Reconstruir la fe en el sistema
Es fácil notar que los argentinos han perdido la confianza en las instituciones públicas y en la capacidad del sistema para brindar respuestas a sus problemas. A partir del 10 de diciembre debemos empezar a reconstruir la fe en el sistema. Tenemos la oportunidad de hacerlo y no debemos desaprovecharla. Este proceso de largo plazo se lleva a cabo mediante la paulatina recuperación de la institucionalidad.
Debemos volver a generar respeto a las leyes, aumentando los costos de la corrupción y garantizando que los delincuentes reciban una sanción. Una de las claves en este proceso es realizar un esfuerzo consciente para fortalecer a la Justicia y garantizar su independencia.
Las reformas como la supuesta "democratización" de la Justicia, la sanción precipitada del Código Procesal Penal y el Civil, y la reciente ley de subrogancias parecen, a pesar de su justificación retórica, obedecer más a la necesidad de protección de los funcionarios del gobierno saliente que a la necesidad de la población, cada vez más aquejada por los problemas de la inseguridad y el narcotráfico.
Es importante recordar, a la luz de algunas de estas reformas dudosas promovidas por el oficialismo en los últimos años, que el Poder Judicial no existe para servir a los intereses de los gobernantes. La Justicia tiene que estar al servicio del pueblo. La ley existe para garantizar la vida en paz para toda la población, independientemente de la orientación política de cada uno.
El Gobierno ha generado varias de estas reformas a través de un escenario de anormalidad, mediante leyes que consagran la impunidad y generan incentivos perversos. Lo único que han logrado es el debilitamiento y la politización del Poder Judicial, que existe para frenar los excesos de los poderes políticos y fortalecer la vida en sociedad.
La normalidad debe comenzar a reconstruirse a partir del nuevo gobierno, aunque este proceso implique la utilización de algunas medidas drásticas. No puede permitirse continuismo ni situaciones anormales como las que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos tiempos. Se deben modificar urgentemente algunas de las leyes de los últimos años del gobierno kirchnerista, que procuraron una Justicia dependiente y una república sin controles ni contrapesos.
Una de las correcciones más importantes y urgentes en este sentido es la del Código Procesal Penal federal. Esta ley, que parece haber sido hecha para no implementarse, debe ser reformada en varios aspectos sustanciales, para convertirla efectivamente en un instrumento para la persecución penal del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos en el territorio de nuestro país.
El Poder Judicial debe ser el garante de la institucionalidad que nuestro país necesita volver a generar.
Debemos sacar los incentivos antidemocráticos promovidos por las últimas reformas y fortalecer los organismos judiciales para dar un respaldo a la sociedad contra las arbitrariedades del poder de turno.
Abogado, fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires
