Reurbanización de las villas. Los nuevos límites de la integración

El plan del gobierno porteño promueve la participación de los vecinos para que los asentamientos se unan al tejido urbano; cuáles son los logros y dificultades
El plan del gobierno porteño promueve la participación de los vecinos para que los asentamientos se unan al tejido urbano; cuáles son los logros y dificultades Crédito: Natacha Pisarenko/AP
Agustina López
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8 de abril de 2018  

La urbanización no es novedad en la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace años, el gobierno porteño emprendió una política de asfaltar calles, abrir pasillos, reconstruir viviendas y poner cloacas en parte de los 55 asentamienos que tiene la Capital. Así, para muchas de las más de 82.000 familias que viven allí, el paisaje mutó en un extraño anfibio donde conviven las carencias históricas con excavadoras, pavimento fresco y casas recién revocadas. De a poco, esos barrios precarios van mejorando el vínculo con la ciudad y también, gracias al ingreso del Estado, superando la dependencia exclusiva del puntero ante las necesidades del barrio.

Más allá de los beneficios para los vecinos, el PRO se anotó así una victoria significativa a nivel político. Con el ingreso del partido a los asentamientos, logró una articulación territorial significativa que incluso produjo referentes que llegaron a la Legislatura, como Maximiliano Sahonero, que nació y se crió en la Villa 20 de Lugano y hoy es legislador de Cambiemos.

Sin embargo, ¿es suficiente urbanizar para poder sumar los asentamientos al tejido urbano? Según los expertos y los mismos funcionarios que hoy se ocupan del asunto, definitivamente no. La palabra clave es integrar. Se trata de una política que demanda un trabajo más profundo, que ha de llevarse a cabo mientras se colocan los ladrillos.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la hora de integrar este tipo de barrios debe buscarse un alto nivel de participación vecinal, articulada por los agentes públicos; los programas deben ir mucho más allá de los problemas de hábitat; y ha de haber un intenso trabajo social tanto antes como después del proceso de urbanización. Además, es fundamental tener en cuenta las particularidades del lugar, su historia y su población.

En estos puntos trabaja el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) con el programa Integración Social y Urbana. "El eje está puesto en la integración social y cultural –dice Gonzalo Aguilar, director del área de cultura del IVC y doctor en Filosofía, profesor de literatura e investigador del Conicet–. No queremos ofrecer solo un nuevo parche. Esperamos que el cambio no pase sólo por la construcción de viviendas, sino que incluya leyes de urbanización consensuadas en las que el barrio participe activamente".

El IVC desarrolla un plan de "reurbanización" combinando, según se lee en el proyecto, un eje habitacional, uno de "empleabilidad, educación y factores culturales" y otro de conectividad y transporte. Está presente en siete asentamientos porteños: Barrio 20, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Lamadrid, Camino de Sirga, Carrillo y el Barrio 1-11-14. La 31 y 31 bis tienen una dirección particular, por su magnitud.

Los cambios en estos siete barrios impactarían en 16.916 familias. La integración supone una tarea compleja que exije combinar ejes sociales, urbanos, medioambientales y hasta arquitectónicos. Cada villa en la que se trabaja, además, presenta sus particularidades, demandas y resistencias.

Las mesas de participación con los vecinos comienzan más de un año antes de que empiecen las obras, como ocurrió en las villas 31, 20 y Rodrigo Bueno. Allí se sientan referentes de los vecinos, el gobierno a través del IVC y otros actores, como por ejemplo el Ministerio Público de la Defensa. Y allí se deciden las características que tendrá la urbanización. En Rodrigo Bueno, por ejemplo, los vecinos decidieron que los edificios sean bajos, que haya un espacio cultural y espacios verdes. La búsqueda de acuerdos no es sencilla y puede ponerse ríspida, como ocurre por estos días en la villa Fraga, de Chacarita.

"La primera reacción de los vecinos es de desconfianza hacia el Estado –dice Juan Maquieyra, presidente del IVC–. Hay una historia de nunca haber respondido a sus necesidades y de haber querido sacarlos de su lugar. Un paso clave es construir confianza y eso se logra con esquemas de participación real y eficaz. Real es que no se consulte a dos o tres, sino a miles de familias; y eficaz, que no sea sólo preguntarles cómo quieren que se llame una calle, sino incluirlos en el diagrama del trazado".

Sin modelos únicos

Aguilar advierte que no hay modelos únicos porque las condiciones de cada villa son muy particulares. Rodrigo Bueno está justo al lado de la Reserva Ecológica, con una gran circulación de turistas, mientras que el Barrio 20 de Lugano se asienta en una zona con un historial de violencia. En el primer caso viven 996 familias y se programó la construcción de 564 viviendas, junto con la relocalización de algunas otras. En Lugano hay 9200 familias, y se prevé la construcción de 1700 nuevas casas y el mejoramiento de otras.

"En la historia del IVC se han construido muchas viviendas, pero hubo un déficit en la construcción de espacios públicos que garantizaran una presencia activa del Estado. Por eso se está trabajando en tener un centro cultural en los barrios a urbanizar", explicó Aguilar. En esta apuesta por la cultura se inscribe el programa Arte en Barrios, cuyo objetivo de este año es "garantizar el acceso universal a la cultura con 1200 actividades en 20 barrios de la ciudad". La lista de actividades es variada: talleres de tango, de hip hop, de encuadernación o de macro joyería. La idea es que se pueda consolidar un nuevo público que luego consuma las actividades que ofrece la ciudad. También están previstas más de 500 salidas a los circuitos de arte más tradicionales: Malba, Colón, Bellas Artes, entre otros.

La creación de espacios comunes y la participación de los vecinos parecen ser las llaves para unir estos barrios al resto de la urbe. Sin embargo, Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales (UBA) y especialista en procesos de renovación urbana, pone el foco en otra cuestión que considera esencial. "Hay procesos de urbanización que se orientan al mejoramiento del barrio, pero algunos prevén acciones orientadas a la regularización del dominio de las tierras. Este es el punto más crítico del proceso de urbanización de la Villa 31, que está emplazada en uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Cuando se transfiere el dominio a los habitantes de esas tierras se corre el riesgo de que sea transada en el mercado privado y la población original se empiece a desplazar".

Lo que señala Di Virgilio es lo que muchos reclaman: títulos propios. La experta propone en cambio que el Estado sea dueño de las tierras y que transfiera el derecho de usufructo o o de uso.

Fuentes de trabajo

Otro punto que destaca Di Virgilio es la necesidad de que las familias que trabajan en sus barrios mantengan sus fuentes de trabajo y que esos negocios se puedan integrar al resto de la ciudad. Incluso aquellos que tienen piezas que alquilan. El destino de esos inquilinos también tiene que ser tomado en cuenta para evitar resistencia en la población.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA hizo el año pasado un estudio de tres villas porteñas (31, Lugano y Piletones) para conocer sus necesidades y si el programa del Gobierno estaba cubriéndolas. Concluyeron que en estos lugares la población suele ser más joven, por lo que las necesidades pasan por equipar a los barrios con escuelas, jardines, centros de salud y también con recursos culturales y deportivos. "En general los entrevistados afirman que la información que circula por parte del gobierno de la Ciudad es parcial, fragmentaria y difusa. Plantean la necesidad de ser informados de forma fehaciente y formal. Sin embargo, también muestran expectativas y valoran positivamente la realización de las obras de urbanización", dice el informe.

Juan Grabois es dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), uno de los movimientos sociales que más avances logró con el Gobierno en materia de comunicación, reclamos y caja, pero que ahora volvió a distanciarse por las demoras en la implementación de la ley de emergencia social. Advierte sobre la importancia de tener en cuenta los trabajos de los vecinos a la hora de urbanizar: "Si no hablás y no entendés cómo se da la realidad del barrio hacés macanas. Si es un barrio donde hay muchos cartoneros y hacés edificaciones que no tienen previsto esto, pronto se convierten en basurales, porque no hay donde apoyar los bolsones. Si es un lugar de costureros y no armás un polo textil, las casas se convierten en talleres".

Sin embargo, reconoce que el IVC "busca darle un carácter participativo al proceso". Lo importante, dice, es que se respeten los valores propios del lugar. "El concepto de integración urbana es que el barrio se integre pero sin colonizarlo. Hay que mantener las cosas positivas, como el sentido de comunidad, que es realmente muy fuerte".

En el país

El año pasado, en un trabajo coordinado, la CTEP, otros movimientos sociales y dependencias del Estado realizaron el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), a instancias del Ejecutivo nacional. Se identificaron cerca de 4200 asentamientos en todo el país, en los que viven alrededor de 800.000 familias. Esto representa 330 kilómetros cuadrados de asentamientos; más que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene poco más de 200. A partir de estos resultados, se entregaron certificados de vivienda que permiten solicitar la conexión de servicios públicos.

"Cuando impulsamos el relevamiento de barrios populares había un clima de mucho diálogo con el Gobierno y otorgar los certificados fue un buen paso. El problema es que hoy no hay un compromiso presupuestario para urbanizar todo. Se necesitaría el 2,6% del presupuesto nacional durante seis años al menos", dice Grabois. "No hay ningún plan nacional de integración urbana que permita ver un camino de salida. Se está poniendo plata en 300 barrios".

Según datos de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, que depende del Ministerio del Interior, hay 507 intervenciones "de hábitat" en barrios populares a nivel país que se dividen entre los que están en obra (213) y en proyecto (294). La mayor cantidad de estos proyectos están en la provincia de Buenos Aires (155), que tiene más de 1600 villas en su territorio.

"Hemos identificado a los 500 barrios más vulnerables de la Argentina y en ellos estamos trabajando", dijo en mayo de 2017 el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Estos 500 focos están contemplados en el Plan Nacional de Hábitat que se pretende cumplir en los cuatro años de gestión de Macri. Si el ritmo se sostiene, harían falta más de ocho gobiernos consecutivos para lograr la totalidad.

Mejor desarrollo

Según datos de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que depende de Interior, en el país hay 85.000 viviendas en marcha y 21.500 mejoramientos. Para 2018 se destinaron a este plan 57.000 millones de pesos.

"En la Argentina hay muchísimas viviendas sociales en construcción que vienen de programas anteriores y que no obedecen a ningún parámetro lógico urbano. Seguir construyendo guetos en las afueras que no tienen acceso a la educación, la salud y el transporte no es generar un hábitat", afirma Iván Kerr, secretario de Vivienda. "Estamos promoviendo un mejor desarrollo urbano, con mejoras en la localización de los proyectos y en los sistemas de construcción. Para construir más rápido, más barato y de manera sustentable".

Fernando Álvarez De Celis, secretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, destaca la importancia de llevar los servicios públicos a todos por igual. "Debe haber la misma infraestructura adentro como afuera del barrio. La inclusión hay que lograrla a través de las prestaciones del Estado. Algo central es el espacio público: escuelas, centros de salud, espacios verdes, plazas de calidad, transporte público que pase por el lugar. Esto debe ser una política de Estado que se sostenga en el tiempo".

En este punto coincide Gabriel Lanfranchi, director del programa de Ciudades de Cippec: "Hay que reurbanizar, ya que se supone que ya hay una urbanización informal previa. Esto implica reconocer la producción social del hábitat y su integración a la trama urbana por medio de políticas que lo entiendan como un todo".

Integrar los asentamientos del país representa un desafío enorme. Los expertos coinciden en que aquí el éxito depende de un proceso que vaya más allá de las ambiciones electorales. Los buenos resultados exigen políticas de largo plazo. El punto esencial es articular con quienes viven en las villas. Para integrar, en lugar de solo maquillar las fachadas.

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