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Salir del callejón
La incerteza parece ser un atributo de la vida moderna. Heráclito, el gran filósofo de la Grecia antigua ya enseñaba que todo cambia, pero en la actualidad los cambios son tan rápidos, profundos y apremiantes que parecen no darle tiempo al cerebro humano para darles una respuesta oportuna. Los argentinos estamos frente a una gran encrucijada que el historiador Tulio Halperin Donghi la comparó como un callejón sin salida. Un callejón que nos ha sumergido desde hace mucho tiempo en la ignorancia y en la pobreza y del que no podemos salir. Entramos al callejón de la mano del populismo corporativo cuyos antecedentes inmediatos fueron la oligarquía y el militarismo, y las mediatas, nuestra cultura tribal.
El actual gobierno peronista ha sido elegido para gobernar hasta diciembre de 2023, por lo que le restan 17 meses para cumplir su mandato. Tenemos algunas certezas. Al presidente Alberto Fernández, según la fracción mayoritaria de su partido, no se lo considera apto para el desempeño de su cargo. Por su parte, la oposición lo califica de igual manera y de cínico, y también de ser un mentiroso crónico, cuya palabra está totalmente devaluada y no es creíble. Y, a pesar del acuerdo con el FMI, sus autoridades le creen menos que nosotros. La opinión de los políticos y economistas más idóneos es que Fernández no cumplirá con las metas acordada con el FMI, y que continuará con las mismas políticas implementadas hasta ahora por su gobierno, lo que significa más inflación, más empleados públicos, más planeros, más impuestos para la clase media y el campo. En suma, más ignorancia, pobreza, corrupción, inseguridad y más violencia.
El presidente Fernández nunca fue un líder político, fue siempre un operador de Néstor y Cristina Kirchner. La función del operador, en general, es hacer componendas que no comprometan al Presidente; puede ser la venta de humo o de pescado podrido. Cuando esta función se hace en forma habitual, y esto le ocurrió al presidente Fernández, se produce una deformación en el fondo del pensamiento del operador y desaparece la moral pública. Por eso, Fernández no es creíble; lo que dice hoy, mañana puede decir lo contario.
Sin duda, engañó al electorado, como los hechos lo muestran. Cristina Kirchner sabía que si era candidata a la presidencia perdía la elección. Por eso, acordó con Alberto que él sería el presidente nominal y ella la presidente real. Este despropósito demuestra que Cristina no es una persona inteligente, que consumó en realidad un fraude electoral y creó un embrollo del cual no puede salir. Por otra parte, el cargo de vicepresidente, conforme con el art. 57 de la Constitución, le concede la atribución exclusiva de presidir el Senado sin derecho a voto, salvo el caso de empate en la votación, y el art. 88 expresa que remplaza al presidente en los supuestos expresados en el artículo. Por último, ha usurpado el poder y se ha arrogado facultades extraordinarias que el art. 29 de la CN considera como delito de traición a la patria. El papa Francisco, y es triste decirlo, jefe de un Estado extranjero, parece detestar a Macri, por ser rico y liberal, y participó activamente como peronista para consumar la unidad partidaria y por ende el fraude electoral. Además, su intervención fue importante para que Fernández fuera elegido presidente.
Nuestro país, que es una “nación” solo formalmente, tiene por delante dieciocho meses más de una conducción totalmente corrupta e ineficiente que lo conduce a su destrucción. La oposición coincide en que Fernández termine su gobierno, y para eso reclama el funcionamiento de las instituciones. Esto es imposible, porque los cimientos de la casa común, la Constitución republicana y democrática, que nunca fueron muy sólidos, se han derruido y la casa corre un peligro de derrumbe. Las instituciones, por ejemplo el Congreso, no funcionan; el juicio político es más que improbable, al ser improbable que el peronismo no kirchnerista vote a favor. El Congreso no cumple su función esencial de controlar a la Administración, y la ley del presupuesto con la delegación de facultades al jefe de Gabinete hace que esta no sea más que un borrador. En cuanto al Poder Judicial, el Congreso tampoco controla su presupuesto, y el Consejo de la Magistratura ha politizado la justicia, y por la lentitud de los juicios se viola la garantía constitucional del debido proceso legal. En los juicios contra el estado no se garantiza la igualdad de las partes en el proceso, debido a los privilegios que tiene el estado. El Poder Ejecutivo, que también es poder administrador, es totalmente ineficiente y está colmado de agentes, planeros y personas con subsidios graciosos de todo tipo que liban del panal presupuestario. Sin embargo, a pesar de que el sector público ha crecido enormemente, parece que el Estado no existiera.
La sociedad algo puede hacer para empezar a salir del callejón, por ejemplo, un posible acto de desobediencia civil, que los contribuyentes dejaran de tributarle al Estado Nacional el impuesto a los bienes personales, porque cuando los bienes ingresaron a su patrimonio ya tributaron los impuestos que correspondían, por lo que aplicarlo sobre la totalidad del patrimonio constituye una doble imposición que viola el derecho de propiedad conforme al artículo 14 de la Constitución. Los contribuyentes de los Estados provinciales, con gobiernos donde existe corrupción, como en la provincia de Buenos Aires, podrían dejar de tributar el impuesto a los ingresos brutos porque al ser continuo y acumulativo también constituye una doble imposición.
Una resolución tan extraordinaria quizá podría inclinar a los legisladores a incoar un juicio político al Presidente y a la vicepresidenta. No es seguro que la sociedad civil se movilice para un acto de desobediencia como el señalado. Los argentinos en general tenemos una cultura autoritaria y miedo a ser libres. Si esto se considerara viable, sería bueno que nos reunamos en la Plaza de Mayo, un día no laborable, para comunicarle al gobierno nuestro acto de desobediencia y pedirle al Presidente y a la vicepresidenta que cambien urgentemente de rumbo, -lo cual a esta altura es altamente improbable- para que la Argentina pueda “salir del callejón”.
