Que los corruptos devuelvan el dinero

El fenómeno de la corrupción está -por fin- instalado en la agenda de la sociedad. Hay un reclamo masivo y sostenido para que esos actos nefastos dejen de ser impunes y podemos ver hechos significativos.

Causas dormidas por largos años se activan. Empiezan a romperse las complicidades mafiosas y a aflorar pruebas que parecían inalcanzables. Surgen derivaciones que pueden conducir a los cerebros y a los principales beneficiarios de los actos corruptos.

La figura del arrepentido, por ejemplo, parecía una utopía pocos años atrás. Cuando con Mori Ponsowy iniciamos una campaña en Change.org que reuniría más de 140.000 firmas, sentíamos que el objetivo estaba muy lejos. Hoy, pese a las notorias insuficiencias de la norma finalmente aprobada -para lo cual, bueno es recordarlo, mucho tuvieron que ver ciertos bolsos repletos de billetes arrojados tras el muro de un convento-, esa figura legal comienza a abrir la puerta para el esclarecimiento de casos emblemáticos.

Hay un largo camino por recorrer y los tribunales deberán demostrar que pueden cumplir su rol constitucional y legal, tramitar las causas con el ritmo y la eficiencia necesarios y terminar con el vergonzoso promedio de 14 años de duración que demoran los procesos de corrupción.

Sin embargo, existe en forma paralela otro poderoso reclamo social que no parece encauzado y es el de que el Estado recupere las enormes sumas que le han sido robadas.

Ese recupero es fundamental por dos razones principales. Porque dichos fondos multimillonarios son necesarios para atender las obligaciones básicas del Estado, como la educación, la salud, el trabajo y la infraestructura de obras y servicios que precisamos y merecemos. Y porque advertir a todos los posibles partícipes en actos corruptos que no sólo se los perseguirá penalmente, sino que deberán devolver, con intereses, hasta el último centavo mal apropiado, es la mejor forma de prevenir la corrupción hacia el futuro.

La tarea no requiere de nuevas normas. La muy demorada ley de extinción de dominio es una herramienta útil que el Congreso debería sancionar cuanto antes, pero las disposiciones vigentes bastan para actuar de inmediato.

Corresponde a los servicios jurídicos de cada repartición pública y a la Sindicatura General de la Nación controlar todo acto que genere o pueda generar perjuicios al Estado, determinar tales perjuicios y reclamar su resarcimiento. Los juicios civiles para que el Estado recupere el dinero y sea indemnizado no dependen de que los responsables sean condenados penalmente: se puede reclamar ya la inmediata devolución del dinero robado o la indemnización de los daños causados. El Código Civil y Comercial de la Nación concluye al respecto con cualquier debate. Se trata de promover cuanto antes las acciones correspondientes.

En resumen, es factible, justo e imperioso que devuelvan lo mal habido los autores de delitos de corrupción, los que recibieron y los que pagaron sobornos, los que se beneficiaron cobrándonos a todos los ciudadanos sobreprecios indebidos (cuando no precios por obras o servicios no realizados) y los que usaron para fines personales los fondos públicos que debían administrar.

En tiempos en que el dinero es un valor supremo y un factor decisivo de poder, que el Estado reclame en forma eficaz la devolución de lo que se le ha robado haría un gran aporte para terminar con una corrupción que hace tiempo que ha demostrado ser sistémica.

Abogado