Una mirada a las experiencias latinoamericanas de las últimas décadas podría llevarnos a pensar que nos encontramos ante una decisión de carácter trágico: por una parte, los gobiernos cuya agenda se ha centrado fundamentalmente en reducir la desigualdad económica e incorporar al mercado de consumo a los sectores más pobres, parecen a la vez querer decirnos que todo ello resulta inviable sin una conducción política capaz de concentrar todo el poder posible para adoptar este tipo de decisiones. Por otro lado, aquellos gobiernos cuyo discurso se centró principalmente en la necesidad de salir de modelos personalistas o autoritarios de gobierno y recuperar valores republicanos básicos -como la división de poderes, la libertad de prensa, entre otros-, parecen encontrarse enfrentados a la idea de contar con un Estado que adopte un rol proactivo para reducir las desigualdades y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su población.
Esa supuesta dicotomía, cabe agregar, deja en una posición argumentativa más cómoda a los segundos que a los primeros. Mientras que quienes promueven la combinación de un diseño institucional basado en valores republicanos con un modelo económico de corte liberal suelen esbozar razones de principios, quienes defienden la necesidad de políticas públicas que garanticen determinadas condiciones de igualdad suelen verse obligados a recurrir a argumentos de índole pragmático para justificar que ellas no sean acompañadas de una desconcentración de su propio poder (todo ello, sin entrar a analizar la distancia que pueda existir -en uno y otro caso- entre el discurso y las políticas efectivas).
Cabe preguntarse entonces si debemos rendirnos ante una u otra alternativa, o si es posible para los Estados -y sus gobiernos- implementar políticas que reduzcan la desigualdad económica y, al mismo tiempo, que mejoren la calidad de la democracia hacia modelos menos delegativos.
Diremos, antes que eso, que tiene sentido intentarlo. Es que, por un lado, la democracia pierde casi todo su valor epistémico cuando no se la puede defender combinada a la idea de que una comunidad debe prestar igual atención a las voces de cada una/o de quienes la integran. También lo pierde cuando no se reconoce que el acceso básico a determinadas prestaciones -como la alimentación, la educación, entre otras- constituye una precondición para un ejercicio democrático aceptable. Por el otro lado, toda la idea de igualdad se empobrece al extremo cuando, mientras nos preocupa revertir la desigualdad económica, estamos dispuestas/os a profundizar las desigualdades de poder, dejando a algunos con demasiado y a otras/os con demasiado poco.
Por qué no pensar entonces en que, desconcentrar la riqueza y desconcentrar el poder, pueden venir de la mano. Pensar, por ejemplo, que una política de ingreso universal se articule con otra que fomente mecanismos de democracia participativa. O que una política eficaz para garantizar el derecho a la vivienda pueda surgir de un gobierno que a la vez reduce sus atribuciones para dictar decretos de necesidad y urgencia. O que una reforma tributaria progresiva pueda combinarse con pautas para reducir la influencia del poder económico en las decisiones políticas.
Un Estado capaz de combinar políticas orientadas a revertir la desigualdad económica y garantizar el acceso a derechos sociales, con otras que favorezcan la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, fomenten la libertad de expresión y fortalezcan el rol de cada una de las instituciones de nuestra democracia constituiría -en gran medida- una novedad política para nuestra región.
