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Residuos electrónicos, una bomba de tiempo
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) forman parte de la fracción de la basura domiciliaria que más se ha incrementado. Esto se debe al mayor acceso de la población al consumo de un cada vez más amplio abanico de "electrónicos" y a la velocidad del descarte de este tipo de artefactos, ya sea por una vida útil cada vez más corta (obsolescencia programada) o por la constante innovación y propaganda de la industria, que nos hace percibir que el modelo de aparato del año pasado ya no satisface las necesidades del presente (obsolescencia percibida). Así, los RAEE representan hoy un grave problema para los municipios, al fin responsables de gestionar estos residuos.
Según datos de las Naciones Unidas, en 2012 se generaron, a nivel mundial, 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. En la Argentina, cada habitante generó en promedio 10,7 kg/año, algo más que el promedio mundial de 7 kg habitante/año. Pilas, teléfonos, computadoras, televisores, heladeras, lámparas, electrodomésticos, etcétera son descartados cada año sin contar con un tratamiento adecuado. Incluso los diferentes planes oficiales de promoción y aliento a la compra de todo tipo de artefactos no cuentan con un sistema de tratamiento de los aparatos reemplazados. Hoy, la mayor parte de estos artefactos en desuso terminan en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto junto con el resto de los residuos o en circuitos informales, y ponen en peligro la salud de quienes los manipulan.
Los RAEE son la parte más peligrosa de los residuos domiciliarios: metales pesados como el mercurio, plomo, cadmio, entre otros, terminan contaminando el suelo y el agua, y toneladas de minerales y materiales aprovechables y reciclables se pierden al no poder ser reintroducidos al circuito productivo.
En la Argentina, a diferencia de otros países del mundo y de la región, no existe un circuito formal a nivel nacional que permita el transporte y la correcta gestión de los RAEE. Lo que existen son programas voluntarios de municipios y empresas, insuficientes. Al no existir una normativa específica para esta corriente de residuos, terminan en una zona gris de la legislación. Por su origen son residuos domiciliarios, pero, por su tipo, son residuos peligrosos. Esta situación dificulta no sólo el descarte por parte de los consumidores, sino también el transporte y tratamiento de estos artefactos.
Entre los municipios que cuentan con programas que intentan desviar esta corriente de residuos de los rellenos sanitarios están la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y otros. Pero esto no alcanza.
Siguiendo los ejemplos de la legislación en vigor en otros países, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) aparece como el principio correcto y justo para lograr el desvío y posterior tratamiento de los RAEE. Los fabricantes e importadores deben ser los responsables de la etapa posconsumo de sus productos. De otro modo, son los gobiernos locales o los contribuyentes mismos los que cargan con esa responsabilidad. En aquellos países donde se aplica la REP, las empresas son responsables legal y financieramente de la gestión de sus propios productos una vez finalizada su vida útil. En el país ya hay varias empresas con programas voluntarios de gestión de RAEE.
En 2012 perdió estado parlamentario un proyecto de ley que buscó establecer un sistema de gestión integral para los RAEE bajo el principio de la REP. El proyecto fue frenado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En este año parlamentario, avanzar con alguno de los proyectos existentes en el Congreso es urgente para tener una gestión eficaz y responsable de estos residuos en todo el país. Así evitaremos que lo que hoy es un grave problema termine siendo una bomba de contaminación que no podamos controlar.
El autor es presidente de la agencia de Protección Ambiental de CABA
