Que los delitos de corrupción sean imprescriptibles

La corrupción mata. La sociedad argentina ha sufrido el flagelo de la corrupción durante décadas y bajo gobiernos de todos los signos políticos. Hubo épocas en las que pareció que reaccionaba contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, como sucedió al apoyar las denuncias de la Alianza durante la etapa final del menemismo, pero el efecto fue pasajero y otros problemas sepultaron la demanda de honestidad en el manejo de los fondos públicos. En los últimos años, tampoco el reclamo de combatir la corrupción actuó como una bandera política capaz de atraer millones de votos. Sin embargo, las recientes tragedias de Once y las inundaciones volvieron a instalar en la conciencia de los argentinos que la corrupción mata. Mata en forma directa cuando espuriamente se desvían fondos para obras públicas que podrían haber evitado esas tragedias, o de modo más sutil, pero no menos mortífero, cuando los personeros del poder se enriquecen con dinero del Estado que debió ser invertido en beneficio de la población. Siendo estos hechos gravísimos, aún se debe sumar un factor adicional en la negra cuenta de la corrupción: la desesperanza que genera en millones de ciudadanos honestos y trabajadores el observar cómo impunemente un puñado de políticos se llenan los bolsillos mientras proclaman trabajar por el pueblo. Con un corolario no menos fatídico: pareciera que la política deja de ser un camino para mejorar la vida de las personas para convertirse en un coto de caza inmoral, al que los ciudadanos honestos no pueden ingresar. Se llega a creer que la política siempre es sucia y sólo destinada para corruptos que la toman como una vía para hacerse millonarios. Afortunadamente, el ideal democrático está más fuerte que nunca y el espectáculo inundatorio de la corrupción no hace vacilar la fe de los argentinos en la República.

Los recientes y sonados casos de corrupción que salpican a las máximas autoridades nacionales y el apuro vertiginoso del kirchnerismo -por lo mismo sospechoso de que su fin último sea garantizar la impunidad- en imponer sin debate la sanción de una reforma judicial que la mayoría del país rechaza, invitan a proponer como contrapartida la sanción de una ley que prevea que los responsables de casos de corrupción no evadan la acción de la Justicia. Si acordamos que la corrupción mata y estamos en presencia de corrupción de Estado, es decir, de corrupción llevada a cabo usufructuando ilegalmente los recursos del Estado y desde la administración del Estado, por analogía es perfectamente aplicable al delito de corrupción el mismo criterio de crímenes de lesa humanidad que se aplica al terrorismo practicado desde el Estado. En ambos casos, se trata de muertes provocadas por funcionarios del Estado.

Existen antecedentes sobre la materia. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Y designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. El art. 29 de la Convención dice: "Cada Estado Parte establecera?, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripcio?n amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convencio?n y establecera? un plazo mayor o interrumpira? la prescripcio?n cuando el presunto delincuente haya eludido la administracio?n de justicia". No propone en forma directa la imprescriptibilidad, pero sugiere plazos muy amplios o la interrupción de la prescripción, expedientes ambos que podrían funcionar en la práctica como la imprescriptibilidad.

El 31 de marzo de 2010, en Bolivia se aprobó la ley de lucha contra la corrupción que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En noviembre de 2011, en una apretada votación, el Congreso de Perú devolvió a la Comisión de Justicia el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que no ha vuelto a tratarse. Entre nosotros, en septiembre de 2012, el diputado Fernando "Pino" Solanas presentó un proyecto de ley para declarar "la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico". Por su parte, el diputado radical Hugo Maldonado ha presentado un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción. Finalmente, el 12 de marzo pasado se realizó en la Universidad del Museo Social Argentino la jornada "La corrupción mata: Jornada por la ética pública y contra la impunidad", en la que Proyecto Sur y la Coalición Cívica ARI suscribieron un documento que propone "la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como una de las herramientas en contra de la impunidad".

Todos los partidos políticos tienen el deber de sumarse a esta cruzada. Y los ciudadanos, el rol de castigar con su voto a quienes así no lo hagan. No dejemos que la corrupción siga matando.