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Qué observa el Observatorio de Medios
Por Emilio J. Cárdenas Para LA NACION
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Las libertades de opinión y expresión son no sólo derechos fundamentales e inalienables de las personas; son, asimismo, componentes indispensables de la institucionalidad democrática. Esto es así porque en las democracias se asigna a los medios de comunicación masiva el deber de controlar el ejercicio del poder y la responsabilidad de denunciar públicamente los posibles abusos.
Para ello los medios deben poder seguir de cerca la gestión de los gobiernos, en un marco de amplia libertad. Esto es, sin enfrentar barreras de corte intimidatorio, que coarten su libertad.
Los autoritarios, enseña la historia, no creen en la libertad de prensa. Tampoco en la libertad de opinión. Es más, les temen.
No sorprende, entonces, que, al invertir los roles, pretendan ser ellos quienes, de pronto, controlen los medios. De acuerdo con las circunstancias, procuran hacerlo de mil distintas maneras. Desde la supresión, lisa y llana, de la prensa libre, hasta las amenazas a través de medidas indirectas y opacas.
El objetivo es siempre el mismo: la preeminencia del "discurso único"; el infalible; el "oficial" que, por intolerante, no necesita escuchar porque, pretendidamente, jamás se equivoca.
Las autoridades nacionales están impulsando la acción de un inédito y difuso Observatorio de los Medios de Comunicación. Desde él proponen edificar un mecanismo incompatible con la democracia, que parece destinado a restringir la acción de los medios en procura de influenciar o uniformar sus mensajes, al desnaturalizar su rol democrático. El mundo, al revés.
Paradójicamente, esto se promueve en un país como el nuestro, en el que el pluralismo en materia de ideas está asegurado. No sólo por la diversidad de opinión que caracteriza a nuestros medios, también por la existencia de toda suerte de medios de comunicación masiva estatales. A lo que cabe sumar la acción ideológica monocorde de Telesur -una joven empresa, a la vez multinacional y pluriestatal, con sede en Caracas, de la cual la Argentina, Cuba, Venezuela y Uruguay son socios fundadores-, que genera sólo aquellos contenidos que definen sus accionistas, sin demasiados matices.
Como si todo esto fuera poco, la tecnología (y muy particularmente Internet) obra de válvula de escape de cualquier intento, por disimulado que sea, de unificar las opiniones.
Es posible, sin embargo, que exista una función alternativa, democrática, para el referido Observatorio, que debiera meditarse. Ella podría llenar un vacío actual, peligroso para la vida de la República.
La propuesta es que el ente en cuestión dedique sus esfuerzos a vigilar y transparentar la utilización cada vez mayor, desde el poder, de dineros públicos para objetivos de difusión y "concientización". Para influenciar a la opinión pública, entonces.
La aviesa inundación de toda suerte de espacios con carteles y leyendas que fustigan al "Grupo Clarín" a la que asistimos y está, presumiblemente, costeada con dineros públicos, es un ejemplo evidente de aquello que la sociedad debiera poder monitorear de cerca. Esto supone no solamente conocer cuánto se gasta efectivamente en esas campañas, sino cómo y por qué se lo hace. Supone también controlar -eficiente y sistemáticamente- la asignación arbitraria o discriminatoria de la llamada "publicidad oficial".
Además, poder vigilar el uso de los recursos públicos en los crecientes mensajes televisivos, cartelería y toda suerte de publicidad, algunas veces con el propósito de ensalzar la acción de Gobierno y otras para tratar de demonizar a los adversarios o enemigos.
Las referidas "campañas" procuran complacer al poder, disimular sus fracasos y, en definitiva, distorsionar la realidad. Parece también necesario, por último, vigilar y transparentar el otorgamiento de frecuencias y licencias de radio y televisión, y la confección selectiva de las "grillas" de aparición o ubicación en los distintos diales; así como monitorear eficientemente los premios y castigos a los comunicadores sociales o a los distintos medios.
No es poco como tarea alternativa posible para el Observatorio. Requeriría independencia y activa participación de la sociedad civil, sin disfraces. Sería una forma, valiente, de mostrar una verdad que hoy no está disponible. Supondría no insistir en invertir descaradamente los parámetros de la democracia, al pretender vigilar a quienes, por definición, tienen el rol de controlar la acción de las autoridades: los medios de comunicación masiva. Y animarse a ser coherente con el propio discurso.
Si "se ponen restricciones al discurso -nos decía en su tiempo el preclaro Mariano Moreno- el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán, para siempre, su abatimiento, su ruina y su miseria". Los primeros intentos de hacerlo en nuestro territorio se remontan a los albores de la Patria, a un decreto del 20 de abril de 1811, concretamente, que tuvo corta vida. Las tentaciones, según queda visto, no han desaparecido.
