¿Qué hay que saber para ser presidente? El título en la era de la gestión

Hay al menos dos curiosidades en la decisión del gobernador y candidato a presidente Daniel Scioli de dedicar parte de su tiempo de campaña a rendir algunas de las materias que le faltan para recibirse. La primera es que no estudia abogacía y no lo hace en la UBA u otra universidad estatal, dos tradiciones de la mayoría de los políticos argentinos. La otra es que haya decidido hacerlo, a la luz del escaso peso que los votantes –según encuestas, estudios de opinión y el sentido común de muchos analistas– le dan a la formación profesional e intelectual de quienes eligen para representarlos.

Según los últimos sondeos, los dos candidatos con mayores posibilidades de estar en la recta final para la presidencia después de las PASO de hoy comparten una particularidad: no son abogados –Mauricio Macri es ingeniero y Scioli aspira a ser licenciado en Comercialización– y no se graduaron en una universidad estatal –Macri estudió en la UCA y Scioli lo hace en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)–. Sergio Massa, el tercero mejor posicionado hasta ahora, egresó de la Universidad de Belgrano, donde hace pocos años obtuvo –él sí en la línea tradicional de los políticos argentinos– su título de abogado.

El dato puede ser un detalle anecdótico, pero señala algunas particularidades argentinas: la inexistencia de una trayectoria educativa determinada para acceder a la élite política; las transformaciones del campo universitario, con la consolidación de instituciones privadas y estatales más pequeñas y nuevas carreras en las últimas décadas; y, más profundamente, cambios históricos en lo que los argentinos pensamos que es y debería ser la formación profesional de las elites que nos gobiernan. Una paradoja aparece en este punto: ¿por qué una sociedad que da tanto valor a las credenciales universitarias como símbolo de ascenso social no las valora igualmente en quienes la representan?

En este panorama, algo se mantiene sin cambios: si se mira el resto de los precandidatos a presidente predominan, como en el siglo XIX, los abogados (lo son Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Juan Manuel de la Sota y Adolfo Rodríguez Sáa, por ejemplo). De la izquierda llegan otras profesiones: Nicolás del Caño y Manuela Castañeira, también los más jóvenes del listado, son sociólogos. La diferencia es que el título de abogado no parece ser un valor para el juego político y nadie señala los atributos propios de esa profesión para hacer política (la Presidenta, por caso, sólo lo utilizó para justificar su patrimonio, con aquello de la "abogada exitosa").

"Que Scioli, Macri y Massa no vengan de una universidad estatal muestra el carácter no restrictivo de las élites argentinas, la ejecutiva y la parlamentaria, y su formación más diversificada", dice Paula Canelo, investigadora adjunta del Conicet y del Idaes (Unsam).

En efecto, en la Argentina no hay caminos marcados que lleven de la escuela primaria al puesto político, como sí sucede en otros países. "Si miramos a quienes ocupan posiciones en el campo político y seguimos sus trayectorias educativas, vemos que hay un tránsito muy heterogéneo por el sistema educativo. No hay un conjunto específico de escuelas que catapultaron a un grupo a la política –apunta Sandra Ziegler, doctora en Ciencias sociales e investigadora del área de Educación de Flacso, especializada en la formación educativa de las élites–. Esto tiene que ver con una historia del sistema educativo y con una sociedad con mucha población inmigratoria que le dio una dinámica más abierta. En otros países (Francia es el caso paradigmático), las carreras educativas están articuladas para luego ocupar distintas posiciones en la función pública y el Estado. En Argentina no hay relación directa entre el sistema educativo y la ocupación de posiciones en la elite política."

Abogados y estadistas

La preeminencia de los abogados entre los dirigentes, sin embargo, tiene razones históricas. "En el siglo XIX, las tareas que hacía la elite política tenían que ver con constituir el Estado y muy especialmente su legalidad. Casi no hay una profesión que no sea la abogacía que pueda dedicarse a la política. Los abogados son los que manejan leyes, conocen sus fundamentos y pueden discutir sobre eso. Y, si se mira la sociedad, casi no hay otra profesión articulada en ese entonces; luego lo serán los médicos –apunta Luciano de Privitellio, historiador y profesor en la UBA–. En el siglo XX perdura esa tradición, con la idea de que no sólo la élite debe ser ilustrada, sino también los ciudadanos."

La situación cambia a fines de la década del 30 del siglo pasado. "Hay élites nuevas que se vienen formando alrededor de los partidos políticos. Ya no alcanza con ser abogado para ser político, hay que ir al barro de la realidad y pasar por el partido. Desaparece la idea de una élite política formada y de que el ciudadano debe serlo, de la mano de las ideas liberales que ganan lugar en el mundo y de la aparición del peronismo –sigue De Privitellio–. La idea de ciudadanía pierde vinculación con un saber específico que se obtiene en un lugar específico." Para el historiador, esto continúa hasta hoy. "La formación no tiene el lugar en el imaginario público que tenía hace 100 años, ni la de la elite ni la del ciudadano".

Pese a todos los cambios, el título de abogado en la Argentina sigue teniendo una especie de incumbencia profesional de posdata: hacer política. Para Canelo, "los abogados conservaron hasta hoy el capital de ser los que pueden interpretar la ley, conocer las reglas de la burocracia, construir carisma… todas propiedades de la profesión que son útiles en el campo político".

Sin embargo, dos cambios coinciden para hacer que, en puestos menos encumbrados, empiecen a acomodarse otras profesiones: se diversificó la oferta de carreras universitarias y el Estado se volvió más complejo de gestionar. "Los abogados siguen siendo mayoría, pero han perdido terreno frente al avance de otras profesiones en otros lugares del gobierno, como los economistas, los ingenieros en el área de obras públicas y los médicos en la salud. Esto tiene que ver también con la tremenda complejización del Estado argentino y del diseño de políticas públicas, y con algo promisorio: la consolidación de profesionales técnicos especializados en distintas áreas del gobierno". Es probable que el paso del tiempo, el crecimiento del número de graduados en otras carreras y de estos profesionales en el Estado modifique en pocos años el perfil profesional de las élites dirigentes.

Para ser presidente, coinciden los expertos, la especificidad del título universitario importa poco. "Los capitales que se requieren para el elenco político en el Poder Ejecutivo y Legislativo son heterogéneos, no uniformes. La titulación universitaria ya es un requisito excluyente, pero también hay elementos que constituyen de manera distinta a cada figura, que tienen que ver con su capital político (pertenecer a una familia con trayectoria política, la articulación con estructuras partidarias, la socialización política en la universidad o el vínculo con figuras del sindicalismo", describe Ziegler.

Y hacen falta otras condiciones, que dependen mucho más de la personalidad que del título o la ideología. "Desde los años 80 del siglo pasado se vienen investigando y sistematizando los rasgos ideales del liderazgo presidencial, que no tienen que ver con conocimientos", dice Orlando D’Adamo, especialista en comunicación política y director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub), uno de cuyos sondeos recientes encontró que las tres cosas que los argentinos más valorarán del próximo presidente son "la honestidad, la capacidad y la cercanía con la gente", en ese orden. "La idea es que es imposible que un presidente lo sepa todo, pero sí tiene que saber elegir bien a sus asesores, tener un proceso de toma de decisiones sofisticado y motivar a sus colaboradores", dice D’Adamo.

Y enumera las habilidades que la mayor parte de la bibliografía recomienda: habilidad de comunicar (de persuadir); de organizar grupos de trabajo; de plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo; de dotar a su presidencia de una mística; de establecer alianzas políticas, de ser flexible ("capaz de observar los problemas desde distintas perspectivas aceptar escuchar a quienes no coincidan y cambiar si la situación lo requiere"), y capacidad de diagnosticar situaciones ("saber ponderar lo principal y lo secundario, no desgastarse en combates estériles").

¿Por qué una sociedad tan apegada a las credenciales universitarias no las privilegia en sus representantes? "Como en nuestro país no hay un circuito formal y deliberado para la formación de la clase política, se privilegian otros atributos en los gobernantes. No son las credenciales educativas las que contribuyen a forjar el prestigio, sino las trayectorias construidas lentamente o las fortuitas (una carrera exitosa por fuera de la política, la gestión en diferentes actividades, el origen popular, haber sido víctima de algún acontecimiento de la historia nacional). Las credenciales quedan reservadas a los asesores, expertos y cuadros técnicos que acompañan a los elencos gobernantes", apunta Ziegler.

Otra explicación posible es que el título universitario, a ese nivel, va de suyo. "La élite política argentina tiene un nivel educativo altísimo en comparación con el resto de la sociedad, porque casi todos son universitarios –dice Canelo–. Si tuviéramos una elite menos ilustrada, el atributo de la educación sería distintivo."

Es la era de la gestión, esa combinación de administración y política. Y los votantes no parecen relacionar la capacidad de solucionar problemas con un título universitario. Como dicen muchos graduados de las carreras más diversas, la profesión se aprende en el terreno. La más alta política, también.