tarifas eléctricas. No olvidemos que estas obras deberán ser financiadas por varios gobiernos nacionales. Es hora de evitar decisiones erróneas, ya que el esfuerzo por propiciar inversiones públicas que sean sensatas debe ser permanente, si pretendemos un futuro mejor para todos con crecimiento e inclusión social.

Exsecretario de Energía