Quién es el dueño de internet

Las demandas contra sitios populares como Taringa! y Cuevana trajeron a la Argentina un debate que empieza a calentarse en el mundo: hasta dónde los gobiernos y las empresas pueden bloquear el acceso de los usuarios a contenidos online

11 de diciembre de 2011

Para LA NACION

Tomás Escobar no sabe por qué lo persiguen. Creador de Cuevana.tv, el sitio online de películas y series más popular de América latina, se convirtió en el blanco de demandas judiciales por parte de productoras y canales de telelvisión que lo acusan de violar la propiedad intelectual de sus obras. Con apenas 22 años, algunos lo consideran el equivalente argentino de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Para otros es solamente un delincuente que lucra con la propiedad ajena al facilitar el acceso a contenidos sin pagar los correspondientes derechos de autor.

Internet cambió completamente el concepto de propiedad. Y eso es lo que está realmente en discusión. Tan profundo es ese cambio que ni siquiera está claro de quién es esa Red abierta, neutral y sin jerarquías pensada por los padres de Internet.

Esa promesa de horizontalidad democrática que está en el ADN de Internet forma parte de lo que se conoce como "neutralidad de la Red". En otras palabras, la circulación de información online no puede ser bloqueada o filtrada por gobiernos, empresas u otros actores. Esa neutralidad, dadas sus ventajas sociales y económicas, no estaba en discusión. Hasta ahora. Cuando la libre circulación de datos empezó a poner en jaque a poderes consolidados, aquel consenso comenzó a resquebrajarse. Ya no se trata de los malos de siempre, antiguas dictaduras o nuevos ejes del mal, donde no se espera otra cosa que censura. Esta vez, el cuestionamiento a la neutralidad de la Red nace en la cuna de la democracia liberal. WikiLeaks, con su divulgación masiva de documentos secretos, tal vez haya sido la gota que rebasó el vaso. Durante los disturbios en Londres de agosto pasado, el primer ministro británico, David Cameron, amenazó con "interrumpir" las redes sociales si no cesaba la violencia.

Por eso, el alcance de la propiedad en (y de) Internet está como nunca en la agenda pública de muchos países. Y las posiciones son muy claras: quienes defienden una Red totalmente libre de bloqueos, y quienes piden legalizarlos para combatir la piratería. Los relatores de la libertad de expresión de Naciones Unidas, la OEA y la OCDE, sostuvieron en un documento reciente que los "bloqueos obligatorios de sitios web enteros constituyen una medida extrema análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio y TV". Hace diez días, la Corte de Justicia de la Unión Europea, el más alto tribunal continental, dictaminó que los filtros que los proveedores de Internet aplican a los sitios de intercambio de archivos violan "los derechos fundamentales".

Difícil de controlar

Hosni Mubarak, el ahora detenido ex presidente de Egipto, tuvo un último acto reflejo para conservar el poder: ordenó apagar Internet. En febrero pasado decidió combatir a sus detractores, mayormente nativos digitales, en su propio territorio. El tráfico de datos cayó estrepitosamente, pero no se extinguió. Mediante teléfonos celulares, accesos satelitales u otras redes privadas, la Web siguió funcionando. Internet es el medio de comunicación más difícil de controlar de toda la historia. Ahí crecen las redes sociales y hacia allí están migrando aceleradamente los medios tradicionales.

Desde el Piratpartiet , el partido pirata sueco que logró un escaño en el Parlamento Europeo en 2009 impulsando la abolición del copyright , pasando por los intentos legislativos por regular el intercambio de contenidos (la ley Sinde, en España; la ley Lleras, en Colombia, y la más reciente ley SOPA, en Estados Unidos), hasta la orden judicial que dispuso en la Argentina el bloqueo de Cuevana, el sitio de cine y series, el debate se va poniendo cada vez más caliente. En Estados Unidos ya existe una fundación, la Electronic Frontier Foundation (EFF), dedicada exclusivamente a vigilar que el empoderamiento que las personas lograron gracias a las nuevas tecnologías no se vea afectado por el intento de regular la Web.

Pero, ¿quién tiene el poder para "apagar" Internet? ¿Qué alcance y efectividad tienen las leyes offline en el mundo digital? En Francia, la denominada ley Sarkozy, sancionada en 2009, estipula la desconexión compulsiva, con dos avisos previos, de los usuarios que compartan archivos que violen los derechos de autor. Además, obliga a los proveedores de acceso a delatar a los internautas que utilicen mayor ancho de banda y sean sospechosos de intercambiar archivos. La norma se volvió obsoleta porque la descarga de archivos se volvió obsoleta. Ahora domina el streaming , es decir el consumo de video y música sin descarga.

En lo estrictamente jurídico, más allá de la propiedad intelectual, aparecen varios derechos en discusión, algunos de jerarquía mayor, como la libertad de expresión, el resguardo de la intimidad y el acceso a la cultura. Pero también asoman la defensa del consumidor y las normas antimonopolio. Claramente, el debate es mucho más complejo que una simple pelea callejera entre terratenientes y anarquistas digitales.

En Estados Unidos se aplica hasta ahora el procedimiento Notice and takedown : el dueño de derechos de autor comunica al dueño del servidor donde se encuentra alojado sin autorización un contenido y éste lo da de baja sin necesidad de recurrir a los tribunales. En la Argentina, hay una sola norma jurídica exclusivamente referida a Internet, la ley 26.032, de 2005, cuyo único artículo sostiene que incluye a la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas en la Web dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Sin embargo, el principal sostén legal de quienes impulsan los bloqueos a contenidos online está en la ley 11.723 de propiedad intelectual, aprobada en 1933 (cuando la radio era incipiente y la TV aún no existía).

Basándose más en la ley de 1933 y menos en la de 2005, el juez Gustavo Caramelo Díaz, a cargo del juzgado nacional de primera instancia en lo Civil N° 1, ordenó a los proveedores de acceso a Internet que "procedan a bloquear el acceso de cualquier usuario de Internet a los recursos de Cuevana, en tanto lo que por ellos requerido sea la reproducción o comunicación de las obras visuales" propiedad de Turner Argentina, el demandante.

Una medida similar había adoptado en agosto el juez Sergio Torres cuando dispuso el bloqueo de Leakymails.com , una Web que difunde correos privados de funcionarios y políticos. A pesar de esas órdenes, ese sitio sigue funcionando porque se encuentra alojado en el exterior. El intento de aplicar normas territoriales a una realidad global es otro de los desafíos que plantea la Web.

"Para garantizar la multiplicidad de voces hacen falta medidas legislativas que eviten las restricciones indebidas sobre el libre flujo de información", dice Eleonora Rabinovich, directora de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Para Julio Raffo, abogado especializado en derecho del cine y legislador porteño de Proyecto Sur, "Internet debe tener un trato análogo al del espacio público por el que transitamos cotidianamante y en el cual podemos acceder libremente a obras autorales como las esculturas, los murales y la arquitectura en general".

Santiago Gini tiene 27 años. Abogado y profesor universitario, es vocal de derecho de la alta tecnología en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. "Internet es de todos los que están conectados", sostiene. Escobar, el creador de Cuevana, tiene 22 años (y su abogado, especializado en emprendedores, anda por los 35). Hernán y Matías Botbol y Alberto Nakayama, los dueños de la red social Taringa!, que están procesados por violar la propiedad intelectual, apenas superan los 30. El componente generacional parece determinante. Y también hay algo de moral de época, porque los sitios que se intenta bloquear se financian con anuncios publicitarios que persiguen el acceso a esas audiencias. La gran paradoja: en Cuevana aparece el aviso de Netflix, su principal competidor "legal".

Escobar, Nakayama y los hermanos Botbol, así como los millones de usuarios de los contenidos que ellos ponen al alcance de la mano de Internet, no tienen el mismo concepto de propiedad que los directivos de las sociedades colectivas gestoras de derechos y los dueños de contenidos.

Pero la cuestión de la propiedad de Internet trasciende lo meramente jurídico y se encarna en los nuevos hábitos de consumo cultural de las personas. Los ciudadanos digitales creemos que las películas, los libros y la música tienen que estar disponibles instantáneamente: cuando uno quiera, en donde uno quiera y, preferentemente, en el dispositivo del que uno disponga. Y, por supuesto, todo eso de manera gratuita -o casi-. Aunque son completamente gratuitos, Cuevana.tv y Taringa.net reciben miles de críticas y reclamos de sus usuarios.

Hasta ahora, aquella demanda caprichosa y exigente no fue atendida por los dueños de los contenidos (básicamente estudios de cine y productoras de televisión) con nuevos productos o servicios que se ajusten a esas carectarísticas de época. Tal vez por eso, los propios usuarios se dieron a sí mismos esa respuesta. Las películas, los libros, la música y los programas que pueden bajarse de Internet son subidos por miles de usuarios de la Red. Cuevana y Taringa sólo los linkean , agrupan y ordenan. Y, además, son sólo dos casos entre cientos de páginas similares.

Pero entonces, ¿quién es el dueño de Internet?

¿Son los gobiernos? No, pero alguien podría decir que la Red pertenece al gobierno norteamericano porque el sistema de nombres de dominios administrado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Icann, en inglés) es una concesión estadounidense. "No sé si es técnicamente viable, pero ¿qué pasaría si Estados Unidos levanta la conexión de los dominios de direcciones web de un país con el que está en guerra?", advirtió Gini.

¿Son los proveedores de acceso y de almacenamiento de datos los dueños de la Red? No, pero son imprescindibles para poder conectarse y tienen fácticamente el poder para bloquear o ralentizar el tráfico hacia o desde determinados sitios. Los proveedores de acceso prefieren una neutralidad acotada, que no les impida hacer una "administración de las redes, necesaria para evitar congestiones y permitir garantizar la calidad del servicio", como dijeron en Telecom Argentina. Para Cablevisión-Fibertel, "la Red es privada y responde a las reglas de la economía". En Telefónica no respondieron.

Para Ariel Graizer, presidente de la Cámara de Internet (Cabase), "no hay un sólo dueño de Internet, que en realidad es una interconexión de redes. Cada red tiene un dueño y esos dueños juntos son los dueños de la Web. Pero nadie debe tener la posibilidad de apagar o filtrar Internet total o parcialmente", opinó.

¿Son los buscadores, indexadores o agregadores los dueños de Internet? No, pero son fundamentales para aprovechar las capacidades de la web al ordenar un tsunami de información y facilitar su navegación. Hasta ahora, fueron el blanco de casi todas las medidas judiciales.

"Internet nació durante la Guerra Fría pensada para sobrevivir a un ataque nuclear. Esta suerte de Leviatán tecnológico sentó las bases de una potente y permanente plataforma de conversación e intercambio de información que tiene vida propia, y se erige por encima de los Estados. No hay posibilidad de que empresas y gobiernos puedan controlar más que una pequeña porción de la Red. El resto, la mayor parte del espacio en el que cientos de miles de usuarios conversan, comparten y coproducen, seguirá siendo de la gente. En definitiva, ¿de quién es el derecho de conversar, sino de las mismas personas?", resumió Juan María Segura, especialista en management y nuevas tecnologías de la Universidad de San Andrés (Udesa). ¿Será entonces que Internet es de los usuarios?