Reforma judicial, una carrera de Cristina contra el tiempo

Cristina Fernández de Kirchner tropieza con la dificultad de los gobiernos a mitad de sus mandatos. El agotamiento del tiempo propicio para gestionar reformas estructurales al funcionamiento institucional. Un déficit agravado por la situación en la que el Frente de Todos llega a las elecciones. Hay incertidumbre por el desenlace de la crisis sanitaria. De su evolución positiva depende que no se enfríe la tibia recuperación económica. Y de ella, el resultado que vaya a obtener en los comicios de octubre.

Para ser absuelta de culpa y cargo por la Justicia, el deseo que la vicepresidenta enunció a través de Martín Soria, el oficialismo debería modificar la composición de la Corte. Una posibilidad supeditada a que consiga representar a los dos tercios de ambas cámaras en el Congreso. Esa complejidad podría haber inspirado la previsión visionaria de dos recomendaciones de la denominada comisión Beraldi: crear un tribunal intermedio y modificar la mayoría que elige al Procurador General.

El Senado ya dio media sanción a un proyecto sobre este último asunto. Aunque fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de las sesiones extraordinarias, el oficialismo no impulsó su tratamiento en Diputados. El problema no radicaría en alcanzar la mayoría necesaria (129) sino en los cambios a introducir por quienes estarían dispuestos a votar por la iniciativa del Frente de Todos (116).

El bloque Unidad Federal para el Desarrollo (11), los legisladores de Córdoba (4) y los socialistas santafesinos (2), no objetarían que el Procurador tenga un mandato de cinco años. Pero exigirían que su designación y destitución dependa de una mayoría especial, la mitad más uno del Senado, y no la que propone el proyecto del kirchnerismo: la mayoría simple de los presentes. Hasta ahora, cualquiera de esas instancias hace necesario alcanzar los dos tercios del cuerpo.

Pero el cambio más sustancial exigido es la atenuación del peso del Congreso en el tribunal de enjuiciamiento, donde su representación pasaría de uno a cuatro sobre un total de siete miembros. El Ejecutivo seguiría conservando uno. En la iniciativa aprobada por el Senado, bastaría una mayoría simple (4) para dar quórum y otra igual para tomar decisiones (3).

Si accede, el oficialismo vaciaría de contenido un proyecto destinado a reducir la influencia de los magistrados en la Justicia Federal. La reforma al Código penal de 2018 privilegia el sistema acusatorio en la persecución de delitos federales y otorga un rol preponderante a los fiscales en las investigaciones. Para dar esa batalla Cristina necesita mantener las reformas a la elección del Procurador. Pero también extender al resto de las jurisdicciones la experiencia piloto con la aplicación del Código que se desarrolla en las provincias de Salta y Jujuy. Lo que hace imprescindible un acuerdo institucional con la Corte, la máxima autoridad del Poder Judicial. La urgencia del oficialismo por alcanzar esas metas según su conveniencia es otra complicación.

No tiene asegurado contar con el tiempo suficiente para hacerlo. Cristina está en la raíz del problema. Le llevó bastante persuadirse de que es más efectivo incidir en la Justicia con los fiscales que por los jueces. Es la experiencia que intenta capitalizar en la provincia de Buenos Aires, donde están sin cubrir un tercio de las vacantes en el Ministerio Público. Ver reflejado en el poder electoral su caudal de votos en el conurbano es una vieja obsesión.

Existe un atractivo. Desde 2009 rige allí el sistema acusatorio. El problema es el Procurador General. Julio Conte Grand fue designado en la gestión de María Eugenia Vidal. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata aparecen como los más recientes involucrados en lo que el sitio Letra P definió como “una batalla subterránea entre Axel Kicillof y Julio Conte Grand”: el gobernador y el jefe de todos los fiscales.

Un supuesto conflicto ligado a las investigaciones que los fiscales de nueve distritos siguen por la aparente entrega irregular de dosis de vacunas. El motivo sería menos evidente. La intención de introducir reformas profundas en la Justicia que alienta Cristina a través de Kicillof choca con la mayoría de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense: 26 sobre 46 miembros. Además de causas consistentes para enjuiciarlo, es necesario que dos tercios del Senado voten su destitución.

A eso se atribuye la resistencia del gobernador a firmar los decretos para designar a 42 funcionarios judiciales cuyos pliegos aprobó el Senado el año pasado. Y la parálisis para analizar las ternas de otros 142 que le remitió el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo espera mejorar su representación en el Senado en octubre y proponer a una oposición más débil una negociación global que incluya la salida de Conte Grand. Lo que da otro relieve a las tensiones por la estrategia electoral en la oposición. El triunfo de Maxi Abad en la interna de la UCR le aporta a la coalición la previsibilidad que no creía tener con Gustavo Posse. Un aliado indispensable de los amagos rupturistas de Emilio Monzó. Pero no resuelve el debate de fondo. A quien corresponde asumir la responsabilidad de ser el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires.

Pese a la derrota por 14 puntos contra Kicillof en 2019, Vidal es la dirigente mejor posicionada. Su indefinición preocupa casi tanto como los desaciertos de Horacio Rodríguez Larreta con la intención de sumar dirigentes que atraigan votos del peronismo no kirchnerista. El más reciente fue la reunión en Lanús del intendente Néstor Grindetti y su jefe de Gabinete, Diego Kravetz, con Fernando Burlando, interesado en candidatearse a intendente en La Matanza.

Burlando fue mencionado por víctimas de una defraudación contra puesteros del predio La Salada que creyeron participar de la compra de piedras preciosas. Una maniobra que involucró a Mary Saravia, socia de Quique Antequera en la feria Urkupiña. La defensa de Segovia fue asumida por Fabián Améndola, socio de Burlando. Gabriel Vitale tuvo a su cargo la causa, iniciada en 2017.

Améndola le pidió al juez de Garantías de Lomas de Zamora que se declare incompetente y que la causa prosiga en la Justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. El 15 de marzo del 2019 cambió el curso de esa investigación. Alrededor del mediodía el abogado Fabián Visser revocó en nombre de Segovia la representación de Améndola y desistió de la incompetencia que había solicitado. Sin embargo, Améndola la obtuvo. Vitale la había firmado, en apariencias, dos horas antes.

El juez fue denunciado en la Procuración por Sebastián Scalera. Las pericias pedidas por el titular de la Unidad de Delitos Complejos y el fiscal Sebastián Bisquert demostraron que Vitale arribó a su juzgado al mediodía de aquel 15 de marzo. El documento por el que se notificó Améndola se terminó de redactar el día 19. La Procuración denunció a Vitale ante la secretaría Permanente de Enjuiciamiento para poder indagarlo. Una tarea de la que ya se excusaron una veintena de jueces.

En julio del 2019 Vitale denunció a Scalera en la Corte por supuesto espionaje en su contra. Es lo que replica la AJUS y la CPM. El juez está ligado al inicio de dos causas emblemáticas: La Salada y la de supuesta asociación ilícita entre barras de Independiente y Pablo Moyano. La militancia propia es otro obstáculo en la carrera contra el tiempo que libra Cristina.